Ingresa en prisión el coronel de la Guardia Civil descubierto hace diez años como el "Padre" al que aludían unos narcos

El coronel de la Guardia Civil retirado Francisco García Santaella ingresó el pasado 3 de diciembre en el módulo de seguridad de la cárcel de Estremera, en Madrid, para cumplir una condena de siete años y dos meses por tráfico de drogas y cohecho. Fin de trayecto para una causa que arrancó en 2014, cuando un guardia civil de Antidroga, entre horas y horas de pinchazos telefónicos, reparó en la alusión que unos narcotraficantes hacían a un tal “Padre”. En abril de 2015, elDiario.es desveló que un juez de Granada investigaba en secreto al coronel Santaella. Horas después, Santaella era destituido del puesto que ocupaba en la Dirección General de la Guardia Civil.

La suerte del coronel estaba definitivamente echada desde que el pasado septiembre el Tribunal Supremo rechazara el último recurso del coronel contra su condena por la Audiencia de Granada. El ingreso en la cárcel de Santaella es el paradigma de las dificultades para que un uniformado, más aún si detenta alto rango y está condecorado, pague por los delitos cometidos, de sobra acreditados en su caso.

Las sospechas de corrupción se cernían en la propia Guardia Civil sobre Santaella desde los años 90, pero para que su historia haya acabado en prisión se ha dado por el camino una absolución en primera instancia que produjo “cierto sonrojo”, según la calificó el Tribunal Supremo. También un ejemplo de corporativismo y posible encubrimiento de otros mandos y amigos que derivó en un enfrentamiento encarnizado en el seno del instituto armado. Pese a su cese en 2015, Santaella gozó de residencia oficial hasta su procesamiento, dos años después. La publicación de su imputación, cuando aún la causa estaba secreta, abortó su ascenso a general. Tres meses antes de su imputación había vuelto a ser condecorado.

El principio del fin de Santaella comenzó a escribirse el 12 de noviembre de 2014. Ese día, agentes del Equipo contra la Delincuencia Organizada y Drogas (EDOA) de la Comandancia de la Guardia Civil en Granada escuchaban la conversación que mantuvieron por teléfono dos presuntos traficantes a los que investigaban con autorización judicial. Se quejaban de que los “intermediarios” no valoraban el riesgo de la operación de introducción de hachís por la costa que planeaban y de que “los chicos” solo pensaban en “la ganancia”. En un momento dado, comentaron: “El Padre nunca nos ha pedido por adelantado”.

El comentario hizo saltar un resorte en la mente de los investigadores. Tres días después, los dos narcos fueron detenidos y revelaron la verdadera identidad de “Padre”. Se trata del comandante García Santaella, quien fuera jefe de la Policía Judicial e Información en esa Comandancia casi una década antes.

La sentencia del caso estableció que el coronel colaboraba con la introducción de hachís por la costa de Granada y que entre 2005 y 2006 recibió 360.000 euros por ello.

Pese a las abrumadoras pruebas contra García Santaella, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial le absolvió. Los tres jueces de Granada alegaban que el delito había prescrito. Según ellos, no se podía aplicar el tipo “superagravado” que ampliaría el plazo de prescripción a diez años entre la comisión del mismo y la apertura de una investigación judicial. ¿Por qué? La jurisprudencia del Supremo establece en más de 2.000 kilos la cantidad aprehendida para aplicar este tipo, pero el tribunal de Granada consideró que las cuatro toneladas encontradas en una “guardería” –costo 'apaleao', de mala calidad– no se podía contabilizar como tráfico de drogas porque estaban destinadas a su incautación por la Guardia Civil.

La Fiscalía y la acusación popular, que ha ejercido la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), recurrieron y el caso llegó a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. La ponencia recayó en Andrés Martínez Arrieta, el juez que sentó en el banquillo hace 40 años a los policías que mataron a Santiago Corella, 'El Nani'. “Causa cierto sonrojo declarar probado que la tercera entrega de la droga, la de los 4.000 kilogramos, era un 'regalo' al Estado, del que nunca podría obtener ningún beneficio, tratándose de una conducta enmarcada en una operación de narcotráfico”, resolvió Martínez Arrieta en el caso del coronel Santaella. Con el fallo del Supremo, los jueces de Granada volvieron a redactar la sentencia y, esta vez sí, condenaron al coronel. Su recurso al Supremo se volvió a encontrar en septiembre pasado con el rechazo del Alto Tribunal.

El objetivo 'Angola' y las resistencias internas

La investigación al coronel Santaella fue obra del EDOA de la Comandania de la Guardia Civil en Granada y del Servicio de Asuntos Internos (SAI) del instituto armado. Pero estos últimos no siempre tuvieron la colaboración de sus jefes. La investigación a Santaella puso de manifiesto el encubrimiento del que se había beneficiado. Un antiguo jefe del SAI, el coronel Francisco Ortiz Clavero, fue llamado a declarar como investigado por no haber elevado dos informes que ya en 2006 y 2008 advertían de los indicios contra Santaella. Ortiz Clavero culpó de que no prosperara una investigación contra Santaella al teniente general Solís, su superior entonces, quien nunca fue imputado.

elDiario.es tuvo acceso a una nota informativa del Servicio de Información de la Guardia Civil con fecha de 20 de diciembre de 1990. Su destino, la Dirección General de la Guardia Civil. Bajo la clasificación de “confidencial” relataba “posibles actividades irregulares de un capitán”. En ese documento se enumeraban las adquisiciones de García Santaella, al que los investigadores se referían con el alias de 'Angola', desde que en septiembre de 1988 fuera destinado a Tráfico en la Comandancia de Málaga: una moto de gran cilindrada, un turismo, otro vehículo de alta gama (un Mercedes que aseguraba había traído de Alemania), un terreno cerca de la carretera con Córdoba, inversión en una empresa de construcciones y una entrega de tres millones de pesetas como anticipo para dos pisos de una cooperativa.

Conclusión de aquella investigación, bautizada como 'Operación Al Capone': “No es descartable que las actividades del referido capitán tengan por finalidad real el servirle de cobertura para el caso de aparecer involucrado en un servicio de drogas, obteniendo mientras un servicio económico”. El informe es la prolongación de una nota del 22 de enero de 1991 en el que se revelan otras sospechas contra Santaella: “Apropiación del dinero recuperado de un atraco y sustracción de dinero utilizando la tarjeta de cajero automático de un detenido”. Han tenido que pasar 35 años desde aquella primera investigación para que el coronel García Santaella haya ingresado en prisión.