La insólita conexión entre el doble crimen de Vicente López y una de las quiebras más controvertidas de la Argentina

El 21 de marzo del año pasado, Claudio Espinoza, presidente de OCA Log, hizo una presentación ante el Juzgado Comercial 10 de Lomas de Zamora. La empresa, ex Compañía Multimodal Logística (CML), fue la que, en un sorpresivo desenlace, se quedó hace tres años con la gestión de OCA, el mayor correo privado del país.

Concursada en mayo de 2017 y quebrada en abril de 2019, el juez Pablo Tejada, quien llevó el expediente, le otorgó OCA a Clear, un grupo formado a partir de dos empresas que fundó Cristóbal López -Clear Urbana y Clear Petroleum- y que, desde 2011, están en manos de históricos ex colaboradores suyos.

Pero, el mismo día que el juez firmó la cesión, Clear notificó al juzgado que había llegado a un acuerdo de gerenciamiento, mediante el cual Flecha Log, la empresa de Espinoza, tomaría la operación. Para eso, fundó CML, luego rebautizada OCA Log.

Fue una novedad inesperada, en proceso complicadísimo y no siempre transparente que, en cinco años, incluyó idas, vueltas, reclamos, ofertas y contraofertas, en un cruce de intereses que involucró a dos gobiernos nacionales -los de Mauricio Macri y Alberto Fernández-, acreedores de peso, como los Werthein, y, fundamentalmente, la Federación de Camioneros.

El gremio, al que está afiliado el 80% de los, en ese momento, 6000 empleados de OCA, tuvo la doble condición de acreedor y, durante el último tramo de la quiebra, responsable de su gestión comercial, en el comité administrador que formó el juez.

La sombra de los Moyano estuvo siempre proyectada sobre la empresa. Cuando la concursó, su último dueño, Patricio Farcuh, acusó a Hugo y Pablo de habérsela "robado" (sic) durante ocho meses. Farcuh compró OCA en 2013. Hasta ese momento, el empresario había tenido una carrera meteórica, de frecuentes nexos con la familia camionera en esa trayectoria.

Farcuh falleció en la noche del 30 de enero de 2021, a los 43 años. Todavía peleaba por recuperar OCA. Veinte días antes, Tejada había definido vendérsela a Clear, único oferente, con una propuesta de u$s 25 millones, a pagar en cuotas y en pesos (oficiales) entre varias otras condiciones. El monto es menor a los u$s 37 millones en los que se habían valuado a los activos. El pasivo verificado de la quiebra fue de $ 4494 millones (u$s 102,5 millones de entonces).

Lejos estuvo la quiebra de OCA de tener punto final en ese momento. La causa, de hecho, sigue abierta en estos días. También, varios de sus decenas de expedientes conexos. Uno es en el que se enajenó el activo. Y en el cual Espinoza había presentado aquella nota.

En esa presentación, OCA Log exigió por cuarta vez el reintegro del pago de los alquileres de los predios donde había vehículos de OCA y que, en septiembre de 2021, antes de efectuar la transferencia de la compañía, el juez había decidido que se subastaran.

Esos vehículos se remataron un año después, en septiembre de 2022, por $ 20,5 millones (más impuestos, tasas y honorarios). El ganador los retiró en un máximo de 30 días corridos.

Estaban en dos predios: uno, en Barracas (Olavarría 899) y otro, en Ciudad Oculta (Timoteo Gordillo 3840). Ya en marzo de 2023, OCA Log argumentó que era "absurdo" que se continuara dilatando el pago de gastos de conservación de vehículos que, "claramente", el juez había decidido que no formarían parte del activo a adquirir por quien se quedara con la empresa.

En tal sentido, Espinoza reclamó que le devuelvan a su empresa casi $ 8,5 millones por los alquileres de esos predios, más $ 3,6 millones en concepto de intereses. Como documentación, anexó 64 facturas, cheques entregados y comprobantes de transferencias entre octubre de 2021 y agosto de 2022. Las correspondientes al predio de calle Olavarría, fueron emitidas por "Condominio Del Rio José E. y Alonso María"; las de Timoteo Gordillo, por "Del Rio, Martín". Nada menos, que los protagonistas -víctimas y acusado- del doble crimen de Vicente López, juicio oral que se está desarrollando en estos días.

Del Rio, de 50 años, está hoy frente al tribunal por la muerte de sus padres, asesinados a balazos en su casona de Melo y Gaspar Campos el 22 de agosto de 2022. Curiosamente, el mes al que corresponde la última factura que le pagó OCA Log.

Según la investigación, el móvil del crimen habría sido económico. Ex policía, su padre, José Enrique del Rio, devino en empresario, principalmente, en el sórdido mundo de la seguridad privada. También, era dueño de propiedades, que, en los últimos años, había manejado su hijo Martín. Entre ellos, los garajes.

El martes, declaró ante el Tribunal Número 7 de San Isidro su hermano mayor, Diego. Dijo estar seguro de que "Pato" -el apodo de Martín- mató a sus padres porque ya no podía sostener la "gran mentira" sobre la economía familiar, tras haber generado una inmanejable acumulación de deudas.

"Para mí, armó una bolsa de mentiras tan grande que llegó un momento que no la pudo manejar más. Llevaba tal cúmulo de mentiras que, o lo enfrentaba, o tomaba la decisión", afirmó. "El nivel de mentira que les hizo durante todo ese tiempo era llamativo. Ya no podía sostener más una careta que tenía hace mucho tiempo. Tenía que tomar una decisión; hacer una limpieza que no podía hacerla. Pero es inentendible lo que hizo", agregó.

Un día antes, había declarado Ezequiel Jarsrosky. Es el dueño del departamento en el edificio Chateau al que las víctimas pensaban que mudarían cuando se subieron al Mercedes-Benz que nunca salió de la cochera de su casa. Le habían adelantado a su hijo el dinero para comprar la propiedad. Pero él se lo habría quedado, razón por la cual habría pergeñado otro engaño: alquilar el inmueble que sus padres creían haber adquirido.

En el tribunal, Jarsrosky dijo que el acusado le ofreció alquilarlo por u$s 10.000 al mes, el doble del valor de mercado para una propiedad de esas ubicación y características.

"Como me dijo que conocía a los dueños de algunos restaurantes, y tengo algunos contactos, llamé y pregunté", testimonió. "Uno me dijo: '¿Estás loco vos? No le vayas a alquilar a Martín porque es muy complicado, muy difícil. Es un garca'".

Entre tanto, el 6 de mayo de este año, Espinoza volvió a presentar una intimación al juzgado. Reiteró el pedido de reintegro por los alquileres. Esta vez, sólo los $ 8,5 millones, "más allá de evaluar el pago de los intereses, que también fueron liquidados en presentaciones anteriores". El juez Tejada ordenó que se giraran esa suma de un plazo fijo que la quiebra de OCA tiene en el Banco Provincia.

Fue tres días después, el 9 de mayo. Faltaban poco más de tres meses para que se cumplieran dos años del doble crimen y casi cuatro, para el segundo aniversario de la detención del presunto caminante. Si algo faltaba en el Juego de OCA, en cuya historia se mezclaron Yabrán, el Exxel Group, Advent (Macri), los Moyano y Cristóbal López, era una conexión -circunstancial, casi anecdótica- con uno de los casos más resonantes de la crónica policial de los últimos tiempos.