El Gobierno analiza aumentar los aportes de quienes cobran más de $3 millones

Si hay algo prácticamente innegable, es que la gestión nacional de Javier Milei revisó diferentes áreas y mecanismos que en gestiones anteriores resultaban muy difíciles de poder tocar. Con el déficit cero como premisa principal, el oficialismo modificó cajas y/o sistemas para reducir el gasto o recaudar bajo otros parámetros.

De esta forma, con el 2025 en el horizonte, los diferentes ministerios del Gabinete están diseñando la hoja de ruta con las próximas medidas para seguir cerrando el déficit operativo de diferentes áreas del Estado Nacional.

Mayores aportes en salarios altos: la medida que se viene

Uno de los objetivos es el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), una caja poco conocida para el público general, pero que tiene una incidencia vital para la cobertura de enfermedades de altos costos y en diferentes asuntos vinculados a la discapacidad para obras sociales y prepagas.

Este mecanismo se financia por el 15% de los aportes y contribuciones que hacen los empleadores y los trabajadores (el 85% restante va para las entidades de la salud), que son el 9% del total del sueldo bruto. De ese porcentaje, un 6% lo pone el empleador sin ningún tipo de tope, mientras que el 3% restante lo realiza el empleado, que sí lo tiene.

Hasta noviembre, el techo de aportes para los trabajadores era de $ 2.767.090. Esto quiere decir que alguien que cobre más, seguirá pagando el 3% de aportes que una persona de ese techo. "Si un CEO cobra en bruto $ 100 millones no estaría aportando el 3% porque superó ese tope. Estaría poniendo un 0,08% de su sueldo. Es una asimetría enorme", afirma una fuente gubernamental a El Cronista.

Este esquema en el que alguien que cobra casi $3 millones pague lo mismo que alguien que gana 10, 50, 100 o 500 millones está siendo puesto en revisión.

"No creo que alguien que gane $50 millones se vaya a enojar por pagar el mismo proporcional que alguien que gana 700 mil pesos", indica otra fuente inobjetable. La meta es dotar al sistema de "mayor progresividad".

La medida tiene la venia del Triángulo de Hierro. El esquema aún no está claro y sigue en estudio de parte de las diversas áreas a las que les compete el tema. No descartan que sea mediante una remoción total del tope y que sean todos quienes paguen el 3% proporcional de su salario. Aun así, afirman que "no es sencillo sacarlo [el techo] y se está viendo bien el cómo".

Es por eso que aún no se conoce fecha de salida ni cómo será el mecanismo que se usará: si por una resolución simple de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), o una conjunta con la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA); o a través de un Decreto o DNU firmado por el mismo Milei.

Según datos a los que pudo acceder El Cronista, la medida aplicará a más de 100 mil personas. El número es mayor: porque ese número solo aplica a quienes cobran más de $5 millones al mes.

De esa cifra, hay 20 mil personas que cobran entre $10 y $50 millones, 400 que cobran entre $50 y $100 millones y 150 que percibieron un sueldo superior a $100 millones por mes. Con la quita del techo, este último grupo pasaría de pagar $ 83.012,7 (el 3% de 2,7 millones) a más de $ 3 millones. "Quienes cobren más, van a aportar más", ratifican en uno de los despachos estatales.

Algunas estimaciones que hacen técnicos libertarios arrojan que aquello haría crecer en más de $ 6000 millones el Fondo Solidario de Redistribución. Al día de hoy, este tiene un déficit operativo mensual que se estima en $14.000 millones, por lo que ven que se trata de una medida clave para tratar de evitar que el Tesoro tenga que asistir con transferencias.

Y es que, por la forma en la que fue creado, el Estado no aporta al FSR, algo que en los últimos años no se cumplió. Durante 2023, hubo aportes financiados por el Tesoro de $ 35 millones (de ese momento), que fueron transferencias de carácter discrecional.

El Fondo Solidario de Redistribución (FSR) fue creado por el Decreto 1867/2002 y sirve para el financiamiento de aquellos tratamientos de alta complejidad y en la distribución de los recursos para las personas con discapacidad. "Si se quiere un sistema más equitativo y equilibrado, es una medida sumamente necesaria, que fomenta la libre competencia y la libertad de elección de los beneficiarios", justifican la inminente medida.