Las empresas de telefonía intentaron regularizar las antenas sin licencia que han llevado a Albiol a juicio

Varios testigos han declarado en el juicio al alcalde de Badalona (Badalona), Xavier Garcia Albiol, que las empresas de telefonía que instalaron las antenas móviles sin licencia en unos terrenos de la ciudad intentaron regularizar la situación, aunque chocaron con la inacción municipal.

Ante la sección 5ª de la Audiencia de Barcelona se ha celebrado una nueva sesión del juicio a Albiol, donde la Fiscalía pide para él dos años y diez meses de prisión y otros diez de inhabilitación por un delito de prevaricación. Junto al alcalde, se sientan en el banquillo quien fuera su exconcejal de Seguridad Miguel Jurado, ahora concejal del PP en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), dos exgerentes del Ayuntamiento y el concejal de Urbanismo del gobierno de izquierdas de Badalona, Oriol Lladó.

También están acusadas las empresas Vodafone y Movistar, como responsables civiles a título lucrativo. La acusación fiscal mantiene que el actual alcalde de Badalona y el resto de cargos acusados permitieron la instalación de unas antenas de telefonía móvil en dependencias de la Guardia Urbana entre 2012 y 2018 sin las licencias correspondientes. Los acusados declararán el próximo lunes o martes.

En la sesión de este jueves, los testigos que han comparecido han destacado que había voluntad tanto del Ayuntamiento como de las empresas para desatascar la situación, informa la Agència Catalana de Notícies (ACN). Sin embargo, tras no recibir ninguna respuesta municipal, las operadoras optaron por desmantelar directamente las antenas. Los testigos han negado que hubiera instrucciones políticas para no sancionar a las empresas.

El exjefe de la Guàrdia Urbana de Badalona Conrado Fernández ha explicado que los sindicatos habían expresado su preocupación por la presencia de las antenas de telefonía en la comisaría. Cuando supo que no había contrato para tenerlas en ese espacio, el líder policial activó los mecanismos de bloqueo de acceso al personal técnico de las compañías.

“Di orden de que hasta que no se clarificara no entraría nadie a modificar la potencia de las antenas. Incluso nos llamaron alguna vez del Aeropuerto de El Prat porque interferían en el aterrizaje de los aviones”, ha relatado al tribunal. Los técnicos solamente entraron de nuevo en el recinto para desmantelar las antenas.

También han declarado este martes empleados de la firma Vodafone, que han indicado cómo fue la relación con el Ayuntamiento para abordar el funcionamiento y el mantenimiento de las antenas a través de dos reuniones.

En la última, en mayo de 2018, ya bajo el gobierno de izquierdas, participó el responsable de ordenación de infraestructuras de la compañía y el responsable del equipo de despliegue en el área metropolitana, quienes han relatado que en ningún momento se les trasladó ninguna situación de impasse que instara al desmantelamiento.

Sin embargo, dos meses después del encuentro se tomó una decisión. “Al no darnos ninguna respuesta, mi recomendación fue desmantelar la antena”, ha explicado el técnico, una acción que se llevó a cabo en el plazo habitual, de uno a dos meses después de tomar la decisión.

En su declaración, el exgerente de la empresa municipal Engestur ha explicado que recibió las quejas de los sindicatos sobre la posible afectación de las antenas. La empresa MSR, quien asumía la gestión, le trasladó que los elementos carecían de los permisos correspondientes para hacer un uso en espacio público, y que los parámetros de radiación se encontraban dentro de los límites establecidos.

Posteriormente, ha dicho que se concretó una reunión con diferentes representantes de departamento del Ayuntamiento y de las empresas, en las que estas ofrecieron escenarios que ya habían experimentado en otras localidades catalanas para regularizar la situación, admitiendo que “la cosa no arrancaba” y que había voluntad de todas las partes para que se solucionara.

Por su parte, el entonces jefe de Servicios, Seguridad, Convivencia y Participación municipal ha destacado que a pesar de la voluntad de desatascar la situación, no fue capaz de justificar una autorización para el acceso del personal a las instalaciones de la comisaría. Esto hizo que nadie de las compañías accediera por orden del jefe de la policía, hasta el momento de su retirada.

El último en declarar este jueves ha sido el jefe de Servicio y Disciplina del consistorio, quien ha asegurado que en ningún momento recibió instrucciones para iniciar un proceso sancionador por la ubicación de las antenas, pero que tampoco recibió ninguna para que no lo hiciera en caso de que fuera su obligación.