El inminente regreso de Donald Trump a la Casa Blanca tiene a las organizaciones de migrantes en pie de lucha. Además de elaborar una serie de propuestas para proteger sus derechos y mejorar sus condiciones laborales, los latinos avecindados en Estados Unidos plantean realizar movilizaciones y lanzar una ofensiva política.Activistas, votantes y analistas coinciden en que los 45 congresistas estadunidenses de origen latino y los seis representantes legislativos de la diáspora en México, deben plantar cara al próximo presidente de los Estados Unidos y empujar nuevas leyes. Hicieron de las causas migratorias su capital político, llegó la hora de pasar a la acción.“Queremos que se pongan a trabajar”, resume Jaime Lucero, presidente de la organización estadunidense Fuerza Migrante, sobre el papel que debería jugar el Caucus Hispano, como se le conoce al grupo de legisladores de este origen.En entrevistas con MILENIO, Lucero y algunas de las principales voces de migrantes afectados y defensores de derechos humanos, exigen por lo menos diezcambios legislativos y políticos de urgencia.En Estados Unidos:Leyes que impidan deportar a personas que no amenazan la seguridad pública y mantienen una vida productiva.Devolver impuestos a los deportados que pagaron al fisco del país sin poder deducir.Crear redes de abogados que vigilen el debido proceso.Permisos de trabajo a indocumentados que tengan más de cinco años cumpliendo al fisco y sin antecedentes penales.Encabezar la resistencia civil con marchas y boicots.En México:Etiquetar un porcentaje de los impuestos que pagan las remesas por consumo (que va a dar a las arcas del gobierno) y con este dinero, crear programas que beneficien a retornados.Obligar a los gobiernos federal, estatal y municipal a que un porcentaje de las compras se hagan a empresas creadas por repatriados.Que la SEP contrate a deportados como maestros de inglés y a otros profesionistas para proyectos de infraestructura.Burocracia cero para documentar a deportados.Bloquear la injerencia del crimen organizado en la contratación de trabajadores temporales que van a Estados Unidos con visas H2A y H2B y arrebatarle el control territorial para la migración irregular.Congresistas dormidos en sus laureles “Los políticos latinos deben acercarse más a la comunidad porque la falta de empatía provocó que muchos votantes latinos se fueran con Trump, como vimos en las pasadas elecciones”, precisa el activista Jaime Lucero sobre el papel de los congresistas demócratas en los últimos años.De acuerdo con un análisis del Fondo Educativo NALEO (Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados), en las elecciones del 5 de noviembre el número de legisladores de origen hispano –principalmente mexicanos– en la Cámara de Representantes cayó de 48 a 45 en un total de 435 curules y, aunque sumó dos más para quedar con siete en el Senado, apenas tienen el 10 por ciento en ambas cámaras.Analistas de la relación México-Estados Unidos como Gonzalo Santos, catedrático de la Universidad Estatal de California en Bakersfield, coinciden con los activistas:los políticos latinos, principalmente los demócratas que son los más –28 en la Cámara de Representantes y tres en el Senado–, se han dormido en sus laureles y su retórica.“Antes metían mucha presión y su activismo se vio reflejado en las acciones y protestas del 2006”, recuerda Santos sobre el año en que millones de indocumentados salieron a las calles para exigir la regularización.Aquellas manifestaciones, recuerda, derivaron en diversas iniciativas que posteriormente frenaron los republicanos a través de múltiples estrategias. Finalmente, Joe Biden endureció las políticas para frenar los cruces fronterizos.“Desde el 2014 el Coucus Hispano demeritó y cedió al establishment demócrata”, revisa el catedrático Santos.“Se han replegado a apoyar todo lo que sale de la Casa Blanca y, en los últimos tiempos, se replegaron completamente a apoyar la campaña de Biden, y luego de Kamala Harris, sin pedir nada a cambio”.Y de este lado, nada que contarEn México, el grupo legislativo migrante también perdió curules en las elecciones de este año en la Cámara de Diputados.Pasó de controlar 10 sitios de la bancada a seis, tras un mediocre desempeño entre 2021 y 2024, de 74 iniciativas que presentaron se consolidaron seis y sólo una con impacto masivo: la eliminación de la apostilla.Entre la comunidad migrante surgió descontento porque era la primera vez que tenían representantes en su país de origen y ellos no lograron convencer a los otros legisladores de la importancia de sus iniciativas, más bien, se dedicaron a apoyar la agenda de sus partidos.“AMLO desapareció todos los programas de apoyo a los retornados y los diputados migrantes no pudieron reinstalarlos”, recuerda Juan Carlos Guerrero, presidente del Consejo de Minorías quien descubrió en su momento las artimañas de partidos políticos para colocar a candidatos como migrantes aunque no lo eran.Para esta nueva legislatura, Guerrero exige, como representante de la organización, que se apoye la creación de pequeñas y medianas empresas a través de una ley que obligue a los gobiernos federal, estatal y municipal a designar un porcentaje de sus compras a compañías encabezadas por las minorías.“Serían proveedores encabezados por migrantes, indígenas y personas con discapacidad”.Desde impuestos hasta resistencia civil “Somos pocos, pero la importancia del tema requiere que los demás diputados nos apoyen”, destacó Aniceto Ortega, actual legislador por Morena, quien reside en California.“Nuestro trabajo es defender a los migrantes, hay que inventar programas que ayuden”.Si el presidente republicano cumple su promesa de repatriar a más de un millón de indocumentados en 2025, México sería el principal receptor de retornados, con alrededor de 600 mil, es decir 40 por ciento del total, por lo que se necesitaría mucho dinero para hacer frente a las necesidades de documentos y empleo.Para empezar, la mayoría de los migrantes en Estados Unidos sólo tienen identificaciones que emiten los consulados, como pasaportes y matrículas, los cuales no son reconocidos en las instituciones bancarias, las clínicas ni los hospitales.Además, en las escuelas públicas aún hay desconfianza para recibir a los niños de nacionalidad estadunidense o con doble nacionalidad.“Necesitamos una gran campaña de información dentro de la burocracia”, reconoce el diputado plurinominal Aniceto Polanco Morales.“Tenemos que cambiar las reglas operativas de los servicios públicos para hacerlas más flexibles”.Propone para ello que un porcentaje de los impuestos que le quitan a las remesas por consumo se etiqueten a programas especiales para atender a la migración de retorno y a sus familias.“¡Se imagina lo que haríamos con el 16 por ciento que se paga sólo de IVA de los 70 mil millones de remesas en México!”, argumenta.El beneficio que sacanlos respectivos gobiernosdel trabajo de los migrantes –sin retribución– siempre ha sido uno de los dolores de cabeza de la diáspora.Para la migrante poblana Rosa Martínez, esto se solucionaría si el gobierno norteamericano deja atrás la hipocresía y “reconoce públicamente que necesita a los trabajadores”, porque mientras deja que limpien sus casas y oficinas, no los respeta ni en público ni en privado.Cuando los expulsa del país, no les devuelve ni un solo centavo de lo que les quita en impuestos, aunque sean generados con papeles falsos o con el ITIN, el número de identificación fiscal que recorta su salario sin derechos de salud ni retiro.“Lo que queremos, al menos, son permisos de trabajo: nos ayudaría a deducir los ‘taxes’”, dice Rosa López en entrevista con MILENIO vía telefónica desde Queens, Nueva York, donde trabaja en la limpieza desde hace 25 años.Agrega que ayudaría además a “no tener miedo, a no escondernos, estaríamos más tranquilos, con mejores trabajos, incluso en la ciudad, y con seguro médico”.Cambiar el discurso: los migrantes son valiososEn Nueva York, otros como ella piden a los legisladores de ambos países defender el discurso de que los migrantes salvaron la vida de millones en la pandemia en la primera línea, que sus hijos son soldados, científicos, brokers en la bolsa de valores; que mantienen las fábricas y los campos.En resumen, que cambien el lenguaje y haga corresponsable a Estados Unidos porque son sus ciudadanos quienes contratan a indocumentados y el propio Estado facilita la apertura de empresas sin importarle la condición migratoria del contribuyente.“Lo primero que se tiene que pelear a nivel legal es que se reconozca a los indocumentados como trabajadores (…) podría hacerse en la renegociación del T-MEC (en 2026)”, sugiere Jorge Mújica, activista de la Coalición de Migrantes Mexicanos con sede en Chicago y ex diputado suplente en México.“Pelear por la ciudadanía no es la única opción, podría crearse una categoría especial, una residencia por trabajo con la opción de renovarse cada cinco años si pagan impuestos y tienen empleos o lo generan, [para poder] abrir la posibilidad de aspirar a un mejor estatus”.Por ahora se prevé que los líderes latinos tendrían dentro del Departamento del Trabajo a una activista aliada. Para sorpresa de muchos, Trump nombró a Lori Chavez-DeRemer, una ex legisladora en Oregón de raíces mexicanas para encabezar esa cartera.En su historial, Chávez-DeRemer destaca su defensa por la Ley PRO, legislación que facilitaría la sindicalización a nivel federal que no se consolidó por la oposición republicana, pero atrajo la confianza en gremios con alta presencia latina como el del acero, los carpinteros y camioneros.En sentido contrario a la propuesta de permisos laborales para migrantes, el catedrático Lucero Santos, de la Universidad de California, considera que los objetivos no deben ser menores a una Reforma Migratoria integral.“Se podrían juntar los líderes latinos y el Caucus Hispano y sacar una senda carta pública y exigir al presidente Biden que, así como anda perdonando a su hijo por crímenes, dé un indulto a los migrantes y, si no lo hace, deben dejar bien claro que habrá desobediencia civil, huelgas y todo tipo de boicots. Que no se quedarán con los brazos cruzados”.Entre deportaciones y permisos de trabajoEstados Unidos ha incrementado cada año el número de solicitudes de trabajadores a través de las visas H2A para trabajo agrícola y H2B para oficios que emplearon principalmente a mexicanos, a la par de las deportaciones que empujaron los tres últimos presidentes.En los últimos años de la administración de Barack Obama se autorizaron 415 mil 231 permisos para empleo temporal; Trump incrementó a poco más de 577 mil y Biden sumó 865 mil 860, en un camino irreversible hacia la contratación legal y temporal.“Lo que va a suceder con las deportaciones en masa es inflación y escasez y eso generará presión para que crezcan los permisos de trabajo legal”, observa el ex diputado Agustín Barrios Gómez, integrante del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales.“Así Trump cumplirá su promesa y habrá una nueva camada de migrantes con permisos de trabajo, y entonces México tendrá un reto que parece tan imposible como ideal: que le quite al crimen organizado el control territorial del país”.Organizaciones binacionales como el Centro de Derechos del Inmigrante denuncian que la falta de acuerdos formales entre México y Estados Unidos para el reclutamiento de trabajadores hizo que esta función quedara en manos de intermediarios, quienes a su vez fueron sometidos por los cárteles que tomaron el control en algunas zonas.Mientras tanto la generación de empleos –pero en México– tiene prioridad. Previo a la toma del poder de Trump el 20 de enero, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó que al corte de noviembre se había ordenado la deportación de 1.5 millones de migrantes que agotaron sus recursos legales para evitarlo.“Habrá hambre si el gobierno mexicano no hace algo y lo urgente es empleo”, observa Barrios Gómez, quien sugiere abrir de inmediato la posibilidad de contratación en infraestructura y el sector energético.Israel Concha, fundador de la organización de repatriados New Comienzos, recuerda que en los últimos dos sexenios se ha empujado sin éxito la contratación de deportados como maestros de inglés en la Secretaría de Educación Pública y la certificación en otras áreas para que se reconozcan sus habilidades en la iniciativa privada.“Volvemos a tocar la puerta, porque hay mucho talento entre estos migrantes”, resume Concha.
