La crisis habitacional en España es un hecho ya reconocido entre todos los grupos políticos, pero no tan compartido es su diagnóstico y mucho menos las soluciones. La última de las propuestas del Gobierno para atajar el problema, que consiste en la creación de una empresa estatal pública de vivienda que opere al margen de las comunidades autónomas, no es vista entre los grupos como una medida que sirva para clarificar el acceso a una casa para los jóvenes, sobre todo en el principal partido de la oposición, que la tilda de «inviable» por la ambición de 1,5 millones de casas sociales que pretende levantar. «Ha sido un anuncio improvisado e inviable porque hacer 1,5 millones de viviendas costaría 225.000 millones, el equivalente a 65 años del presupuesto del Ministerio de Vivienda y tampoco creo que el déficit de 600.000 casas que hay en España se tenga que suplir con vivienda pública; los jóvenes de hoy en día tienen derecho a no tener que mendigarle a la administración una vivienda para tener que independizarse», ha señalado este viernes el senador del PP y secretario ejecutivo de vivienda del partido, José Ramón Díez de Revenga, durante las jornadas Despolarizar la Vivienda organizadas por España Mejor. El último de los paneles del encuentro celebrado en el Congreso de los Diputados ha servido para dejar patente, una vez más, las diferencias ideológicas que impiden llegar a un consenso político, en un momento en el que los precios de alquiler y de compra están en máximos históricos en las zonas más demandadas de España y el esfuerzo económico que deben hacer los jóvenes para acceder a una vivienda es cada vez más exacerbante. El portavoz del PSOE en la comisión de Vivienda y Agenda Urbana, Ignasi Conesa , sí ha defendido la empresa estatal de vivienda como remedio porque asegura que supondrá un «cambio de paradigma» para los ciudadanos en la visión de la vivienda como un derecho y no solo como un negocio. «La vivienda puede ser un negocio pero tiene que combinarse con el derecho de todos. Todas las políticas que se están haciendo con la ley de vivienda y ahora con el anuncio de la empresa pública van en esta dirección». Conesa ha distinguido tres grupos en el mercado: el de hogares de ingresos altos, sin problema para comprar una casa; el de las familias con ingresos medios a los que se puede incentivar a la compra desde el sector público; y a las familias vulnerables «a las que el Estado debe garantizar una vivienda». Un diagnóstico que ha sido en buena parte compartido por el resto de ponentes. Por su parte, el responsable de vivienda en Vox, Carlos Hernández Quero , ha argumentado que la situación actual con el mercado de la vivienda no procede del exceso de conflicto entre fuerzas políticas, sino del exceso de consenso en algunas cuestiones como la promoción del alquiler y las posteriores regulaciones «ineficaces» que han elevado los precios de la vivienda y la escasez «expulsando a los colectivos más vulnerables del acceso a la vivienda». Asimismo, ha señalado que otra idea equívoca ha sido la de pensar que «a una ciudad le va a ir lo mejor posible cuanto más abierta esté al mundo». «Lo que tenemos como consecuencia es que mientras que se resiente la capacidad de compra de españoles se triplica el 'stock' de vivienda en manos de extranjeros . El consenso al que hace falta llegar es sobre cómo la gente quiere vivir, que es en propiedad, y que la casa sea suya y no del mercado o del Estado», ha remarcado el diputado por Málaga. Sobre la empresa pública de vivienda, Hernández ha dicho que hubiera sido más oportuno proponer la construcción de vivienda social cuando había «vacas gordas» y no ahora cuando es electoralista. «Ahora trasladamos la responsabilidad al propietario cuando la constitución dice que tiene que ser el Estado quien garantice el derecho». Alberto Ibáñez, responsable de Vivienda en Sumar, sí ha apoyado la existencia de una empresa pública de vivienda y ha dicho que esta debe garantizar el tener un patrimonio inmobiliario público permanente que pase de generación en generación «para la gente que lo necesite» y que también debería destinar sus esfuerzos a comprar pisos que hoy se usan para el alquiler turístico. Ibáñez cree que la desigualdad en España viene marcada por la «herencia inmobiliaria» y ha señalado que no se puede resolver el problema de la vivienda sin atajar que «hay quienes la conciben como derecho de inversión». «Estamos a favor de dejar atrás el partidismo, pero no la diferencia de que unos defienden a Blackstone y nosotros a la inmensa mayoría de España». Con estas declarciones, Díez de Revenga , del PP, piensa que el Gobierno y sus socios están planteando la cuestión de la vivienda como una lucha de clases de inquilinos contra propietarios y ese es un trasfondo «muy difícil para encontrar soluciones». «Cuando oigo a Sánchez decir que no quiere un país de inquilinos pobres y propietarios ricos está llamando a la lucha de clases y lo convierte en una batalla ideológica», ha apostillado el senador, quien ha abogado por aparcar medidas cosméticas, además de la polarización ideológica con esta cuestión. «Tienen que trabajar todos y dar seguridad jurídica, sino el capital privado huye». En el panel organizado por la plataforma que dirige Miriam González, también ha participado Marifrán Carazo , presidenta de la comisión de vivienda y urbanismo de la Federación Española de Municipios (FEMP) , quien ha destacado el papel que los ayuntamientos pueden tener para desatascar un problema de la dimensión que ha cobrado el de la vivienda. «La competencia del Estado con la vivienda es la de recibir fondos europeos, transferirlos a las comunidades y que estas lleven el presupuesto a las ciudades usando también a los ayuntamientos. Ese es el mecanismo y tenemos que conseguir que sea ágil. Hay que facilitar la construcción de vivienda asequible y hay que hacerlo con colaboración público-privada. El promotor tiene que participar y las ayudas directas al promotor tienen que existir», ha aseverado Carazo, quien además ha pedido aprobar la modificación de la ley del Suelo, para ofrecer seguridad jurídica y agilizar cualquier modificación de los planes generales de urbanismo.
