7.291 muertes que no deben prescribir

Hace 5 años, el 2020, España iniciaba la andadura de su primer gobierno de coalición progresista en décadas, hostigado desde el primer día por una brutal oposición de la derecha y teniendo que afrontar una pandemia mundial que causó millones de muertos y paralizó la actividad como nunca antes había ocurrido. Isabel Díaz Ayuso gobernaba Madrid con el peor resultado del PP en la historia de la comunidad: 719.852 votos convertidos en mayoría suficiente con los logrados por Ciudadanos en cantidad casi similar. La pandemia fue su gran trampolín gracias a sus políticas del viva las terrazas y sálvese el que pueda, al punto que -tras devastar a Ciudadanos- repitió elecciones en el 2021 y logró mayoría absoluta. El despliegue mediático a su favor y su táctica de confrontar directamente con el gobierno de Pedro Sánchez lograron tan asombroso y meteórico resultado.

El conjunto de los ciudadanos tuvimos la suerte de contar en la Moncloa con ese gobierno de coalición progresista que frenó la expansión de la pandemia, pese a la precariedad de medios ante un virus de tales dimensiones, las críticas y las zancadillas constantes. Entretanto, Madrid registraba el mayor aumento de la mortalidad en Europa con datos oficiales probados. Y hubo un colectivo especialmente castigado: los ancianos de las residencias: 7.291 murieron sin asistencia médica y sin ser desviados a hospitales, salvo que tuvieran seguro privado. Se ha calculado que 4.000 de ellos al menos pudieron sobrevivir. Algunas familias llevan una lucha titánica desde entonces exigiendo responsabilidades. En el duro periplo se enfrentan a la prescripción que se cumpliría en marzo y abril, a los 5 años.

Acabo de ver el documental 7.291 que se exhibe a cuentagotas al no provenir de una superproducción. Es fruto del empeño personal de su director, Juanjo Castro, que ha hecho un magnífico trabajo, claro y muy bien estructurado con todos los extremos necesarios para entender lo que ocurrió. Faltan la presidenta Ayuso y el vicepresidente Escudero, que rechazaron su participación, pero sí están otros miembros de su entonces equipo de gobierno. Y sin duda el consejero de Ciudadanos, Alberto Reyero, que se opuso por escrito a los “protocolos de la vergüenza” y terminó dimitiendo del cargo.

Durante la proyección, lloramos con las familias y nos indignamos con la soberbia, mentiras e inhumanidad desplegadas por Ayuso en algunas de sus intervenciones a lo largo del tiempo. Entendimos la impotencia de las cuidadoras ante lo que ocurría. Un protocolo -que solo se estableció en Madrid- privó a los ancianos de las residencias a cargo de la Comunidad -esa era la competencia con rotundidad- de asistencia médica, de visitas de sus familiares. Gran parte de los 7.291 murieron solos y desasistidos. Y personal médico y de enfermería había, por el cierre de las urgencias, y camas libres también. La voluntad era otra.

Todo esto y más lo hemos sabido por la Comisión Ciudadana de la Verdad, presidida por el magistrado José Antonio Martín Pallín, que estudió durante meses los hechos, pero es diferente oírlo de la propia voz de unas hijas desgarradas por la impotencia. No es que Castro se recree precisamente, es un documental riguroso en datos. Los hechos son los devastadores. Lo que ocurrió paso a paso. Los protocolos, las mentiras, la desfachatez. Sentir a las familias, a los pobres ancianos enfermos, la escala de valores. El papel de Ayuso y sus colaboradores.

Y a falta de la presidenta y el vicepresidente está, entre otros, Carlos Mur, el firmante del protocolo, con una frialdad gélida que hiela los huesos al oírle; expulsado por Ayuso tiempo después y que sin embargo no se sale del guion. El protocolo que sí existió, que se aplicó y que, Ayuso en su línea atribuye a “un borrador filtrado”, un clásico del PP. Merece la pena ver al menos el tráiler.

Y después intentar que se emita en prime time en TVE, porque saber lo que ocurrió en las residencias es un servicio público que se está negando a los ciudadanos.

El periplo judicial de las familias es prolijo y tenaz y apenas se sabe de él, sin embargo. Resumiendo al extremo, 300 familias se querellaron en 2020 ya. Contra Ayuso, Escudero y directores de residencias. La justicia determinó, desde el primer momento, que no se podía probar la relación directa de las muertes con la gestión de la presidenta y el vicepresidente del gobierno que habían estipulado ese protocolo. Muchas de esas denuncias están aún en proceso judicial en diferentes fases. Nunca más se ha podido incluir a Ayuso y Escudero. Nunca se les ha investigado siquiera. La justicia tiende a creer que lo ocurrido en las residencias fue como un tsunami inevitable, aunque los resultados no fueron en todas las comunidades autónomas igual, ni mucho menos. Merece la pena detenernos también en eso:

Con datos oficiales de 14 comunidades autónomas, se constató que de 3.949 residencias en 2.473 no se registró ni un solo fallecido con covid o síntomas compatibles, lo que equivale al 62,6% del total. Lo publicaba el periodista Manuel Rico en 2022 en Infolibre. Las órdenes de no trasladar pacientes a hospitales fueron determinantes para convertir las residencias de Madrid en trampas mortales: de ahí la cifra récord de 7.291 personas muertas. Tanto con covid como con otras patologías. En Cataluña y las dos Castillas también se registraron cifras altas, aunque no tanto.

El delito de homicidio que se pidió en las primeras denuncias - y que quedó reducido a investigar a directores de residencias- no prescribe, pero sigue teniendo poco futuro judicial, por lo expuesto ya: la justicia viene a considerar esas muertes como accidentales. De ahí que, tras otros intentos fallidos también, familiares de residentes a título particular o agrupados en Marea de Residencias y otras asociaciones han intentado abrir en octubre de este año otra nueva vía judicial. Han presentado la primera denuncia colectiva ante la Fiscalía: 109 familiares (que representan a 115 víctimas porque algunas tenían a padre y madre en la residencia) por un delito de denegación discriminatoria de la prestación sanitaria. Está recogido como tal en el art. 511 del Código Penal y en este caso no hay que demostrar ninguna relación de causalidad. Este delito sí prescribe a los 5 años, en marzo o abril, pues. Es esencial que la Fiscalía no lo deje prescribir.

No deja de ser curioso que precisamente esta institución no haya impulsado la investigación de un tema tan grave cuando está sufriendo un exhaustivo procesamiento de sus datos, copiado de sus teléfonos móviles y ordenadores, por un tema infinitamente menor: determinar quién envió los emails con la propuesta de pacto por el fraude fiscal que se le imputa al novio de Ayuso.

Aquel dudoso fenómeno que despuntó en 2020, con toda esta carga, es decir Isabel Díaz Ayuso, se ha convertido en la figura más relevante y polémica hoy del PP y su pareja, en el ser que con más mimo atiende la justicia, si la exceptuamos a ella. En este tiempo han crecido los negocios tripartitos con Quirón Salud (empresa sanitaria, Comunidad de Madrid, negocios del novio), los áticos, los coches, las desgravaciones bochornosas y... la tensión política en España a niveles insoportables. No parece casual.

El acoso real que sufre el gobierno de España -que ya descabalgó también la coalición con Podemos- por todas las bandas - políticas, judiciales, mediáticas. Se diría tiene un cierto paralelismo con lo que emprende el ayusato vigente -en Madrid, de momento-. Al acoso a periodistas del jefe de gabinete de Ayuso, se acaba de unir la querella del novio contra dos periodistas de la talla de Xabier Fortes y Enric Juliana por haber llamado “autor confeso de delitos fiscales” al autor confeso de delitos fiscales Alberto González Amador, novio de Ayuso. ¿Qué pasa realmente y adónde quieren llegar por este camino? Es muy preocupante.

Lo que repiten los familiares de los ancianos muertos en las residencias de Madrid es que “se garantice que esto no va a ocurrir nunca más”. Avalar el ejercicio infame de la política, la impunidad ante sus graves resultados, es abrir la puerta a que se repitan tantas veces como les apetezca priorizar lo que les interesa.

El documental tiene una constatación añadida, la que notamos y  también expresó el Secretario general de Lares Juan José García Ferrer: hay una crisis de valores instalada en la sociedad, donde los ancianos no importan. Ese edadismo instalado que se practica en donde la vida humana es otro producto de mercado. Estamos ya en un mundo donde gente como Ayuso, su novio, sus valedores varios, y miles de homólogos en todo el mundo, quieren dictar quién vive y cómo, convertidos en patrón oro. Y no es oro: es de hojalata, de cochambre, y hueco.