La Audiencia Nacional condena a 74 años de cárcel a los etarras que intentaron matar a dos periodistas en el año 2000

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a 74 años y 4 meses de cárcel a cuatro miembros de ETA que participaron en la colocación de una bomba en la puerta de la vivienda de San Sebastián donde en noviembre del año 2000, residían una pareja de periodistas con su bebé de 18 meses. Se trata de Imanol Miner Villanueva, Asier Garcia Justo y Jon Zubiaurre Aguirre, los tres autores materiales de la confección y colocación del explosivo, que se ocultó en una maceta: y de Patxi Xabier Macazaga Azurmendi, el promotor de aquel atentado que se frustró por un fallo interno en el mecanismo. Les sentencian a 19 años y 10 meses de prisión por tres delitos de asesinato en grado de tentativa y a otros 14 años y 10 meses por estragos terroristas también en grado de tentativa. Para los magistrados, ha quedado acreditado que los cuatro, miembros del comando legal Gaua de ETA, averiguaron el domicilio donde residía la pareja y estudiaron sus posibilidades de asesinarles, hasta que trazaron un plan por el que el 10 de noviembre de 2000, sobre las 8 de la mañana, una maceta con dos kilos y medio de dinamita y el mismo peso de tornillería debía explotar cuando cualquiera de los dos se dispusiera a salir de casa. La resolución, notificada este miércoles, prohíbe además a los cuatro etarras que se comuniquen o acerquen a sus víctimas, los periodistas de El País Aurora Intxausti y de Antena 3 Juan Palomo, así como a su domicilio, lugar de trabajo y lugares frecuentados por ambos, durante un plazo de cinco años a contar desde el cumplimiento de la condena. Para ella fija la Sala una indemnización de 28.815,25 euros, además de otros 123.548,59 euros, y, para él, 75.000 euros. La decisión se adopta teniendo en cuenta que en este caso, «es incuestionable el daño moral experimentado por ambas víctimas pues se vieron gravemente atacadas en su propio domicilio, de una manera inesperada y con altas probabilidades de haber podido perder la vida, tanto la suya propia como la de su hijo que por aquel entonces tan solo tenía dieciocho meses de edad». Añade que, a raíz de estos hechos, experimentaron un fundado y explicable temor a ser atacados de nuevo, motivo por el que se vieron obligados a abandonar el que había sido su lugar de residencia y dejar la forma de vida que habían mantenido hasta entonces. Tras el atentado, subraya, tuvieron que cambiar de ciudad, de lugar de trabajo y alejarse con ello de su entorno familiar y de sus relaciones sociales hasta el punto de que en cada ocasión que tenían que regresar al País Vasco debían contar con protección policial.