Congreso no alcanzó los 87 votos para aumentar a nueve el número de miembros del Tribunal Constitucional
Este viernes el Pleno del Congreso aprobó con 70 congresistas a favor la primera votación de la ley que aumenta de siete a nueve el número de magistrados del Tribunal Constitucional (TC). No hubo consenso para lograr los dos tercios necesarios.
Como se trata de una reforma constitucional, el dictamen necesitaba que, como mínimo, 87 parlamentarios respalden el proyecto. En vista que no alcanzó ese número, le queda dos caminos a esta contrarreforma: se somete a referéndum o deberá volverse a votar.
No fue suficiente con que las bancadas de Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Podemos Perú, Perú Libre, Bloque Magisterial, Acción Popular, Avanza País, Renovación Popular y Somos Perú apoyen este zarpazo.
Las agrupaciones de izquierda como Juntos por el Perú, Bloque Democrático Popular y la Bancada Socialista se opusieron a esta propuesta de ley. Además, el grupo Honor y Democracia votó en abstención.
Esa oposición fue vital para frenar el intento del fujimorismo, APP y sus aliados.
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El fujimorismo y sus bancadas satélites, sin embargo, no permitirán que esta contrarreforma constitucional pase por un referéndum. Al cierre de esta nota, el congresista de Fuerza Popular, César Revilla, presentó un pedido de reconsideración para volver a votar esta ley.
Así, los promotores de esta norma buscarán alcanzar los 87 votos a toda costa.
Un TC a medida del Congreso
El dictamen también planteaba que el Congreso bicameral - mediante el Senado - pueda ratificar por un periodo más a los actuales miembros del Tribunal Constitucional.
Esa modificación fue impulsada por la congresista del Bloque Magisterial, Elizabeth Medina. El presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, incluyó dicha iniciativa en el texto sustitutorio.
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Intenciones al descubierto
Este intento por cambiar la composición del Tribunal Constitucional comenzó luego de que el Congreso salió derrotado en una demanda competencial contra el Poder Judicial que buscaba ratificar la inhabilitación de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello y Aldo Vásquez.
Además, según Hildebrandt en sus Trece, la otra razón de fondo es que Fuerza Popular busca aumentar el número de miembros del tribunal con la expectativa de que dicha institución excluya a su lideresa Keiko Fujimori del Caso Cócteles.
Por eso que, durante el debate en el hemiciclo, la congresista del Bloque Democrático Popular, Ruth Luque, sostuvo que ese proyecto de ley apunta a que el TC pueda revertir decisiones a favor de los intereses de la coalición que gobierna en el Congreso.
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"Hay razones políticas detrás. Porque lo que están incorporando es que el extremo de la modificación entra en vigor al día siguiente de su publicación. No hay interés de mejorar la justicia, hay un interés de copar", sostuvo la congresista Luque.
Como se sabe, el Congreso tiene la potestad de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, que actualmente son siete. La propuesta de la Comisión de Constitución va a generar que una vez aprobada, el Parlamento de inmediato deba designar a dos nuevos tribunos.
Por ahora, el debate no está resuelto. Con la reconsideración del fujimorista Revilla, la Mesa Directiva deberá someter a debate otra vez el dictamen. El Congreso está contra el reloj porque la legislatura termina este 15 de diciembre.
Segundo fracaso del Congreso
El fracaso de esta ley es el segundo tropiezo del Congreso esta semana con sus intentos de modificar la Constitución. El jueves, el Pleno tampoco alcanzó los dos tercios para ratificar la norma que permite la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores y elimina los movimientos regionales.
Al igual que en esa ocasión, el bloque de izquierda y de la oposición fueron determinantes para frenar el intento de Fuerza Popular, APP y Perú Libre de modificar la Constitución.
La diferencia es que en el caso de esa reforma, el fujimorismo, desde la Comisión de Constitución planteará que el dictamen se vote por separado: por un lado la reelección de alcaldes y gobernadores, donde sí habría consenso, y por otra parte la eliminación de movimientos regionales, donde no hay votos suficientes.