Golpe a tres bandas

Ya ni disimulan. Aldama se ha presentado en los juzgados con el líder ultraderechista de Desokupa para hacer una declaración contra el Gobierno en la que sigue sin presentar pruebas. El Supremo admite a trámite una denuncia del novio de Ayuso contra la ministra Montero por atentado a su honor. Va p’alante, que diría Miguel Ángel Rodríguez. Una jueza de Badajoz investiga al hermano de Sánchez por la querella de la asociación franquista Manos Limpias sobre un supuesto enriquecimiento, publicado en la prensa, que se ha demostrado falso. PP y Vox también se han personado. Y el juez Peinado sigue abriendo vías, a ver si encuentra algo, en el caso de Begoña Gómez, iniciado por las denuncias falsas de la misma organización de extrema derecha. No necesita encontrar nada, porque ya tiene lo que busca: la pena de telediario. La ultraderecha y la derecha sacan las palomitas y a disfrutar el pim pam pum mediático. 

Basta unir la línea de puntos para ver lo que pasa. Es más que evidente: es un golpe de Estado judicial para derrocar al presidente y su ejecutivo persiguiendo no solo a su partido, también a su familia, por todos los medios políticos, jurídicos y mediáticos. La prensa pone los bulos, los políticos cargan las armas, los jueces las disparan, la prensa recoge los casquillos y vuelta a empezar el tiroteo. El siguiente paso ya lo estamos viendo: los letrados del Congreso aceptan que se admita la proposición no de ley de Junts para pedir a Sánchez que convoque una cuestión de confianza. Puigdemont no necesita al PSOE porque ya tiene la amnistía, necesita a Feijóo y Abascal para resucitar. Es pura estrategia porque solo el presidente puede plantear la cuestión de confianza, pero da igual que no lo haga, ya tienen lo que quieren: debilitar al Gobierno. Otra bala en el techo del Parlamento. 

A diferencia de los golpes militares, los judiciales no tienen que parecerlo. Tienen que parecer lo contrario, una defensa de la ley y el orden frente a un gobierno que pone en peligro la democracia. Cree el conspirador que todos son de su condición. Se manifiestan contra la ley de amnistía antes de que se apruebe, bloquean cinco años la renovación del Poder Judicial, controlan el Supremo por delante y por detrás, quitan y ponen magistrados para proteger a la derecha, se hinchan a abrir causas contra Podemos que quedan en nada, un juez llama “narcisista y psicópata” a Sánchez, pero se hacen los ofendiditos cuando el Gobierno dice que hay lawfare. Al PP rogando y con el mazo dando.

Las pruebas son contundentes, señoría. El hermano de Ayuso se enriquece por un negocio de mascarillas con la comunidad que su hermana preside, pero el investigado es el hermano del presidente del Gobierno por un dinero que no existe. La pareja de Ayuso está acusado de defraudar a Hacienda, pero la que ocupa los medios aún no sabemos por qué delitos es la pareja de Sánchez. El jefe de gabinete de Ayuso filtra los correos de su novio pero el que acaba imputado es el fiscal general por desmentirle. González Amador es un presunto defraudador, pero el Supremo imputa a una ministra que lo comenta públicamente.   

La mafia de las togas quiere ley del silencio para que no hablemos del golpe de estado a tres bandas. La banda política, mediática y judicial. A golpe de mazo y de titular, han convencido a la opinión pública de que la mafia es Sánchez y su familia. Así destruyeron a Podemos, así echaron a Lula y a Dilma. Aquí puede pasar. Si Junts deja caer al PSOE y presiona para que convoque una cuestión de confianza, el presidente puede verse forzado a presentarla y perderla, porque los partidos que le sostienen también son sensibles a los sondeos y a las portadas. La derecha cree que el poder le pertenece legítimamente y que puede violar la legalidad para recuperarlo. Y cuando no lo hacen con pistolas, lo hacen con mazos, bulos y propaganda.