Ni en la corta historia de la democracia española ni entre nuestros países vecinos cabe imaginar un jefe de gobierno que se marcha al extranjero para reunirse con un prófugo de la Justicia procesado por malversación, con el fin de atenderle en sus exigencias políticas y legales. La sumisión del Estado al delincuente supone un nivel de indignidad y corrupción que no entra en cabeza alguna. Salvo en la de Sánchez y en la de sus votantes, a los que ya está preparando para el día que tenga lugar la foto del oprobio. Hacer digerible tal corrupción institucional le obliga a cortocircuitar cualquier riesgo de corrupción de corte judicial. Por eso ha perdido dos secretarios de Estado de Comunicación en...
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