El Gobierno denunció graves irregularidades dentro de un hospital nacional clave

Ahora le toca al Hospital Sommer (uno de los nueves nosocomios públicos a cargo del Estado Nacional) estar bajo la lupa de los funcionarios libertarios. Según anunció el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa, el Gobierno Nacional realizó una denuncia penal por graves irregularidades en el manejo de fondos y bienes a la Asociación de Internados que opera allí dentro.

Todo eso se plasmó en una denuncia penal presentada ante la Justicia federal de Mercedes por el director del Hospital "Dr. Baldomero Sommer", Santiago Cerneaz.

En el escrito, el responsable del nosocomio resaltó "las innumerables irregularidades y manejos arbitrarios de la Asociación de Internados" y "la imposibilidad de hacer cumplir la reglamentación vigente ya que cada medida que se intenta adoptar es impedida o surcada por los integrantes de la Asociación". Los apuntados son el presidente Eloy Juarez, el vicepresidente Roberto Cáceres y toda la cúpula directiva.

Las acusaciones contra la Asociación de Internados incluyen la retención arbitraria del peculio de los residentes, la gestión de una financiera ilegal con tasas usureras, la asignación irregular de viviendas y el uso indebido de tierras estatales para actividades ganaderas.

Las irregularidades denunciadas por el Gobierno

El Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer es un hospital público y polivalente de la Argentina. Actualmente, es un centro de referencia nacional en el tratamiento de lepra y está ubicado en el partido de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires. Esta cuenta con más de 250 hectáreas con superficies rurales y urbanizadas mixtas.

Al respecto, la denuncia de esta mañana incluye una acusación de que la Asociación de Internados gestionaría irregularmente fondos públicos destinados a los pacientes con enfermedad de Hansen (mejor conocida como lepra).

Meses atrás, integrantes de esa agrupación habían afirmado la mala relación con la nueva administración del hospital designada por el gobierno. "Parecen ver corruptos por todos lados", afirmó Carlos Portillo, vocero de la Asociación ante el programa Sumate que no Resta.

"Somos un Hospital Nacional y no tenemos todo lo que necesitamos. Con la falta de insumos en la época de Macri hemos estado tambaleando, pero tampoco sufrimos lo que estamos pasando ahora", había dicho en ese momento, aludiendo a falta de fondos de parte de Nación.

Desde el Ministerio de Salud aluden a que la Asociación habría recurrido a diversas prácticas irregulares. El manejo del peculio, la remuneración que reciben los residentes por su trabajo en el hospital, es uno de los puntos más críticos.

Según la denuncia hecha por el titular del hospital, la Asociación retendría parte de este dinero a través de cuotas sociales obligatorias, y se la acusa de operar una financiera clandestina que otorga préstamos con intereses abusivos y descuenta automáticamente las cuotas del peculio.

Además, se denuncia que personas que no residen en el hospital mantienen propiedades o camas reservadas solo para cobrar el peculio. La actual dirección del hospital ha iniciado un proceso de bancarización para transparentar el manejo de los fondos, pero (siempre según la versión oficial) se encontró resistencia por parte de la Asociación.

La cooperativa de alimentos gestionada por la Asociación también está bajo la lupa. Se acusa a la cooperativa de cobrar precios excesivos por los alimentos y de retener la totalidad del peculio de los pacientes gravemente enfermos para financiar sus operaciones.

Otro punto conflictivo es la asignación de las viviendas en el predio del hospital. "La Asociación controla de forma arbitraria quién ocupa las viviendas, ignorando las normas institucionales", afirman. Se detectó que familiares de los directivos de la Asociación ocupan algunas de las casas, y que 62 de las 192 viviendas disponibles están en manos de personas sin vínculos con la enfermedad que trata el hospital.

La Asociación también maneja la distribución de alimentos con poca o ninguna regulación institucional. Se ha denunciado el retiro injustificado de 30 raciones diarias de comida cruda, y se acusa a la Asociación de exigir sobornos a los proveedores a cambio de aceptar la mercancía.

Por último, la Asociación fue acusada de utilizar ilegalmente parte de las 250 hectáreas del hospital para actividades ganaderas. Se han encontrado 100 vacas y 50 caballos en el predio, generando ingresos que no son controlados ni autorizados por el hospital o el Estado. Según esgrimen, la Asociación no cuenta con permisos para realizar actividades agropecuarias, violando las normas de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la Resolución 232/03