‘Vapear salva vidas’: Ciudadanos protestan para pedir regulación y no prohibición de vapeadores
Comerciantes y consumidores de vapeadores se manifestaron en las inmediaciones de la sede de la Cámara de Senadores en contra de la prohibición de estos dispositivos de fumadores y exigen la regulación no su restricción.
Esto, luego de que el 3 de diciembre la Cámara de Diputados aprobó la prohibición constitucional de los vapeadores y cigarrillos electrónicos, así como el uso ilícito de fentanilo y otras drogas sintéticas.
Con 410 votos a favor y 24 en contra, los legisladores avalaron el dictamen que reforma los artículos 4 y 5 de la Constitución para restringir la producción y venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos.
El diputado Roberto Ramos Alor, del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), destacó la importancia de la reforma, ante el creciente problema de salud que representan los dispositivos y sustancias químicas.
Asimismo, argumentó que estudios clínicos han demostrado daños pulmonares asociados al uso de estos dispositivos, como enfermedad obstructiva crónica, bronquiolitis, fibrosis pulmonar y cáncer.
Ante la inminente aprobación de la reforma 12 del llamado plan C que envió el expresidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión, el 5 de febrero pasado, esta semana se prevé su discusión en el Pleno del Senado de la República.
Vapeadores buscan que se regule y no que se prohíban los cigarrillos electrónicos
“Prohibido prohibir” y “Vapear salva vidas”, los inconformes advirteron que la prohibición de vapeadores fortalecerá a los cárteles, por lo que piden no entregar este mercado al crimen organizado.
“Voy a vapear antes de que Morena y el oficialismo prohíba el ejercicio de nuestras libertades porque su política en materia de salud no les da para más”, mencionó antes de utilizar un vapeador.
Agregó que en vez del prohibicionismo sería preferible establecer una regulación sobre la calidad, la limitación del acceso por parte de los menores de edad y generar recaudación.
Esta reforma forma parte del paquete de 20 iniciativas enviadas en febrero por López Obrador, junto con la polémica reforma al Poder Judicial.