Eugenio Ribón: "Hay un aquelarre progresivo de instituciones básicas del Estado"

Eugenio Ribón (Cádiz, 1974) defiende la decisión del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) de ejercer la acusación en la causa abierta por revelación de secretos al fiscal general por la divulgación de datos personales del empresario Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. Una filtración que considera «dinamita» el secreto profesional y «deshace derechos fundamentales de la ciudadanía». Pero Ribón va más allá y alerta de un «aquelarre progresivo de las instituciones más básicas del Estado».

¿Por qué el ICAM dio el paso de querellarse contra la Fiscalía?

La Junta de Gobierno consideró de extrema gravedad la divulgación por parte de la Fiscalía de unos datos concretos, con fechas y conversaciones, sobre la reunión de un fiscal y un abogado, y esto supone la ruptura de un principio básico en el derecho de defensa que es el secreto profesional. Así está contemplado tanto en el Estatuto General de la Abogacía como en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. A raíz de esto, la Junta de Gobierno estimó que debía proteger no solo los derechos de los colegiados, sino también la confianza ciudadanos en el sistema de Justicia. Y por esa razón el ICAM no tuvo otra alternativa que, cumpliendo con sus fines, defender el Estado de derecho y presentar la correspondiente denuncia.

¿No fue por tanto una decisión personal?

Ante la gravedad de los hechos se convocó una Junta de Gobierno extraordinaria y una vez debatido y examinadas las circunstancias y corroborada la veracidad de la noticia, porque inicialmente no dábamos crédito, se adoptó la decisión de forma colegiada y además por unanimidad de la Junta.

¿Qué pensó cuando tuvo conocimiento de la noticia?

Honestamente, llegué a dudar de la autenticidad de la nota de la Fiscalía y de hecho me puse directamente en contacto con la fiscal provincial para corroborar su veracidad. Y al día siguiente nos convocó directamente a una reunión el fiscal general, en la que prácticamente se reprochaba la actuación de la Abogacía defendiendo la atípica divulgación de la Fiscalía y eso nos llevó a tomar medidas con la presentación de la acción.

[[QUOTE:PULL|||Nota de la Fiscalía|||Desmentir un bulo no es una justificación válida para vulnerar el secreto profesional]]

¿En qué consistió ese reproche?

Desde la Fiscalía se estaba tratando de defender la divulgación de esas conversaciones íntimas entre el abogado y el Ministerio Público con vulneración del secreto profesional y se nos pedían incluso disculpas por la petición de explicaciones. Nuestra posición no podía ser otra que exigir responsabilidades por esa divulgación, en el bien entendido de que no solo se protege el secreto profesional, sino también la confianza ciudadana en la Justicia y, por tanto, a la sociedad misma.

¿En qué términos se produce esa conversación con la fiscal jefe provincial?

La relación institucional siempre ha sido muy cordial con la Fiscalía. Yo lo que le solicitó a través de un mensaje es tener una conversación informal y en esa conversación le pregunto si la nota es veraz y si son conscientes de la trascendencia de su publicación, recordando que esto estaba despertando, como no podía ser de otra manera, los fantasmas de la intervención de comunicaciones de Garzón.

¿Por qué establece ese paralelismo con las escuchas en prisión a los abogados del «caso Gürtel» que terminaron costándole la carrera al magistrado?

Porque que la relación entre un cliente y un abogado se basa en la confianza y, también, en el secreto de esas comunicaciones. Y la revelación por parte de la Fiscalía socava el derecho de defensa, que es la piedra angular del Estado de derecho. El secreto profesional no solo es un derecho del abogado, sino que es una garantía del ciudadano y del sistema judicial. Por lo tanto, dinamitar ese principio básico de nuestra Constitución equivale a deshacer los derechos fundamentales de la ciudadanía.

¿Cómo afecta al derecho de defensa que se desvelen las negociaciones para llegar a un acuerdo de conformidad a cambio del reconocimiento del delito?

La divulgación dinamita las posibilidades de negociación entre las partes, que en ese momentos son aproximaciones para valorar un posible acuerdo. Pero una vez hechas públicas esas conversaciones, el acuerdo es imposible porque la confianza se ha roto y, por lo tanto, el procedimiento queda viciado.

[[QUOTE:PULL|||Precedente|||La filtración despertó los fantasmas de la intervención de comunicaciones de Garzón]]

El fiscal general insiste en que esos datos se hicieron públicos para desmentir un bulo y que no se difundió información que no se hubiese publicado ya ¿Eso justifica su divulgación?

Bajo ninguna circunstancia. El deber de confidencialidad y el sigilo profesional no pueden ser relativizados bajo ninguna circunstancia. Desmentir un bulo no es una justificación válida para vulnerar principios fundamentales como el secreto profesional. Es contraviene el artículo 4.5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que es una línea inquebrantable.

La UCO ha constatado que desde la Fiscalía General se filtró la denuncia contra González Amador dos horas antes de trasladársela a su abogado. ¿Recuerda un caso similar en sus años de ejercicio de la abogacía?

Jamás. Es un hecho absolutamente insólito del que no teníamos precedentes hasta la fecha. Más allá del caso concreto, supone una quiebra en la propia confianza de la relación entre abogado y Fiscalía y de la imagen institucional que debe proyectar una de nuestras instituciones esenciales para el Estado de derecho. Porque la Fiscalía es precisamente una de las garantías que tenemos todos los ciudadanos como contrapeso en la defensa de nuestros derechos esenciales. Es algo absolutamente atípico.

La inicial denuncia ha acabado dirigiéndose contra el fiscal general, imputación que respaldó el ICAM. ¿Cree que ese paso al frente terminará pasando factura al Colegio desde el punto de vista institucional en su relación con la Fiscalía?

La factura que no hubiera podido consentir el ICAM habría sido la inacción y convertirse mero espectador ante una vulneración de derechos fundamentales. El ICAM está preparado para cualquier posible respuesta y lo que tiene que hacer es cumplir con su papel de defensa de la legalidad y de los principios constitucionales, de los colegiados y de la sociedad en su conjunto.

¿Cómo cree que afecta a la labor diaria de la carrera fiscal tener al fiscal general investigado por el Tribunal Supremo?

Nos preocupa extraordinariamente, porque estamos ante una devaluación de la imagen publica de una de las instituciones esenciales para el Estado de derecho. Y es que la percepción de la independencia e imparcialidad de la Fiscalía debe ser una máxima de toda la sociedad. Estamos contemplando un aquelarre progresivo de las instituciones más básicas del Estado.

[[QUOTE:PULL|||Consecuencias|||La revelación de la Fiscalía socava el derecho de defensa, piedra angular del Estado de derecho]]

¿A qué se refiere?

Se esta poniendo en tela de juicio la propia independencia judicial. Estamos preocupados también por la falta de entendimiento entre los propios servicios jurídicos de las diferentes cámaras. Tenemos también una designación atípica al frente del Banco de España. Nos preocupa el mantenimiento de la independencia en los medios públicos de comunicación. Y todo en su conjunto es lo que genera las garantías de un Estado de derecho.

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, persona de confianza del fiscal general, ¿es la más adecuada para representar al Ministerio Público en la causa? ¿Cree que su apariencia de imparcialidad queda comprometida?

Respetamos la profesionalidad de la Fiscalía, pero es esencial que cualquier duda sobre posibles conflictos de interés sea despejada. Esa apariencia de independencia e imparcialidad es fundamental para garantizar la confianza en el proceso. Y en este sentido el Colegio estará absolutamente atento al desarrollo del procedimiento para exigir que esa transparencia y neutralidad rijan la actuación del Ministerio Público.

Como profesional del derecho, ¿qué sensación le generó esa imagen inédita de los agentes de la UCO entrando en la sede de la Fiscalía?

Todos pensamos en el derrumbe de la imagen de independencia de la Fiscalía General. Este hecho refuerza además la necesidad de esclarecer esa presunta vulneración del deber de confidencialidad y los indicios que subyacían al incoar las diligencias.

¿Ve indicios suficientes para que el fiscal general sea juzgado?

Indudablemente. Las diligencias practicadas van constatando no solo la existencia de esos indicios iniciales, sino la acumulación de una serie de hechos que refuerzan la tesis inicial del quebrantamiento del deber de sigilo.

[[QUOTE:BLOCK|||

"La Ley de Amnistía es un ataque a la base esencial de la igualdad entre los ciudadanos"

Dos años después de acceder al cargo, da la sensación de que aún mucho por hacer para dignificar el turno de oficio

El turno de oficio es el ADN del Colegio de la Abogacía. Desde su fundación, los 37 abogados que lo fundaron se comprometieron a asistir por turno y rueda a cualquier ciudadano que no tuviera medios para litigar. En el ámbito de la Comunidad de Madrid sí hay un punto de inflexión que es el convenio firmado con la Comunidad, que significa por una parte un incremento del 13% de los baremos hasta el año 2027 y también incorpora por primera vez la retribución de actuaciones que hasta ahora no se venían abonando, y otras medidas como el incremento de la retribución de las guardias en fechas señaladas como Navidad o Fin de Año. Es un paso fundamental para la dignificación del turno de oficio pero no es el final de nuestro compromiso como Colegio de la Abogacía y por lo tanto el ICAM va a continuar reivindicando mejoras estructurales que permitan no solo dignificar el turno de oficio, sino también garantizar un mejor servicio al ciudadano.

El paso de los abogados mutualistas al régimen de la Seguridad Social está generando mucha polémica. ¿Está el ICAM siendo lo suficientemente combativo en este asunto?

Fue el primer colegio de la abogacía en tomar parte activa en la resolución del conflicto de la mutualidad. En su momento nos dirigimos tanto a la Dirección General de Tributos como a la Seguridad Social y a todos los grupos parlamentarios. Después se encargó un informe a María Emilia Casas, expresidenta del Tribunal Constitucional y catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, y de una solvencia profesional indiscutible, y este informe ha supuesto un punto de inflexión indudable en el enfoque de la solución del problema. Al mismo tiempo nos hemos reunido con el secretario de Estado de Seguridad Social y, ayer mismo (el pasado martes) con el presidente del Consejo Económico y Social y el Partido Popular para presentar las enmiendas correspondientes para una solución efectiva al problema. Lo que es imprescindible es que los grupos parlamentarios tengan una altura de miras de Estado para dar una respuesta a un colectivo que no puede quedar en una situación de precariedad incompatible con nuestros principios básicos de subsistencia y dignidad.

El ICAM ha sido muy crítico con la Ley de Amnistía. ¿Por qué era necesario que el Colegio se posicionase con tanta contundencia en contra de su constitucionalidad?

El Colegio tiene como fin la defensa de los principios constitucionales y, también, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y cualquier medida que suponga una vulneración de estos principios o genere desigualdades en el tratamiento jurídico debe ser combatida por el ICAM. Nuestra posición se basa en el respeto al Estado de derecho y la preservación de la Justicia y la legalidad como pilares básicos de la democracia. En el momento en que se produce una quiebra de esos principios constitucionales el Colegio no puede ser un mero espectador sino que debe actuar, fiel al compromiso que tiene con sus fines. Cuando se actúa frente al pacto proclive a la amnistía lo que se está defendiendo es la esencia misma de la democracia. La muerte de las democracias no se produce de modo repentino, sino que su extinción es progresiva a base de la apatía, la indiferencia y la desnutrición. La Ley de Amnistía es un ataque a la base esencial de la igualdad entre los ciudadanos y nuestros principios constitucionales tal y como se ha desarrollado. Cuestión distinta es que hubiera sido propuesta en otro marco, modificada la Constitución por todos los grupos parlamentarios, porque cualquier decisión fruto del consenso tiene cabida en nuestro Estado de derecho.

Casi en el ecuador de su mandato, ¿cuáles son los principales retos del ICAM?

Es fundamental dar una solución justa a nuestros compañeros que están en una situación de precariedad por la mutualidad. El ICAM tiene también el compromiso de mejorar la situación del turno de oficio y hay otros retos fundamentales, como es el proyecto ICAM Universidad, que es un legado para el futuro del Colegio y, también, de la Abogacía.