Inquilinos de viviendas de protección oficial en 'huelga' contra el cobro del IBI: “Están obligados a devolvérnoslo”
El Sindicato de Inquilinas de Catalunya anuncia que dos edificios han aprobado ir a la huelga de alquileres y que esta es la primera de futuras movilizaciones
Menos del 10% de inquilinos se ha retrasado alguna vez en el pago
Kika Aguilera ha dejado de pagar voluntariamente las dos últimas mensualidades de su alquiler. Ella y sus vecinos, en un bloque de protección oficial de Salou, en Tarragona, se han convertido en los primeros en dar inicio en Catalunya a una huelga de inquilinos. Su objetivo con la protesta es que les devuelvan el cobro del IBI de los últimos años, un impuesto que el Tribunal Supremo ya ha establecido que debe asumir el casero.
El Sindicato de Inquilinos de Catalunya ha anunciado este miércoles que dos bloques de viviendas de protección oficial, el de Salou y otro en Sentmenat, son los primeros en recurrir a una huelga de alquileres. Ambos pertenecen a InmoCaixa, la cartera de pisos de CriteriaCaixa. Los cerca de 80 pisos del primero, además, están incluidos dentro el paquete de 451 que el Govern de Salvador Illa ha anunciado que comprará a la entidad financiera por 30 millones de euros.
Sin embargo, mientras se formaliza el proceso de compra, Kika Alguilera y sus vecinos han decidido ir a la huelga. Han devuelto dos mensualidades, que aproximadamente suman para cada inquilinos unos 700 euros. Con ello manifiestan su rechazo a que la propiedad les repercuta el IBI, unos 25 euros al mes. “Están obligados a devolvérnoslo”, denuncia Kika, que recuerda que hay familias que llevan 14 años pagándolo.
Esta mujer entró en su piso de Salou en 2017 con un contrato de cinco años. Pero al finalizar su vigencia, en 2022, no la quisieron renovar. Aun así, sigue abonando a la propiedad cada mensualidad. Del resto de pisos, unos 40 están actualmente vacíos, otros 20 ocupados por inquilinos con contrato y solo cuatro se encuentran en la misma situación que Kika. Con todo, la mayoría dicen secundar la protesta. “Como cada uno tiene su contrato, esto facilita la desunión, pero ahora estamos organizados”, defiende esta inquilina.
“Es el primer paso de un movimiento huelguista”, ha señalado Enric Aragonès, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Catalunya, que asegura que en los últimos meses trabajan para extender ese modelo de protestas y presión a otros edificios. La idea de una huelga de alquileres sobrevuela el movimiento por el derecho a una vivienda desde hace un tiempo, sobre todo coincidiendo con las manifestaciones recientes en ciudades como Madrid o Barcelona, pero hasta ahora no se ha planteado de forma generalizada.
En este sentido, en Catalunya no es casual que hayan comenzado en promociones de InmoCaixa, puesto que el Sindicato de Inquilinas comenzó hace más de un año una campaña contra la gestión que hace la entidad financiera de sus pisos de protección oficial, al menos unas 38 promociones repartidas por toda la comunidad autónoma. La organización inquilina denuncia que incluyen en sus contratos “cláusulas abusivas” –como el cobro del IBI o gastos de mantenimiento– y que a menudo se niegan a renovar a sus inquilinos.
Otros dos inmuebles en los que se ha aprobado esta semana ir a la huelga están en Sentmenat, en la provincia de Barcelona. En su caso, sin embargo, comenzarán el 1 de marzo. Hasta entonces, los vecinos trabajarán para alcanzar al menos un 25% hogares de adheridos a la protesta. Su huelga consistirá en abonar las mensualidades a un “fondo mancomunado”, según ha adelantado su portavoz Marta Carrillo, con el objetivo de que InmoCaixa se siente a negociar sus demandas.
La primera de las peticiones es que estas dos promociones se incluyan en la compra de la Generalitat de los pisos de la entidad financiera, aunque esto depende en última instancia de la Administración catalana. “Mantener el estatus de protección oficial es la única forma de que no nos echen a la calle”, advierte Carrillo, que por eso exige que su casa y las demás pasen a manos del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl). Además, los vecinos de Sentmenat exigen renovar contratos “sin subidas de precio”, paralizar todos los procesos de desahucio abiertos en ambas fincas, y revisar también cláusulas como la del pago del IBI.