La inmensa mayoría de la sociedad considera que la educación es un servicio esencial para el desarrollo y progreso de las personas, en el que nos jugamos el futuro de nuestra sociedad. Ya lo recalcó, en 1802, Gaspar Melchor de Jovellanos en su 'Memoria sobre Educación Pública', al afirmar que la educación es el primer origen de la prosperidad social. A pesar de que la mayoría de los ciudadanos desea un modelo educativo estable, que no dependa de la situación política del momento, no parecen tenerlo muy presente los gobernantes a la hora de legislar esta delicada materia. Transcurrido ya un sexenio desde la llegada al poder del actual gobierno socialista-populista ha llegado el momento de analizar serenamente las medidas tomadas y sus efectos. En primer lugar, la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), más conocida como 'ley Celaá', por el apellido de la entonces ministra de Educación, fue la primera de las ocho leyes educativas aprobadas en España desde 1975 que no permitió a la comunidad educativa participar en los debates previos. Por el contrario, en la anterior ley (Lomce), denominada popularmente como 'ley Wert', comparecieron medio centenar de expertos, de éstos dieciséis lo hicieron a propuesta del grupo socialista. Este modo de funcionar parece más propio de una república tercermundista que de una democracia seria. Al eliminar la demanda social en la programación de puestos escolares, la ley no respetó el artículo 27.3 de la Constitución que garantiza el derecho que tienen los padres de elegir el centro educativo más apropiado para sus hijos, según sus convicciones personales y sus creencias. Los padres tienen el derecho a dar a sus hijos la educación que mejor consideren; por tanto, los centros docentes y el Estado deben ser siempre subsidiarios de la familia. Los poderes públicos deben garantizar que alumnos y familias puedan elegir libremente el tipo de educación y el tipo de centro que mejor se adapte a sus preferencias. La educación es lo suficientemente importante para el desarrollo de una persona como para que los padres participen y opinen sobre el modelo educativo que desean para sus hijos. Solo un gobierno autoritario y enemigo de la libertad impide a los padres este derecho básico. Así lo subrayó muy claramente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la clausura del Congreso de Escuelas Católicas: «Algunas fuerzas políticas no respetan la libertad y entienden la educación como un laboratorio de ingeniería social y adoctrinamiento. Estos grupos políticos consideran que se debe imponer una única forma de pensar en un único modelo educativo». Los padres resultan molestos cuando en lugar de buscar la mejora de la calidad educativa, se pretende la implantación de un modelo que facilite el adoctrinamiento y la transmisión de una ideología; aunque ello conlleve que nuestros estudiantes no estén preparados para afrontar el futuro, como ya advirtió hace años el catedrático Jorge Sáinz, en una magistral Tercera de ABC. Si se emplea la educación para formar ciudadanos incapaces de tener criterio propio, con la finalidad de asegurarse la permanencia en el poder, se está desvirtuando completamente la función primordial de la educación. En cambio, si se busca un modelo educativo de calidad que dé estabilidad y tranquilidad a los alumnos y sus familias se evitarán siempre los planteamientos ideológicos o electoralistas. La libertad de enseñanza existe cuando las familias tienen la posibilidad real de elegir entre opciones diferentes, con distintos principios orientadores, metas y prioridades. Por este motivo, se debe garantizar la existencia de plazas suficientes en enseñanzas declaradas obligatorias y gratuitas, teniendo en cuenta la oferta de los centros públicos y privados concertados, preservando la igualdad de oportunidades, la pluralidad de la oferta educativa, el compromiso de las familias y la transparencia informativa. Por el bien de todos, la educación debe quedar fuera de las luchas partidistas. Sin embargo, los reales decretos que desarrollan la Lomloe sobre la educación Primaria, la ESO y el Bachillerato contienen una fuerte dosis de sectarismo. Así, en Primaria las Matemáticas se imparten con sentido socioemocional y perspectiva de género. En la ESO se permite a los alumnos pasar de curso y obtener el título (de graduado en ESO) con asignaturas suspensas. Además, los alumnos no reciben calificaciones numéricas y desaparece la asignatura de Filosofía que es reemplazada por Valores Cívicos y Éticos, materia en la que cobra gran relevancia el estudio de la memoria democrática. Los exámenes extraordinarios de repetición serán excepcionales por su «carácter regresivo e ineficaz». Se profundiza en hábitos de vida saludables, la formación estética y la empatía, el consumo y el respeto a los animales. Se eliminan determinados contenidos como la sintaxis, los dictados, las raíces, los algoritmos o la historia de la Literatura para hacer asignaturas más socioafectivas. En Bachillerato, se podrá obtener el título con un suspenso. Se refuerza el ecofeminismo solidario, las identidades colectivas, el desarrollo sostenible y el consumo responsable. Respecto a los contenidos, se suprime la Historia de España anterior a 1812 y se incorporan los 'Objetivos de desarrollo sostenible'. En resumen, se instaura un nuevo catecismo simplón, insustancial y buenista y se busca adoctrinar a los jóvenes para que cuando les toque votar, no se equivoquen y elijan la papeleta correcta. Es decir, se emplea la educación (al igual que el CIS, la Fiscalía o RTVE) para perpetuarse en el poder. Esta legislación repleta de palabrería hueca pretende acabar con las altas tasas de abandono escolar y con la repetición de curso a costa de reducir el nivel de exigencia. No se busca preparar a los jóvenes para su entrada en la universidad, su acceso a la formación profesional o su incorporación al mercado laboral. Se desprecia la exigencia, el esfuerzo, el afán de superación y está mal visto entre los alumnos destacar y tener deseos de aprender. Se desprecia la autoridad del profesor y se fomenta el autoaprendizaje del alumno según sus apetencias o las modas del momento. Han pasado ya unos años desde la aprobación de estos textos. Hace unos meses la OCDE publicaba 'Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE 2024'. Este trabajo analiza los sistemas educativos de los países que pertenecen a este organismo. Los resultados son preocupantes. Actualmente, España lidera en la UE el porcentaje de jóvenes que no siguen estudiando tras la ESO (26 por ciento, frente al 14 de media en los países de la OCDE y el 12 de la UE). En España, el número de jóvenes que ni estudian ni trabajan es del 18 por ciento frente al 13 de la media de la UE. Costará años recuperarse del daño causado por estas leyes educativas . Sería un error caer en el derrotismo o el pesimismo. Merece la pena seguir trabajando por una educación mejor, ya que nos encontramos ante un asunto vital para la sociedad del mañana. Por este motivo, debemos repensar lo que estamos transmitiendo a las generaciones venideras. Si logramos ofrecer una educación de calidad, nuestros jóvenes y las futuras generaciones nos lo agradecerán.
