Agrícola japonesa se dice insolvente ante indeminzaciones por esclavitud en Ecuador
La agrícola japonesa Furukawa, condenada en Ecuador por la práctica de esclavitud moderna en sus campos de la fibra abacá, advirtió este sábado que no tiene recursos para pagar 41 millones de dólares de indemnizaciones ordenadas por la justicia del país sudamericano.
El pago integral de las sanciones "para la empresa significa el cierre", dijo a la AFP el gerente de la firma, Adrián Herrera.
"Ni siquiera vendiendo todas las propiedades, todos los vehículos, todos los activos de la compañía alcanzarían a pagar esos 41 millones de dólares", explicó Herrera, quien señaló que la agrícola cuenta con bienes avaluados en unos seis millones de dólares.
"La empresa siempre es respetuosa de la institucionalidad", indicó el gerente de Furukawa. "Tendremos que cumplir la sentencia en la medida en la que sea posible", añadió.
Desde hace seis décadas la compañía produce esta resistente fibra natural en la costa ecuatoriana. La Corte Constitucional del país la sentenció a pagar 120.000 dólares a cada una de las 342 personas que vivieron bajo condiciones de esclavitud en sus campamentos.
Los trabajadores no tenían electricidad, agua potable, instalaciones sanitarias básicas ni acceso a servicios de educación y salud. Los maltratos comenzaron "hace mas de 50 años" y la compañía no tomó correctivos hasta 2018, de acuerdo con la sentencia.
El fallo del 5 de diciembre, considerado histórico en los intentos de poner fin a la práctica conocida como servidumbre de la gleba en Ecuador, también exige que la empresa pida disculpas públicas a los extrabajadores.
Lo mismo deberá hacer el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.
El máximo tribunal ecuatoriano consideró también que hubo omisión por parte de las instituciones públicas, como los ministerios de Trabajo, Salud, Educación e Inclusión Económica y Social.
Furukawa, que introdujo el abacá en Ecuador para convertirlo en el segundo exportador mundial después de Filipinas, con ventas por casi USD 23 millones en 2023, presentó el miércoles un recurso de aclaración ante la Corte Constitucional sobre el fallo, en el que pide que el monto de compensación sea revisado a la baja.
"Por su carácter desproporcionado, la sentencia pone en riesgo la sostenibilidad de la compañía y amenaza los derechos de cientos de trabajadores actuales, cuyo sustento depende de su continuidad", apuntó la empresa en un comunicado previo.
Los abacaleros están protegidos por una decisión judicial que les permite estar en los predios para evitar que la empresa destruya los campamentos y borre evidencia, de acuerdo con Alejandro Morales, abogado de los demandantes.
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