El PP europeo y la industria presionan para eliminar las multas por no reducir emisiones contaminantes

A días de que arranque 2025, la presión para eliminar las multas previstas para el sector europeo de la automoción que no cumpla con la obligación legal de reducir las emisiones de C02 se ha intensificado. El Partido Popular Europeo se ha sumado a la petición de la patronal para que la Comisión Europea revise la legislación y elimine esas sanciones que empezarán a materializarse el próximo año, mientras algunos fabricantes, como Volvo, consideran que ha habido tiempo de hacer los deberes para adecuarse sin dar pasos atrás hacia el impulso del coche eléctrico.

La legislación impulsada la anterior legislatura en el marco del Pacto Verde Europeo estipuló que los vehículos que se comercialicen en la UE entre 2025 y 2029 tendrán un límite máximo de emisión de 93,6 gramos de CO2 por kilómetro. A las puertas de que se empiece a aplicar, el dato fue de 106 gramos este año y de 117, en 2023. Por eso, la patronal de la automoción advierte ya de que no llega a tiempo para cumplir los objetivos en un momento en el que no pasa precisamente por su mejor momento, especialmente por la fuerte competencia de China.

“Si la Comisión Europea no se mueve, compañías como las nuestras tendrán que poner 15.000 millones de euros en la nevera, que no irán a inversión”, advirtió este martes en Bruselas el presidente de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) y consejero delegado de Renault, Luca de Meo, que reclamó “flexibilidad” a la Comisión Europea con el argumento de que las multas perjudicarán la inversión en un momento clave para la industria automovilística. “Somos los que ponemos el dinero, la cara y el cuello”, agregó.

La pelea de ACEA se produce, además, cuando gana peso por el retorno del grupo Stellantis (Citröen, Peugeot, Opel...) a la organización, que abandonó en 2022 precisamente por la pugna en contra de la prohibición de los coches de combustión diésel y gasolina a partir de 2035. La salida del consejero delegado Carlos Tavares ha modificado esa posición.

“La electrificación es la medida más importante que puede tomar la industria del automóvil para mitigar los peores efectos del cambio climático. También es fundamental para la competitividad de Europa. Hay que avanzar hacia el futuro, no quedarse anclado en el pasado”, expresó Vanessa Butani, Directora de Sostenibilidad Global de Volvo, en un encuentro con periodistas: “Cuestionar el objetivo de emisiones de CO2 no es la respuesta”. Butani abogó por impulsar “medidas de apoyo a la demanda, como impuestos e incentivos financieros”. 

El Partido Popular Europeo, que votó junto con la extrema derecha en contra de las nuevas reglas 'verdes' para la automoción, también aboga por eliminar las multas que tendrían que imponerse a partir del año que viene. “Queremos evitar sanciones”, dijo este miércoles en una rueda de prensa el eurodiputado alemán del PPE Jens Gieseke, que presentó la estrategia consensuada por el grupo respecto a la industria del motor. Lo que quieren es que la Comisión Europea dé “flexibilidad” con un periodo de cálculo más lardo para la imposición de las multas o que no tenga en cuenta solo los coches matriculados, sino los fabricados a la hora de contabilizar las emisiones.

El parlamentario conservador se mostró optimista respecto a la influencia que pueden tener sobre Ursula von der Leyen, de su familia política, que es la que tiene un mayor peso en la Eurocámara y, sobre todo, la capacidad de armar una mayoría alternativa con la ultraderecha. De hecho, está previsto que el comisario de Transporte Sostenible, el griego Apostolos Tzitzikostas, inicie un diálogo con el sector para diseñar una estrategia para la automoción que supervisará directamente la alemana.

No obstante, los nuevos responsables del gobierno comunitario no han dejado margen a esa flexibilización que quiere el PPE. “No creo que ahora podamos revisar los compromisos que hicimos y que este Parlamento hizo sobre cómo avanzar con la industria del automóvil”, dijo el comisario de Acción Climática, Wopke Hoekstra, en su examen ante la Eurocámara.

La otra pata por la que apuesta el PPE, además, es repensar el modelo para no centrarlo en el coche eléctrico exclusivamente. “Lo mejor es tener un enfoque amplio, sin excluir ninguna tecnología y sin tener una única solución la electrificación. Esto significaría que si somos flexibles e innovadores a la hora de inventar nuevos combustibles, podría haber un futuro después de 2035 para los coches con motor de combustión si el combustible cumple nuestros objetivos de CO2”, señaló Gieseke. La intención es que la cadena de suministro de los motores de combustión pueda funcionar más allá de 2035 con e-fuels o biocombustibles.

“El elefante en la habitación es por qué el consumidor no ve todas las ventajas que tiene esta transición verde porque quizás no existe la infraestructura. El precio es demasiado alto. Hay muchos factores, y mi idea es no penalizar a una industria que de todos modos sufre”, agregó Gieseke.

En esa misma línea, De Meo lamentó que la población europea, especialmente la clase media, no tenga la capacidad económica para comprar coches, un mercado que aseguró está un 25% por debajo de la media histórica. También recordó que la UE es la única región que no ha recuperado los niveles precovid. “No es un secreto que las clases medias europeas están perdiendo poder adquisitivo”, alertó el jefe de la patronal de la automoción.