El Gobierno prohibió la propaganda política en edificios públicos: ni imágenes, ni símbolos, ni referencias
El Gobierno nacional implementó una serie de medidas destinadas a eliminar la propaganda política partidaria en edificios públicos y a establecer límites fuertes en el uso de bienes estatales con "fines personales o partidarios". Lo hizo a través de un decreto publicado este martes en el Boletín Oficial.
Se trata de un paso más que Javier Milei encara en la "batalla cultural" contra la denominada politización en las instituciones estatales. La medida se da semanas después de que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, hiciera lo propio, en lo que llamó un "proceso de reordenamiento de espacios públicos".
El decreto 1084/2024, firmado por el Presidente y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, introduce una regulación que busca garantizar la "neutralidad institucional" y evitar el "culto a la personalidad" en los espacios y recursos pertenecientes al Estado.
Prohíben la propaganda política en edificios públicos: qué dice la norma
Se prohíbe explícitamente la colocación de imágenes, símbolos o referencias que puedan interpretarse como propaganda política o como una exaltación de figuras políticas en edificios, monumentos y demás bienes estatales.
Semanas atrás, Sandra Pettovello había anunciado un "reordenamiento" en edificios públicos.
La normativa prohíbe denominar bienes estatales con nombres de personalidades políticas antes de transcurridos diez años desde su fallecimiento y considera esta práctica como una infracción grave de los principios republicanos.
"Prohíbese la exhibición, colocación o difusión de imágenes, símbolos, obras o cualquier otra referencia personal que pueda interpretarse como una forma de propaganda política partidaria o de culto a la personalidad política en edificios u obras públicas, oficinas, monumentos u otros bienes muebles o inmuebles pertenecientes al Estado Nacional", establece el artículo 1°, el decreto.
La medida también busca garantizar la "objetividad" en las denominaciones de espacios públicos.
"El fin que se pretende es dotar de mayor objetividad a las denominaciones o nomenclaturas y evitar que sufran los vaivenes propios de los cambios de gobierno, permitiendo de esa manera que el transcurso del tiempo y la objetividad que este brinda sea quien emita un juicio justo y equilibrado sobre las decisiones tomadas por los funcionarios", detalla el texto.
Entre las disposiciones más relevantes, también hace referencia a los funcionarios. "Prohíbase a los funcionarios públicos, independientemente de su rango y modo de designación o contratación, utilizar recursos o bienes del dominio público o privado del Estado Nacional con la finalidad de promocionar, celebrar, conmemorar y homenajear su propia imagen, ideología, afiliación política, partido político o cualquier atributo personal", remarca.
Además, el decreto habilita a los ciudadanos a denunciar posibles infracciones sin costo alguno, a través de la plataforma digital Trámites a Distancia (TAD). El incumplimiento de estas normativas será considerado como una "infracción grave" y podría derivar en responsabilidades administrativas, patrimoniales y penales para los implicados.