Vitoria alega ahora que hacer 108 misas al año no era una "condición" para salvar un céntrico edificio frente a dos demandas

Con referencias al papa Francisco y a jurisprudencia de la dictadura, la letrada mayor del Ayuntamiento de Vitoria, María Luisa Rodríguez Garay, ha redactado una respuesta de 20 páginas para tratar de salvar para la institución la propiedad del bloque de viviendas Florida, 28. La ciudad accedió a la propiedad del edificio tras el fallecimiento en 1978 de su dueña, Eulalia Virginia Sáenz de Ormijana Martínez, una devota sin hijos conocida como Doña Virginia y que donó al ya extinto hospicio todos los pisos de la casa para que los destinase a fines sociales a cambio de que se realizasen 108 misas cada año y a perpetuidad. Ahora, el último inquilino municipal y los descendientes de la finada han demandado al Ayuntamiento por partida doble. Los segundos, una sobrina y una docena de sobrinos-nietos, quieren recuperar la propiedad -al menos el 75% que sigue en manos municipales- al entender que nunca se respetó la voluntad de su pariente, incluida la celebración de las eucaristías.

El Ayuntamiento, que tiene planes urbanísticos para ese bloque en pleno centro de Vitoria, enumera una batería de alegaciones para defenderse. Sin embargo, plantea dos causas previas para que el asunto se inadmita sin siquiera entrar al fondo. Primero, sostiene que el caso está totalmente prescrito. Entiende que, como mucho, se podía haber recurrido esta herencia hasta 2020, pero que ahora es imposible. Y, segundo, como la demanda de la familia la firma un único sobrino-nieto, le acusa de no tener legitimación para reclamar esos bienes teniendo en cuenta que sigue viva la sobrina directa, ya nonagenaria y a la que han encontrado por el padrón. Cuestiona también que salga ahora a relucir el asunto porque ha trascendido a la opinión pública como consecuencia de la labor del último inquilino, sobre el que pesa la amenaza de desahucio y que heredó un alquiler firmado por sus padres con Doña Virginia al que no desea renunciar. Llegan a deslizar que un pariente directo de uno de los demandantes tuvo importantes responsabilidades municipales y que era conocedor del asunto ya en 1995, por ejemplo.

Los servicios jurídicos municipales, no obstante, interpretan que la celebración de 108 misas anuales -30 seguidas en el aniversario de su muerte en septiembre, otras tantas en marzo por el aniversario del fallecimiento de su marido y dos mensuales para cada uno de ellos- no era una “condición” para aceptar la herencia, sino simplemente un deseo de Doña Virginia. “No cabe interpretar que la herencia quedara sometida a una obligación puesta en condición, sino que se trata de una diposición accesoria que de ninguna manera altera la voluntad de la testadora de que sus bienes fueran entregados al hospicio”, escribe la letrada mayor, que apunta un ramillete de casos en que así se ha interpretado.

La familia y el último inquilino municipal, sin embargo, sostienen que la celebración de las misas era un 'sine qua non', al igual que el destino asistencial de las viviendas. Esto no ha ocurrido nunca y, de hecho, una estimación habla de 179 años totales de desuso de los pisos. Agregan que la documentación antigua que ha ido apareciendo muestra que había una voluntad manifiesta de burlar desde el inicio las pautas dejadas en su testamento por Doña Virginia, hasta el punto de que se abonó una bula para evitar las misas. Se arguye que el dinero salió de malvender el mejor piso del bloque, el de la propia dueña, al abogado del hospicio, Isaac Garay-Gordóvil, a pesar de las quejas de algunos otros integrantes de aquella institución. Eso sí, no se menciona que en esa época la entidad tenía circulante más que suficiente como para no hacer esa compraventa.

Sin embargo, para el Ayuntamiento todas estas gestiones eran lo contrario, una muestra de la buena voluntad por dar cumplimiento a las peticiones del testamento. Se apunta a que la bula ascendió a 2 millones de pesetas. Incluso se señala cierta 'jurisprudencia' canónica sobre la capacidad de la Iglesia de “reducir cargas”, como un escrito del actual pontífice, Francisco. Eso sí, los letrados de los demandantes tienen claro el derecho ordinario nunca pueda estar condicionado por una supuesta justicia eclesiástica. Se da la circunstancia de que no se usa ya como argumento que, aparentemente, durante unos años sí hubo misas, aunque la Iglesia no terminó de corroborarlo públicamente en ningún momento. De ser ciertos aquellos datos, se realizaron unas 600. El contador debería estar ya próximo a las 5.000 teniendo en cuenta el tiempo trascurrido.

La ciudad, en todo caso, recalca que jamás ha habido “una maquinación insidiosa” para apropiarse de un edificio y “burlar dolosamente” el testamento de la legadora. Por eso, recalca que “no puede apreciarse causa de nulidad alguna”. La familia quiere anular la cesión del inmueble y recuperarlo, al menos en el 75% que sigue controlando la institución. Además, reclama una indemnización por el otro 25% perdido. Entretanto, el Ayuntamiento ha presentado este martes sus presupuestos para 2025. En ellos, figura en el capítulo de ingresos previstos la venta de Florida, 28. La ciudad aspira a ingresar 700.000 euros por la operación. Esta operación aparece un año tras otro en las cuentas y nunca acaba de cristalizar. No obstante, la cantidad en la que se tasa ese bloque es variable. Ha llegado a los 800.000 y en 2024, por ejemplo, ha sido de 600.000 euros.