Consejo Fiscal alerta que Presupuesto 2025 no estaría equilibrado
La reciente oficialización del Presupuesto Público para el año fiscal 2025 trajo una serie de críticas de especialistas y entidades expertas en la materia. Precisamente, desde el Consejo Fiscal (CF) advirtieron, a través de un pronunciamiento, que dichos recursos no “estarían equilibrados, como lo exige la Constitución”.
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En primera instancia, explicaron que la fórmula original del Poder Ejecutivo para el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del próximo año no fue consistente con "la real capacidad de generar ingresos fiscales y con las metas de endeudamiento expresadas en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) vigente".
Respecto a otros factores de riesgo, el CF expresó su inquietud por el aumento en el rubro de personal. Evidenciaron que el incremento de S/3.7 millones, que excede lo proyectado en remuneraciones por el MMM (S/2.2 millones), es incongruente y que este tipo de gastos ya ha mostrado aumentos históricamente elevados en el 2023 (S/7.000 millones). Se estima que alcanzará los S/5.9 millones en el 2024.
De igual forma, señalaron que las iniciativas de ley introducidas por el Parlamento afectan la capacidad para recaudar ingresos tributarios y generan nuevas obligaciones de gasto público. En esa línea, advirtieron que estas medidas podrían ser inconstitucionales, lo cual abre una vía para que el Gobierno presente demandas en resguardo del balance presupuestario y la sostenibilidad fiscal.
“Posteriormente, durante el proceso de debate y aprobación en el Congreso de la República, se realizó una recomposición de la asignación presupuestal que incrementa las rigideces fiscales al continuar, entre otros, priorizando el gasto en remuneraciones en detrimento de la inversión pública ”, agregaron.
En otra muestra de la inconsistencia del presupuesto para el año 2025 con la disciplina fiscal, desde el CF arguyen que se han agregado 120 disposiciones complementarias finales adicionales a lo que establecía el proyecto original del Ejecutivo. “Por lo menos, 102 de estas disposiciones generan nuevas obligaciones de gasto y la mayoría no cuentan con una cuantificación de su costo fiscal”, concluyeron.