Ante el complicado escenario que se plantea para el sector pesquero gallego y español, con las negociaciones entre los ministros de Pesca de la Unión Europea para establecer los límites de Totales Admisibles de Captura (TAC) y las cuotas de pesca para 2025, el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, busca aliados entre los responsables comunitarios para hacer frente a una hoja de ruta que supondría u n duro golpe para el sector pesquero . El perjuicio, según valoró este martes el conselleiro durante la segunda jornada del Consejo Europeo de Agricultura y Pesca que se celebra desde el lunes en Bruselas, supondría un impacto aproximado de 53 millones de euros para la economía gallega . Una estimación ante la propuesta de rebaja del 20% sobre la cuota anual de pesca que se mantiene en la actualidad para el próximo año en el caladero del Gran Sol, situada en el Atlántico Norte y que abarca la costa cantábrica, el litoral irlandés, la costas occidentales de Francia y Reino Unido. Una reducción inferior a la planteada en un principio, del 28%, que consiguió acotarse tras las negociaciones bilaterales entre la Unión Europea y Reino Unido, lo que supone una mejoría para Galicia en un contexto que sigue siendo negativo para la Comunidad, como aseguró Villares. «Lo que tenemos que decirle, en este caso, al Gobierno español, es que [la propuesta] no es buena para nosotros y que no debería de apoyarla », afirmó el conselleiro, que continúa en Bruselas pendiente del resultado final de las negociaciones después que las del año pasado «no fueran nada buenas» y a la espera de contar con una mejoría para 2025. Se trata de la primera negociación de las cuotas y TAC tras el relevo en la Comisión de Pesca y Océanos de la Unión Europea, que preside en la actualidad el chipriota Costas Kadis, con unas propuestas heredadas de su antecesor en el cargo, el lituano Virginijus Sinkevicius abiertas a negociación por parte de los socios europeos. En este contexto, Villares se reunió este martes con el vicepresidente del Mar y Litoral de la Bretaña francesa, Daniel Cueff, con quien debatió la puesta en marcha de acciones conjuntas en defensa del sector pesquero. Un encuentro que resultó provechoso según informó la Xunta en un comunicado, en el que la Consellería del ramo incide en los «intereses comunes» de ambas regiones marítimas y su intención de aliarse con esta y más comunidades costeras para poder influir en las políticas comunitarias y defender un sector clave de la economía gallega. Un encuentro en el que ambos responsables compartieron su interés por defender la pesca como pilar para garantizar la seguridad alimentari a del Viejo Continente, incentivando el consumo de este producto y poniendo en valor sus beneficios nutritivos para una alimentación saludable. Asimismo, el responsable bretón y el conselleiro coincidieron en la importancia de la educación para afrontar otro de los grandes retos a los que se enfrenta el sector pesquero, además de las limitaciones a las capturas, como es la falta de relevo generacional en actividades donde ya empieza a acusarse la falta de mano de obra, especialmente la escasez de trabajadores jóvenes. «El responsable bretón trasladó su voluntad de visitar Galicia durante la próxima primavera para continuar afianzando las relaciones bilaterales y líneas de colaboración, así como conocer de cerca los proyectos que se realizan desde Cetmar (Centro Tecnológico del Mar)o el modelo de gestión que impera en las lonjas gallegas», indica el comunicado de la Xunta, que incide también en la posibilidad de establecer proyectos formativos comunes , como el intercambio de alumnos de ambas regiones. Éste es solo uno de los encuentros que prevé el conselleiro do Mar, en los que pretenden incluir más contactos para compartir el punto de vista gallego ante el nuevo mandato comunitario, una oportunidad para cambiar de rumbo tras una presidencia en el que los argumentos medioambientales han ganado peso frente a la sostenibilidad económica del sector. Entre las posibles medidas, Villares afirmó su intención de que la decisión que tome finalmente se adapte a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado mes de enero, en el que se reconoce la necesidad de atender de forma equilibrada los factores medioambientales, sociales y económicos a la hora de fijar los límites a la actividad pesquera. Este martes, el responsable autonómico del área marítima subrayó la importancia de ofrecer «certezas y estabilidad para el sector», así como la necesidad de cuantificar el impacto socioeconómico de cualquier recorte antes de su aplicación. «Éstes informes deben pesar tanto, o más, que los científicos en cumplimiento de la propia Política Pesquera Común (PPC) y en línea con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», señaló la Consellería do Mar en un comunicado. En Galicia, la pesca supone aproximadamente el 5% del PIB gallego y de ella dependen casi 50.000 empleos en la Comunidad . Una actividad clave en la que, como repiten tanto representantes como trabajadores del sector, ellos son los primeros interesados en mantener la sostenibilidad de las especies para que su estilo de vida perdure, sin dejar de lado su rentabilidad económica.
