Agenda internacional 2025
En nuestro artículo de la semana pasada no referimos a la ardua y difícil tarea de ejercer las funciones de ministro del Poder Popular para la Relaciones Exteriores; sobre todo cuando no se es originalmente de la Casa, ni se acreditan las experticias necesarias, para que no pase lo ocurrido en la reunión de los BRICS en Rusia, lo cual que nunca debió suceder. Para eso hay unos funcionarios responsables de asuntos políticos o en último caso de protocolo; pero a Venezuela en la persona de su jefe del Estado o Gobierno, no se expone a tan lamentable y bochornoso hecho, en la persona del presidente de la República como responsable de las relaciones internacionales, como lo establece el artículo 152 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Si la política exterior es complicada, la agenda internacional es mucho más difícil por los retos y desafíos que presenta. La agenda internacional entre los múltiples temas que inscribe para el próximo año, singularmente como ningún otro Estado, registra dos casos altamente complejos en las dos más altas cortes internacionales: uno en la CPI y otro en la Corte Internacional de Justicia por el Esequibo, debido a la demanda presentada por la ex colonia inglesa de la República Cooperativa de Guyana.
El Esequibo no son solo los 952.000 km2, sino que es una cuestión de soberanía, seguridad nacional e integridad territorial. Guyana ha violado el Acuerdo de Ginebra (1966), así como el reciente Pacto de Argyle (2023), y no lo ha hecho veladamente, sino en forma pública, notoria y comunicacional, con la firma de acuerdos de cooperación militar con Estados Unidos, los cuales no son un simple apoyo técnico para fortalecer las debilidades en el área militar; sino dirigidos a potenciar militarmente a Guyana frente a Venezuela.
La estrategia de Guyana se fundamenta en la frase célebre del general romano Publio Flavio Vegecio “Si quieres la paz, prepárate para la guerra”, quien la escribió en su obra Epitoma rei militaris, a finales del siglo IV d.C. La frase original en latín es “Si vis pacem, para bellum”. Un ejemplo de ello, es el efecto deterrence con las armas atómicas, por su poder disuasivo para prevenir una guerra, al tener o mostrar un mayor poder bélico para usarlo como amenaza.
Ante la grave amenaza de Guyana, la respuesta oficial fue un comunicado denunciando la violación del espíritu del Pacto de Argyle; pero la cuestión es que un comunicado no es más que una simple y sencilla nota de prensa, sin un mayor efecto diplomático o valor jurídico ante una instancia judicial; existiendo en cambio para ello, las notas de Cancillería, las notas de gabinete, las notas de protesta, con un destinatario definido o la llamada de embajadores para consulta, dependiendo de la gravedad, del caso que se trate.
A instancias del Caricom y de Brasil, Guyana y Venezuela se comprometieron en el llamado Pacto de Argyle a no alterar el “status quo” y preservar la paz; sin embargo, Guyana ha hecho caso omiso de dicho pacto, firmando acuerdos en materia de Defensa con Inglaterra, Canadá y Francia, todos ellos con un doble propósito en contra de Venezuela y del «espíritu del Pacto de Argyle».
La respuesta de la Cancillería, término que no existe ni constitucional ni orgánicamente, sino Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores; dada la gravedad del caso ha sido laxa ante la amenaza que existe con la firma de estos acuerdos de cooperación militar y en violación del Pacto de Argyle, que si bien no es un tratado, es un pacto más que de caballeros, entre Estados soberanos, con el subsecuente riesgo de incurrir en responsabilidad internacional, al desconocer los principios fundamentales del derecho internacional, reconocidos en el pacta sunt servanda y el rebus sic stantibus, por lo que no es una cuestión de falta de cumplimiento al espíritu, sino de violación de un pacto entre gobiernos. Lo pactado, pactado está.
La práctica diplomática es clara y precisa. Un comunicado, es algo impersonal, que queda en los periódicos de ayer; en cambio, lo recomendable hubiera sido una nota de protesta al gobierno de Guyana, con copia al Caricom y a la ONU, la cual estuvo representada por el jefe de Gabinete de la oficina del secretario general de las Naciones Unidas y el secretario general adjunto del Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de la Organización
Si el Esequibo es un tema de alta política, igual la agenda internacional, la integran otros temas de gran importancia, considerando que la política interior se refleja en la política exterior. En el ámbito multilateral no se tiene presencia por diferentes razones: en la OEA, la CAN y la CIDH, por diferencias políticas y voluntad soberana: En Mercosur fuimos excluidos por incumplimiento de los compromisos contraídos y en los BRICS, vetado el ingreso por un socio político.
En las relaciones bilaterales, la situación es igualmente delicada, debido a que con todos los países con los cuales se tiene frontera terrestre y marítima no se tienen las mejores relaciones, comenzando de un lado con Trinidad, seguido de Francia, Holanda y Estados Unidos, al igual que con el arco fronterizo de Colombia, Brasil y Guyana.
Al ser esta la situación política, en lo económico y financiero es igual de complicada por la negociación de la deuda externa, un tema complejo y controversial, debido a que Venezuela no paga su deuda desde noviembre de 2017, acumulando una pesada mora de capital e intereses que la mantiene desterrada del crédito internacional; mientras que el Banco Central de Venezuela no publica cifras oficiales desde 2018. Según fuentes financieras internacionales, en diciembre de 2023, la deuda externa de Venezuela era de 161.371.173.132 millones de dólares, lo cual representa 2,3 veces el producto interno bruto (PIB) del país, por lo cual se estima que la deuda externa encuentra entre los 120.000 y los 200.000 millones de dólares.
Estamos de acuerdo en que la conducción de las relaciones internacionales es una responsabilidad constitucional del presidente de la República, pero lo que también hay que tener presente es contar con un Ministerio de Relaciones Exteriores, con un servicio diplomático profesional con las capacidades y experticias necesarias para enfrentar los retos y desafíos que impone la agenda internacional para 2025 en adelante.
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