Movimientos sociales y grupos de izquierda marcharon en repudio. "La Justicia nos paga liberando a los asesinos", afirmó Alberto Santillán, padre de Darío, uno de los jóvenes aseisnados el 26 de junio de 2002. Desde 2014 hay un pedido pendiente para que se considere impescriptible la masacre.
