Humor, crítica y poder
La libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia madura y un derecho humano indispensable en un Estado de derecho. En este contexto, el retiro de la publicidad de los estatales Kölbi y Banco Popular del segmento paródico de El Chinamo, plantea interrogantes profundas sobre la censura a la crítica, la influencia del poder político y la salud democrática del país.
Como es conocido, el segmento denominado “El Chinaoke” utilizó el humor y la sátira para abordar problemáticas nacionales como la inseguridad o el alto costo de vida, los cuales son temas de interés público que afectan a la ciudadanía.
Sin embargo, la decisión de estos dos entes de retirar su pauta obliga a pensar en un vínculo más cercano a un descontento con matiz político, que a un discurso oficial acerca de los valores, que, por cierto, no parece sostenerse muy sólidamente. Esto genera cuestionamientos sobre la tolerancia de ciertos sectores hacia el disenso público.
Censura velada
Al mismo tiempo, el retiro de dicha pauta refuerza la preocupación de que estas acciones puedan ser percibidas como un intento de censura velada, disfrazada de decisiones comerciales.
Autores como Mark Conard analizan cómo el humor tiene la capacidad de exponer contradicciones inherentes en el discurso político, proporcionando una herramienta crítica para desmontar narrativas hegemónicas, ingrediente saludable de una democracia. Otros como Aeon Skoble destacan que la sátira fomenta una forma de compromiso ciudadano que obliga a reflexionar sobre el poder y sus abusos.
Estas ideas resaltan cómo el humor no solo entretiene, sino que también desempeña un papel vital en la construcción de una opinión pública informada y crítica, y no una ofensiva contra un supuesto marco generalizado de valores.
Este caso invita a reflexionar sobre el equilibrio entre el poder y la libertad como un valor de derechos humanos. En democracias consolidadas con Estados de derecho robustos, la crítica humorística no solo se tolera, sino que se valora como un mecanismo indispensable para equilibrar el poder y enriquecer el debate público. Pensemos en otros contextos, como Estados Unidos con el programa Saturday Night Live; España como El Intermedio o México con El Pulso de la República.
Sensibilidad excesiva
Sin embargo, en contextos como el costarricense, estas reacciones institucionales evidencian una sensibilidad excesiva hacia el cuestionamiento, lo que sugiere una falta de madurez democrática, en el mejor de los casos. Más allá de la decisión puntual de retirar publicidad, el mensaje implícito es alarmante: un espacio abierto al público puede ser castigado por emitir críticas.
El caso también refleja cómo las instituciones estatales, al tomar estas decisiones, pueden comprometer su autonomía y credibilidad. En lugar de fortalecer el pluralismo y el debate, estas acciones generan un efecto inhibidor que limita el ejercicio de la libertad de expresión. Este fenómeno no solo afecta a los medios de comunicación, sino que también envía una señal preocupante a la ciudadanía sobre los riesgos de disentir.
Es crucial entender que la libertad de expresión no puede reducirse a un derecho abstracto; debe ser defendida activamente en todos sus registros, incluyendo el humor y la sátira. En una democracia verdaderamente pluralista, estos formatos son más que herramientas de crítica: son vehículos para la inclusión de voces diversas y para el fortalecimiento del debate público. Ante este contexto, el reto para Costa Rica no es solo tolerar la crítica, sino integrarla como un componente esencial de su identidad democrática.
Este caso es un reflejo de tensiones más profundas en torno a la relación entre poder, crítica y democracia. Si se aspira a construir un Estado de derecho robusto, es imperativo garantizar que la libertad de expresión, en todas sus formas, sea protegida contra presiones externas. Solo así se podrá avanzar hacia una democracia que no solo se proclame libre, sino que lo sea en cada uno de sus actos.
josedaniel.rodriguez@ucr.ac.cr
El autor es politólogo, especializado en estudios avanzados en derechos humanos y profesor de la Universidad de Costa Rica.