La Audiencia de Barcelona archiva la trama rusa del procés y carga contra la "maniobra irregular" del juez Aguirre

La trama rusa, a la basura. La Audiencia de Barcelona ha estimado los recursos de las defensas del caso y ha revocado la decisión del juez Joaquín Aguirre de seguir investigando las eventuales conexiones del Kremlin con el procés. En una dura resolución, los magistrados afean el “subterfugio procesal” del instructor para mantener abierta la causa, en contra de las instrucciones claras que le habían dado para archivarlo.

A lo largo de 12 páginas, los magistrados no se ahorran reproches a la decisión de Aguirre de mantener abiertas las pesquisas. El encadenado de críticas de los magistrados de la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona al instructor es inusual en una resolución judicial. Más excepcional aún es el propio aviso del tribunal a un compañero de carrera de que si persiste en seguir investigando la trama rusa se puede exponer a “responsabilidades”, que no se concretan si serían disciplinarias o penales. El juez Aguirre ha solicitado jubilarse de forma voluntaria el próximo 15 de enero, a los 66 años de edad.

En su auto, los togados no esconden su enfado por la maniobra que realizó el juez Aguirre para imputar a Puigdemont por la trama rusa, que según la Audiencia de Barcelona supone “un incumplimiento de facto” de la orden del pasado mes de junio para que cerrara el caso.

Los magistrados, de hecho, recuerdan que el juez Aguirre dejó por escrito su maniobra. En el auto del mes de junio por el que imputó a Puigdemont, el instructor reconoció que la orden de la instancia superior “abocaba a un sobreseimiento” del caso y admitió que su decisión de seguir investigando la trama rusa suponía una “solución alternativa a las objeciones” que le había puesto la Audiencia de Barcelona, que le había ordenado terminar con la investigación de la trama rusa y acordar el archivo del caso.

La “solución alternativa” que halló el magistrado fue abrir una pieza separada nueva, a partir de otra distinta a la que le habían tumbado, para investigar los mismos hechos que sus superiores le habían impedido investigar. La Audiencia de Barcelona censura esta maniobra del instructor, que sí contaba con el aval de la Fiscalía Anticorrupción.

Después el instructor envió a Puigdemont al Supremo, aunque el Alto Tribunal, casi medio año después todavía no ha decidido si asume la trama rusa. En cualquier, caso, la decisión de este martes de la Audiencia de Barcelona allana el camino para que el Supremo también dé carpetazo al asunto.

Además de tildar su movimiento de “irregular maniobra procesal”, los magistrados dedican varios párrafos a recordar a que la Constitución y las normas procesales -“que bien conoce el instructor”, insisten- le obligan a cumplir con su orden para archivar la causa. “Sin excusas, y sin que se puedan plantear imaginativas soluciones alternativas procesales no contempladas propiamente en las leyes y que en definitiva burlan la decisión previa del tribunal, lo que constituye un fraude de ley”, asevera la Audiencia de Barcelona.

El auto de Aguirre para seguir investigando la trama rusa supone “un claro y flagrante incumplimiento” de la orden de la Audiencia de Barcelona para que archivara el caso y supone adentrarse en una “investigación prospectiva” prohibida por la ley, advierten los togados.

El reguero de vulneraciones de derechos que provocó el juez Aguirre con su auto para imputar a Puigdemont ocupa varias líneas del auto de la Audiencia de Barcelona. Según zanjan los magistrados, el instructor “incumplió una resolución firme de un tribunal, vulneró el derecho a la tutela judicial, el derecho de defensa, los principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica, así como normas esenciales del procedimiento”. En suma, constituye un “fraude de ley”.

Por si no fuera suficiente, los magistrados se despachan contra los argumentos políticos que incluyó Aguirre en su auto por el que mantuvo abierta la causa de la trama rusa. Reprocha la Sala que Aguirre vertiera “divagaciones sobre cuestiones políticas y filosóficas”, además de “salpicarlas con opiniones puramente personales sobre la evolución histórica del procés”.

La Fiscalía, señalada

Puigdemont consideró que la decisión del juez suponía un delito de prevaricación y se querelló contra el magistrado. Por contra, la Fiscalía apoyó al juez Aguirre y pidió al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que desestimara la querella. Los magistrados de la máxima instancia catalana todavía no han tomado una decisión.

Con todo, la contundencia de la Audiencia de Barcelona supone dejar señalada tanto a la Fiscalía Anticorrupción, que apoyó al juez para mantener abierto el caso, y a la Fiscalía Superior catalana, que respaldó al instructor y pidió archivar la querella de Puigdemont. Cabe recordar que la Fiscalía Superior consideró “razonable” la maniobra que la Audiencia de Barcelona constata que fue un “fraude de ley”. La última palabra la tendrá el TSJC.