España se suma a la mayoría de países que apuestan por dejar el transporte aéreo y marítimo fuera de la ‘fiscalidad verde’ de la UE

La 'fiscalidad verde' es la parte del Pacto Verde Europeo que queda pendiente de aprobación en el seno de la UE tres años después de que la Comisión Europea pusiera un ambicioso plan sobre la mesa de los 27. La división persiste. En un momento en el que se ha empezado a dar marcha atrás en algunas de las iniciativas planteadas en el anterior mandato de Ursula von der Leyen, como la ley contra la deforestación o la reducción del uso de pesticidas, una mayoría de países, entre los que se encuentra España, apuestan por dejar el transporte aéreo y el marítimo sin gravar, como hasta ahora.

En julio de 2021 la Comisión Europea presentó el paquete 'Objetivo 55' (Fit for 55, en inglés) con el que preparaba al continente para la neutralidad climática a mediados de siglo con un objetivo intermedio de reducir las emisiones un 55% en 2030. Entre las iniciativas que planteó estaba la revisión de la directiva sobre fiscalidad de la energía con la que pretendía actualizar un marco legal que se había quedado obsoleto para los nuevos compromisos climáticos.

En términos generales, la propuesta suponía elevar los tipos mínimos de la energía más contaminante, e incluía una novedad relevante: eliminar las exenciones que tienen el transporte aéreo y marítimo. “El queroseno utilizado como combustible en el sector de la aviación y el aceite pesado utilizado en el sector marítimo dejarán de estar totalmente exentos de impuestos energéticos para los viajes dentro de la UE”, señaló entonces la Comisión Europea. El planteamiento era introducir unos tipos mínimos aplicables a esos combustibles que irían incrementándose gradualmente.

El acuerdo se resiste en el seno de la UE y la presidencia húngara, a quien corresponde pilotar los debates este semestre, ha planteado mantener la exención al transporte aéreo y al marítimo y en 2035 revisar esa decisión.

Una mayoría de países se han mostrado a favor de la propuesta al considerar que gravar esos combustibles perjudicaría a la competitividad de la UE. “Los objetivos climáticos suponen una prioridad. No obstante, las medidas necesarias para su consecución deberán valorarse en función del impacto económico y la situación de cada estado miembro. Los precios de la energía tienen un gran impacto en la competitividad europea, sobre todo en la industria”, ha dicho el ministro de Finanzas italiano en una reunión con sus homólogos europeos en la que se ha debatido el asunto.

Su homólogo griego, por ejemplo, ha defendido el mantenimiento de la exención por el perjuicio que supondría para el turismo, que supone el 20% del PIB del país. Otros ministros, como el maltés o el portugués, han esgrimido razones geográficas.

La secretaria general del Tesoro, Paula Conthe, también ha dicho que el mantenimiento de la exención con una cláusula de revisión dentro de una década es un “compromiso razonable”. “Estos cambios no debilitan el principal objetivo que es alinear los impuestos de los productos energéticos con el objetivo de descarbonizar la economía”, ha defendido.

Por el contrario, el comisario de Acción Climática, Wopke Hoekstra, se ha mostrado decepcionado con la dirección que está adoptando la iniciativa. “Si un sector hace menos, otro tiene que hacer más”, ha dicho sobre los objetivos climáticos. Entre los países que han rechazado con mayor vehemencia la suavización de la propuesta han sido Francia, Holanda y Bélgica.

“Francia apoyaba esta ambición inicial de la revisión de la directiva debido a los objetivos del clima que compartimos. No podemos más que lamentar la exclusión del sector aéreo y marítimo. Esto nos impediría conseguir los objetivos que nos hemos marcado”, ha defendido el jefe de las Finanzas de Emmanuel Macron, que se encuentra en funciones. “Lamentamos la baja ambición del último texto”, ha dicho el belga, sumándose a las quejas del holandés.