Donald Trump recrudece su inquietante guerra contra la prensa

En la actual gira de la venganza de Donald Trump, los medios de comunicación están en el punto de mira. “Debería haber sido otra persona o el Departamento de Justicia pero voy a hacerlo yo”, dijo el lunes el presidente electo. “Cuesta mucho dinero hacerlo, pero tenemos que arreglar la prensa”, añadió. “Nuestra prensa es muy corrupta; casi tan corrupta como nuestras elecciones”.

Este mismo lunes, una estudiante de 15 años mataba a dos personas en Wisconsin, hería a otras seis y terminaba quitándose la vida con una pistola de nueve milímetros.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos otorga la misma protección constitucional a las armas de fuego que a la libertad de expresión y culto. Pero en el mundo Trump, las armas y la segunda enmienda molan; la prensa, no tanto.

Horas después de la rueda de prensa y del tiroteo, el presidente electo se puso manos a la obra sin perder un segundo presentando una demanda contra el periódico Des Moines Register, contra su matriz Gannett, y contra la encuestadora política J Ann Selzer por una encuesta de opinión publicada antes de las elecciones en la que Kamala Harris le ganaba por tres puntos en Iowa (47% para Harris frente a 44% para Trump). 

El día de las elecciones, Trump ganó en Iowa con una ventaja de dos dígitos. Con ese dato, la demanda alega que los acusados violaron las leyes de Iowa de fraude al consumidor y cometieron una injerencia electoral. Trump, que no es conocido por su precisión, se embarcó en otra fantasía a través de sus abogados. “Las elecciones del 5 de noviembre fueron una victoria descomunal para el presidente Trump, tanto en el colegio electoral como en el voto popular, una representación apabullante para sus principios de America First”, decía el alegato.

Eso no es cierto. De acuerdo con los números reales, el margen logrado por Trump en el voto popular fue de 1,48 puntos. Recibió menos de la mitad de todos los votos, por los votos a terceros y por las papeletas en las que los electores escriben nombres de candidatos que no se presentan. Los márgenes de victoria de Joe Biden, Barack Obama y Bill Clinton fueron más amplios.

Estamos ante el mismo Trump que insinuaba una y otra vez que Obama había nacido fuera de EEUU. El mismo Trump que tiene que pagar más de 85 millones de dólares a E. Jean Carroll [unos 82 millones de euros] tras perder dos demandas civiles por difamación y por abuso sexual presentadas en un tribunal federal de Manhattan.

Su mensaje sigue siendo claro: hay que arrodillarse, o afrontar las consecuencias. 

Ceder a la presión

Algunos medios de comunicación ya están asumiendo lo que significa Trump. Días después de las elecciones, 'Morning Joe' Scarborough y su esposa y copresentadora Mika Brzezinski corrieron a Mar-a-Lago para una entrevista con Trump demostrando que el tiempo y el miedo lo curan todo. En 2017, Trump llamó “psicópata” a Scarborough y arremetió contra Brzezinski. “Mika, la loca de bajo coeficiente intelectual”, dijo, haciendo un chiste sobre ella por haber “sangrado mucho con un lifting de cara”.

Luego está ABC News. La cadena llegó hace poco a un acuerdo por el que se comprometía a pagar 15 millones de dólares a Trump [unos 14,4 millones de euros] para resolver una demanda por difamación. La primavera pasada, George Stephanopoulos, el presentador de su programa dominical, había dicho en varias ocasiones que Trump era culpable de violación, cuando la realidad era que el jurado lo había declarado culpable de abuso.

Pero hay más. En agosto de 2023, Trump perdió su contrademanda por difamación contra E. Jean Carroll. Desestimando la contrademanda, el juez de Nueva York Lewis A. Kaplan explicó que las palabras de Carroll al decir que Trump la había violado eran “sustancialmente ciertas”. El juez también pormenorizó las razones que justificaban por qué era posible decir que Trump violó a Carroll.

Stephanopoulos dijo en mayo que las intimidaciones no lograrían que dejara de hacer su trabajo. Pero tanto él como la cadena ABC han expresado “arrepentimiento” por la elección de palabras. Se mire como se mire, la cadena ABC ha cedido ante la presión y es de esperar que el presidente electo se envalentone.

Trump también ha interpuesto una demanda de 10.000 millones de dólares contra la CBS [unos 9.600 millones de euros] por la supuesta manipulación de una entrevista con Kamala Harris en el programa 60 Minutes. Pendiente de tramitarse en un tribunal federal de Texas, la demanda también se basa en la ley estatal de fraude al consumidor. La cadena CBS solicitó a principios de diciembre que el caso fuera desestimado.

¿El fin de una sentencia histórica?

Pero el premio final para Trump y sus aliados es lograr que deje de servir como precedente el caso 'New York Times' contra Sullivan, una sentencia unánime del Tribunal Supremo que en 1964 marcó un hito para la libertad de prensa. Quieren suprimir la exigencia de demostrar “malicia real” y que los personajes públicos requieran una carga de prueba menor para enfrentarse a la prensa. El hecho de que haya transcurrido más de medio siglo desde la decisión no significa nada.

“Decisiones políticas disfrazadas de derecho constitucional”, ha dicho el juez conservador del Tribunal Supremo Clarence Thomas sobre el caso Sullivan y los que le siguieron. Más sutil, el también conservador juez Neil Gorsuch sostiene que la llegada de la televisión por cable, de Internet y del ciclo de noticias 24/7 justificaban revisar la exigencia de demostrar “malicia real”.

“En 1964, el Tribunal pudo haber considerado que el criterio de la malicia real era necesario para garantizar que las voces disidentes o críticas no quedaran excluidas del debate público”, argumenta Gorsuch. “Pero si esa justificación tenía peso en un mundo donde comparativamente había pocas plataformas para la expresión, su peso es menos evidente en un mundo donde todo el mundo lleva una tribuna en la mano”.

Todo esto nos lleva de nuevo a la ofensiva de Trump contra Des Moines Register, y es que lo que es bueno para unos es bueno para todos. En los últimos días de septiembre, a pocas semanas de las presidenciales, emergió la noticia de que la empresa de sondeos Rasmussen Reports había compartido datos de sus encuestas con altos cargos de la campaña de Trump. Según los periodistas de American Muckrakers y de New Republic, un correo electrónico había dejado al descubierto la “estrecha colaboración entre el equipo de campaña de Trump, Rasmussen y el Heartland Institute”, una ONG clasificada como 501(c)3 [uno de los tipos de organizaciones sin ánimo de lucro de los EEUU], lo que podría representar un problema legal y un quebradero de cabeza. Darle la vuelta al argumento es lo normal. Sin darse cuenta, es posible que Trump haya abierto una puerta para ir contra sus amigos.

--

Lloyd Green es abogado en Nueva York y trabajó en el Departamento de Justicia de EEUU de 1990 a 1992.

Traducción de Francisco de Zárate.