La ley contra el abuso sexual infantil online se le resiste a la UE por el rechazo al escaneo de las comunicaciones
Nueve países europeos se oponen a la normativa al considerar que se pone en riesgo la privacidad de las comunicaciones. "Se pone a millones de personas bajo sospecha", dice Alemania
Cientos de tecnólogos alertan de que la UE plantea una “vigilancia y control sin precedentes” en la ley de abuso infantil
La ley para combatir los abusos sexuales a menores online sigue resistiéndose en la UE. La división ha vuelto a quedar patente en la reunión de los ministros de Interior que han vuelto a analizar la propuesta, con algunos cambios con los que se ha intentado contentar a los gobiernos que rechazan el escaneo masivo de las comunicaciones, pero nueve de ellos siguen oponiéndose. El Consejo de la UE tiene que seguir, por tanto, buscando una aproximación que equilibre la persecución de la pornografía infantil y el mantenimiento de la privacidad de las comunicaciones antes de iniciar la negociación con el Parlamento Europeo y la Comisión Europea.
La iniciativa lleva bloqueada más de un año por la inclusión de una medida polémica para combatir ese delito: la posibilidad de escanear las comunicaciones vía WhatsApp o en las redes sociales para detectar la pornografía infantil. Las víctimas de abusos sexuales han presionado en Bruselas para que se mantenga esa premisa, pero los expertos en derechos fundamentales consideran que supone una vulneración del derecho a la privacidad. Y esa es la posición de nueve países europeos, que mantienen el bloqueo porque quieren más garantías frente al escaneo de las comunicaciones.
Según la propuesta original de la Comisión, todas las plataformas digitales que permitieran el envío de mensajes a sus usuarios, desde las redes sociales, apps de mensajería o incluso videojuegos online, debían implantar un nuevo sistema de detección de la pornografía infantil. Para ello, debían permitir que una inteligencia artificial pudiera sortear el cifrado de todos los mensajes y llevar a cabo un análisis en busca de fotos, vídeos u otros contenidos que pudieran contener este tipo de abusos.
Los expertos en derechos fundamentales denuncian que su puesta en práctica requeriría abrir un agujero en el cifrado digital de los mensajes.
A pesar de que el Consejo de la UE, donde están representados los gobiernos, ha ido puliendo la propuesta para dar más garantías respecto a la privacidad, son insuficientes para nueve países, que se oponen o se abstienen ante la iniciativa: Alemania, Austria, Finlandia, Eslovenia, Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica, Polonia y República Checa. “Creemos que esta no es la aproximación correcta”, ha dicho la ministra germana, que considerar que la ley pondría a “millones de personas bajo sospecha general” por permitir el escaneo y el acceso a las comunicaciones encriptadas de las plataformas. En esa misma línea se ha pronunciado su homólogo holandés, que ha asegurado que se ponen en riesgo “los derechos fundamentales y la resiliencia digital”.
Aunque el ministro Fernando Grande-Marlaska no ha intervenido en el debate, España sí está en el grupo de países que acepta el texto en los términos planteados. No obstante, fuentes diplomáticas reconocen que eran más partidarias de la iniciativa inicial de la Comisión Europea que de la forma actual, que ha rebajado las posibilidades respecto al escaneo de las comunicaciones.
A lo largo de la negociación “se ha ido es limitando el ámbito de aplicación”, explican esas fuentes. Inicialmente estaba previsto que se pudiera detectar el material pedófilo en todas las comunicaciones mientras que los últimos textos lo restringen al “material conocido”, es decir, auqel sobre el que hay una denuncia o ha sido identificado previamente. Como contrapartida, se permitiría que que los operadores pudieran de forma voluntaria realizar la detección y la retirada de material así como una evaluación de la tecnología disponible en un periodo de tres años para valorar si está preparada para identificar el material sin afectar a la privacidad de las comunicaciones.
La falta de acuerdo obliga, por tanto, a seguir trabajando en un texto que puedan avalar una mayoría de gobiernos de cara a comenzarlas negociaciones con el Parlamento Europeo, que ya fijó su posición negociadora en octubre de 2023. La Eurocámara se opuso a ese escaneo generalizado en busca de pornografía. “No se puede escanear de manera general la red ni tampoco abrir puertas de atrás en el cifrado”, explicó Javier Zarzajejos (PP), que fue el ponente del texto respaldado por todos los grupos.