Acabó ayer el periodo de sesiones, sus señorías cesan en su actividad hasta el mes de febrero (sólo se reunirán varias comisiones) y la sensación con la que finalizó el último pleno del añ o en las Cortes de Castilla y León fue la de caos. Todo a cuenta de la designación de la terna que ha de presentar la Cámara para cubrir una plaza de magistrado en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Lo que hasta ahora se había hecho con el acuerdo, al menos, de los dos grupos mayoritarios (PP y PSOE) en esta ocasión no fue posible. De hecho, no hubo ni contactos, de forma que aye r llegó al hemiciclo la terna propuesta por los populares formada por los magistrados Isabel Durán Seco, Luis Gonzaga de Toledo y Germán Carreño Álvarez. Fue la única que se sometió a votación y salió aprobada en medio de la confusión de los grupos parlamentarios de la oposición por la interpretación del resultado y por las dudas que el propio presidente de las Cortes mostró sobre la forma de llevar a cabo la votación. La propuesta del PP salió adelante con 31 votos a favor (únicamente los suyos) y 35 en contra, los del PSOE, UPL-Soria ¡Ya! y Grupo Mixto, ya que los parlamentarios de Vox se ausentaron al no estar de acuerdo con que un Parlamento designe a los magistrados. La votación resultó un auténtico follón en la que si algo se evidenció es que no estaba clara la forma de votar y si el resultado era por mayoría simple, cualificada o la que finalmente se aplicó. De hecho, antes de que se procediese a pulsar el botón del sí o del no, la portavoz adjunta del Grupo Socialista, Rosa Rubio, preguntó por esos extremos, lo que provocó un pequeño parón en la sesión para consultar al Letrado Mayor que, a su vez, hizo las oportunas indagaciones. El portavoz popular, Ricardo Gavilanes, aclaró en otro momento que la votación sería secreta y saldría adelante «la terna más completa», sin necesitar quorum. Finalmente, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, aseguró que el procedimiento sería «como fue aprobado en la Junta de Portavoces» y puntualizó que «en base a los votos favorables». Así que cuando afirmó que quedaba aceptada la terna, el revuelo fue monumental en las filas de la oposición que aseguraron no comprender cómo era posible al haber más noes que síes. Fuentes de la Presidencia de las Cortes explicaron después que el resultado de la votación estaba avalado por una resolución de 1999 y por el acuerdo de la Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces de la semana pasada que sirvieron para ordenar el pleno. Entonces se estableció que se leerían las ternas presentadas y en la votación ordinaria resultaría elegida la más apoyada, repitiéndose la votación en caso de empate. Entienden en la Presidencia que bastaría con obtener un único voto a favor para que la propuesta salga elegida si no hay más listas. Sería el mismo procedimiento que se aprobó en esta legislatura para la elección de los senadores autonómicos. En la oposición, sin embargo, no daban crédito a lo ocurrido. El portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, se mostró «desconcertado» y anunció que presentará un recurso ante el presidente de las Cortes e incluso estudiarán si ha incurrido en responsabilidades judiciales al dar por aprobada una propuesta con el voto negativo de la mayoría de los presentes en el hemiciclo». «Han hecho una cacicada sin precedentes con un asunto tan sensible», lamentó Tudanca, que acusó a PP y Vox de haber convertido el Parlamento «en un circo» y se preguntó por los «oscuros intereses que tendrán los populares». «Se han saltado las normas y las leyes de la democracia. Pido una absoluta e inmediata rectificación por parte del PP y Vox», señaló, al tiempo que no descartó que de anularse la votación, el asunto tenga que volver al pleno, que, por cierto, no se votaba desde 2006. Los de Abascal no estaba en el hemiciclo cuando sucedieron los hechos porque doce de sus trece procuradores lo abandonaron, ya que el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, es, curiosamente, de Vox. De hecho, el portavoz Juan García-Gallardo, explicó la desbandada en su decisión de «no participar en el reparto de los jueces» ya que «estamos en contra de la colonización por parte de los partidos políticos de instituciones que deberían ser independientes y que ahora mismo en España no lo son». Reconoció, además, que el PP «quiso que particípasemos en su propuesta y nos hemos negado».
