El Gobierno abre expediente sancionador a una plataforma de alquiler turístico por negarse a eliminar miles de pisos sin licencia

El Ministerio de Consumo continúa con su cruzada contra las infracciones a los derechos de los consumidores en materia de vivienda. El departamento que dirige Pablo Bustinduy ha notificado este miércoles a una gran plataforma de alquiler turístico la apertura de un expediente sancionador por negarse a retirar anuncios de pisos sin licencia. Esta práctica está considerada como una infracción grave, con sanciones de hasta 100.000 euros o entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido por la misma.

La notificación a la compañía se produce a raíz la investigación sobre plataformas de alquiler turístico que Consumo anunció en junio, tras conocer que un número significativo de viviendas turísticas operaba sin licencia en varias comunidades autónomas y ciudades por todo el país. Según fuentes del Ministerio, la normativa impide hacer público el nombre de la empresa hasta el final del procedimientos y siempre que se confirme la sanción por una infracción muy grave o grave, si además de la cuantía económica se castiga con la publicidad de la resolución.

Tras el inicio de la investigación, la Dirección General de Consumo advirtió a esta plataforma de la “necesidad de retirar de forma inminente miles de anuncios sobre pisos turísticos que contenían publicidad ilícita”. La directriz, señalan fuentes del Ministerio, no se cumplió y la empresa, de la que se desconoce el nombre, mantuvo esas páginas activas en sus dominios. “Ninguna empresa, por grande o poderosa, debe estar por encima de la ley. Tampoco en el mercado de la vivienda”, ha aseverado en su cuenta de X el ministro Bustinduy.

La mayor plataforma de alquiler turístico del mundo es Airbnb, que cuando se anunció el inicio de la investigación señaló en un comunicado que “siempre pide a los anfitriones que certifiquen que cumplen con las leyes locales y que cuentan con los permisos necesarios”. Este tipo de compañías, entre las que se encuentra también Booking o Vrbo, defienden que son meras intermediarias. Desde el sector, se remiten a una sentencia del Supremo, que en 2022 indicaba que “el prestador del servicio de intermediación queda exento de responsabilidad respecto del contenido de la información que transmite, sin perjuicio del deber de colaboración” con las administraciones. En todo caso, fuentes de Consumo admiten este supuesto, pero señalan que la apertura del expediente sancionador se produce después de que la compañía en cuestión se negase a eliminar esos anuncios de pisos turísticos sin registro legal. Es decir, el expediente sancionador no se abre por la publicación del anuncio, sino por negarse a retirarlo.

La proliferación de viviendas de uso residencial destinadas de forma fraudulenta al alquiler para turistas ha tensionado los precios, especialmente en grandes ciudades y zonas costeras. De hecho, desde Consumo señalan que los pisos sin licencia “están siendo comercializados en diferentes comunidades autónomas, lo que podría generar lesiones o riesgos para los intereses de consumidores y usuarios de forma generalizada”.

Solo en Madrid, en abril de 2024 había 12.410 viviendas de uso turístico ilegales. En julio, el Ayuntamiento anunció que había impuesto sanciones de 30.000 euros a 176, apenas un 1,4% del total. Y los anuncios no paran de crecer. Según los datos de la web Inside Airbnb, en octubre se anunciaban en Airbnb, la mayor plataforma de alquiler turístico que opera en España, 1.153 pisos más que en mayo.

Según un mapeo elaborado por la Asamblea de Barrios por el Decrecimiento Turístico (ABDT) de Barcelona, en eta ciudad hay 15.221 alojamientos turísticos anunciados o dedicados al alquiler de temporada en Airbnb. Según los datos de esta organización vecinal, que los ha cruzado con las licencias expedidas por el Ayuntamiento, en muchos casos carecen de licencia válida. Más de la mitad son multipropietarios con licencia para unos si y otros no; el 19,3% utiliza un permiso repetido; y el 13% no ha realizado ningún trámite.

En València, la alcaldesa María José Catalá informó de 266 inspecciones en el primer semestre de 2024, con 449 actas policiales y 278 órdenes de cese. Según la Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV), en la ciudad hay al menos 4.500 apartamentos turísticos ilegales.

Si las autoridades locales y autonómicas tienen capacidad sancionadora sobre las viviendas que incumplen la normativa, Consumo puede hacer lo propio sobre las compañías. No obstante, el expediente sancionador no supone en si mismo una sanción. Ahora comienza el periodo de instrucción y, en caso de concluir que hay prácticas ilícitas, la Dirección General de Consumo propondrá que se eleve la sanción a la Secretaría General, que emite la resolución definitiva. Después, la empresa tiene la opción de presentar un recurso de alzada ante el ministro Bustinduy, que tiene la última palabra.

Este es uno de los tres procedimientos en materia de vivienda que el ministro Bustinduy ha puesto en marcha en los últimos meses. La semana pasada, Consumo anunció una investigación a los grandes gestores de pisos turísticos por posibles prácticas fraudulentas, relacionadas con hacerse pasar por propietarios particulares. En octubre, hizo lo propio con inmobiliarias que se enfrentan a multas de hasta un millón de euros por cobrar comisiones ilegales.