El Ayuntamiento de Badalona desaloja a okupas problemáticos de dos edificios tras el «grave estado de deterioro» de las viviendas

Badalona es una de las ciudades del área metropolitana de Barcelona con más problemas relacionados con la okupación ilegal de viviendas, especialmente en algunos de sus barrios con familias más vulnerables. Su actual alcalde, Xavier García Albiol, es conocido, en buena parte, por su postura firme y dura contra este problema y aunque la cuestión sigue muy enquistada él va intentando atajarla con acciones contundentes de manera periódica. Esta misma semana se han producido nuevas actuaciones al respecto . Así, este mismo miércoles efectivos municipales, con el orden judicial correspondiente, desokuparon dos inmuebles del barrio del Gorg , uno de los que presenta más okupas de toda la ciudad. En este caso, las fincas presentaban un estado ruinoso y un «grave estado de deterioro» que desencadenó el desalojo. Además, tenían riesgo de derrumbe y además habían sido fuente de repetidos disturbios y molestias vecinales . Los bloques en cuestión estaban en concreto en los números 15 y 17 de la calle Tortosa. Allí acudieron también efectivos de la Guardia Urbana para realizar tareas de apoyo y los técnicos municipales hablaron con la decena de personas que malvivía allí para comunicarles que debían abandonar el inmueble por riesgo de colapso. Fuentes municipales confirman que estas fincas estaban especialmente deterioradas y suponían un peligro tanto para sus inquilinos como para los transeúntes que pasaba allí. « Hemos podido resolver una situación que generaba malestar entre los vecinos de esta zona», apuntó el concejal de Políticas contra la okupación ilegal, Daniel Aguilera. El desalojo, con todo, se pudo producir « sin ningún tipo de incidente », según las mismas fuentes, y tras el vaciado de los inmuebles sus propietarios han procedido a empezar las tareas para que los dos inmuebles queden derruidos. Este caso se ha conocido la misma semana en que García Albiol está siendo protagonista de un juicio por la presunta instalación ilegal de antenas de telefonía móvil en la comisaría de Guardia Urbana en 2012 en su primera etapa como alcalde. El alcalde se enfrenta a dos años y 10 meses de prisión, inhabilitación para cargo público durante 10 años y multa de 9.000 euros.