Junts y Podemos enfrían las expectativas del Gobierno para sacar cuanto antes los Presupuestos

Después de un año de tiras y aflojas con Junts, el Gobierno pensó que la aprobación de la reforma fiscal hace tres semanas en el Congreso, para la que consiguió aglutinar el apoyo de todos sus socios, allanaba definitivamente el camino hacia los Presupuestos Generales del Estado. De hecho, en las filas socialistas lo piensan aún hoy. Pero lo cierto es que el optimismo para impulsar esas nuevas cuentas a principios de 2025 se ha chocado esta semana con el último intento de chantaje de Carles Puigdemont.

La exigencia de los independentistas catalanes de una cuestión de confianza al presidente antes de sentarse a negociar se suma a las advertencias de Podemos. Los de Ione Belarra avisan al PSOE de que, para contar con su respaldo, es necesario cumplir antes con los compromisos pendientes, en referencia al impuesto a las energéticas.

Según ha podido confirmar elDiario.es de fuentes parlamentarias, el Ejecutivo activará ya este miércoles la mesa de negociación que exigió Podemos para abordar la prórroga de ese tipo impositivo a los beneficios de las eléctricas. Aunque de esa convocatoria se ha descolgado el PNV. “Nadie habló con el PNV el pasado 21 de noviembre sobre lo acordado entre PSOE y Podemos en el marco de la reforma fiscal y no nos seentimos obligados a tomar parte en las urgencias de Podemos de trasladar una imagen para justificar su apoyo irreversible a un paquete fiscal”, apuntan los nacioalisasta vascos.

Ese anuncio del PNV a última hora del martes enrarece aún más el ambiente entre los aliados del Gobierno. Así que nadie espera que el acuerdo, en caso de producirse, sea inmediato. Entre los grupos parlamentarios empieza a cundir el convencimiento de hecho de que el camino a los Presupuestos volverá a convertirse en un suplicio para el Ejecutivo, que ya atisba una negociación extenuante que se puede prolongar aún por varios meses.

Respecto a Puigdemont, en el PSOE siguen bastante tranquilos en relación a su última amenaza. Al convencimiento de que se encuentran ante la misma estrategia negociadora de siempre por parte del expresident catalán se han sumado en las últimas horas algunas declaraciones que descafeínan de manera notable su amenaza. Por un lado, el secretario general de Junts, Jordi Turull, descartó de manera categórica que su partido se plantee prestar sus votos al PP y a Vox para una moción de censura contra Sánchez. Y el mismo Turull introduce un matiz relevante al órdago de su jefe: para negociar los Presupuestos, dijo, el Gobierno debe encontrar antes “la fórmula” de dar cumplimiento a las inversiones pendientes. Fórmula que pasaría, según el dirigente independentista, por una compensación de la deuda de Catalunya con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

En Podemos, por su parte, aprietan al Ministerio de Hacienda para que restablezca el impuesto sobre las energéticas que pactaron con el PSOE abordar en la mesa de negociación que se constituye este miércoles. “Si ahora el Gobierno no cumple, que no nos busque para aprobar Presupuestos o para levantar el veto de la reforma fiscal cuando llegue del Senado”, avisó el diputado Javier Sánchez Serna tras la Junta de Portavoces.

“Está pesando más la negativa de determinados socios del Gobierno a que no haya ningún tipo de impuesto a las energéticas a restablecer ese impuesto, se han dejado pasar dos semanas, un tiempo precioso para poder negociar y ahora se apunta desde el Gobierno con escepticismo a la posibilidad de restablecer ese impuesto”, añadió Serna, que señaló también que, en su opinión, la Mesa de Partidos convocada para este miércoles “no solo tendría que haber llegado mucho antes, sino que parece que llega con muy poco margen a los grupos para negociar sobre ese impuesto a las energéticas”.

Dos impuestos energéticos en disputa

La subida de tono de Puigdemont y de Podemos se concreta esta misma semana en una pugna parlamentaria por dos impuestos muy relacionados entre sí ya que gravan a las mismas empresas: las energéticas. El primero es el impuesto a los beneficios extraordinarios que María Jesús Montero intentará pactar este miércoles con todos sus socios en el Congreso. Una foto que fue una exigencia de Podemos a cambio de apoyar el paquete fiscal aprobado hace unas semanas en la Cámara Baja y que ahora se está tramitando en el Senado.

Pero este lunes, de forma inesperada, entró otro tributo en liza. Junts pactó con el PP una enmienda conjunta para suspender un impuesto a la generación eléctrica aprobado en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy para sufragar un déficit superior a los 30.000 millones que arrastraba el sistema. La propuesta de las derechas española y catalana pasa por bajar del 7% al 0% dicho tributo cuando no exista ese déficit de tarifa que, a principios de 2024, estaba cifrado en 7.866 millones.

La enmienda se aprobó con el voto favorable de los proponentes, más Vox, ERC y PNV. El Gobierno intentó usar su capacidad de veto en enmiendas que suponen minoración de ingresos, pero la ausencia del diputado del PSOE Juan Antonio Lorenzo lo impidió. Fuentes socialistas consultadas por este periódico no esconden el profundo malestar del grupo parlamentario con Lorenzo, al que se le exigieron explicaciones por no asistir a la Comisión de la que forma parte además como miembro de la Mesa. Según esas mismas fuentes, el diputado alegó no haber sido consciente de la convocatoria de la Comisión y no poder asistir por encontrarse de puente fuera de Madrid.

Por si le faltaran pocos frentes abiertos, ese error del diputado socialista ha provocado un quebradero de cabeza más para el Gobierno, que busca a marchas forzadas una solución para revertir una reforma legal que, si llega a Pleno en el Congreso, difícilmente podrá parar y que supone una reducción de la recaudación de unos 1.100 millones de euros anuales. Desde Sumar le han exigido al PSOE que encuentre cómo “mantener el impuesto”. 

El primer paso ya se ha dado. Este martes, la mesa de la Comisión de Transición Energética que tramita la reforma ha desconvocado la sesión prevista para el jueves para, en teoría, aprobar la ponencia y mandarla al Pleno del Congreso. Esa reunión ya no se producirá, lo que da un nuevo margen al PSOE para encontrar cómo desmontar el pacto Junts-PP.

Una opción pasa, según fuentes parlamentarias, por emitir un “voto particular” en la propia comisión para retirar de la ponencia dicha enmienda. El problema para los socialistas es que necesitan, sí o sí, que al menos ERC y PNV se retracten de lo votado el lunes. Al estar fuera de la ponencia, el Gobierno recuperaría la posibilidad de vetar la enmienda.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica indican que las enmiendas aprobadas son “ajenas a la transposición europea” de dos directivas de la UE que actualiza el régimen de derechos de emisión de CO2, “una herramienta decisiva para la descarbonización de la economía española”, y que esa transposición “es urgente”, dado que el plazo para incorporarlas al ordenamiento jurídico español ha sido “de apenas siete meses”, y la norma tiene novedades que se aplican desde el próximo 1 de enero, como la aplicación del Mecanismo de Ajuste en Frontera (el arancel comunitario de CO2) o la extensión del régimen de comercio de emisiones de CO2 al transporte por carretera y la edificación.

En el PSOE no dan por supuesto que puedan convencer a sus aliados para deshacer el entuerto máxime cuando ERC y PNV están envueltos en sus propios procesos congresuales. Y se abre otra posibilidad. Distintas fuentes parlamentarias apuntan a que la proposición de ley en la que se ha incluido la enmienda se guarde en un cajón para nunca concluir su tramitación y que el Gobierno recurra al real decreto-ley para llevar al Congreso el texto de la norma europea que debe entrar en vigor lo antes posible.