¿El estado de emergencia en Lima funciona? Solo en 4 distritos disminuyeron las denuncias por extorsión
En medio del estado de emergencia declarado en Lima, la problemática de la extorsión sigue siendo un tema preocupante para las autoridades y la ciudadanía. A pesar de las medidas implementadas, los datos del Sistema de Denuncias de la Policía Nacional del Perú (PNP) revelan que, de los 14 distritos incluidos en la medida, solo San Juan de Lurigancho, Santa Rosa, Rímac y Puente Piedra han experimentado una baja en las denuncias.
En contraste, otros distritos como Lurigancho, Ancón y La Victoria han visto un aumento en los reportes de extorsión, lo que plantea dudas sobre la efectividad de estrategia que implementó el gobierno. Por si fuera poco, la situación se complica cuando se considera la desconfianza actual que sienten los ciudadanos frente a las medidas que toma el Gobierno.
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Solo 4 distritos disminuyeron denuncias por extorsión
De acuerdo con el Sistema de Denuncias de la Policía Nacional del Perú (PNP), se ha registrado una disminución en los casos de extorsión en cuatro distritos de Lima Metropolitana, los cuales son los siguientes:
- San Juan de Lurigancho
- Santa Rosa
- Rímac
- Puente Piedra.
Sin embargo, otros distritos han registrado un aumento significativo en la actividad delincuencial por casos de extorsión. Estas zonas de Lima son las siguientes:
- Lurigancho
- Ancón
- Villa El Salvador
De este modo, la desigualdad en la efectividad de la medida sugiere que no está funcionando de manera uniforme en la capital limeña. La reducción de denuncias en algunos distritos podría no reflejar una disminución real de la criminalidad, sino más bien una falta de confianza en el sistema judicial y en la PNP. La percepción de ineficacia de las autoridades puede estar llevando a las víctimas a abstenerse de denunciar, lo que complica aún más la situación de seguridad.
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Ciudadanos desconfían en la Policía Nacional del Perú
Un reciente informe del Boletín Informativo Estadístico de la Policía Nacional del Perú (PNP), que abarca el periodo de enero a octubre de 2024, revela un alarmante nivel de desconfianza de los ciudadanos hacia el sistema judicial y las fuerzas del orden. Según los datos, un abrumador 87% de los peruanos expresa desconfianza en los jueces, mientras que un 86% siente lo mismo respecto a los fiscales del Ministerio Público. La situación es igualmente preocupante en el ámbito policial, donde el 66% de la población no confía en los efectivos de la PNP.
Esta desconfianza hacia la institución policial se ve alimentado por numerosas denuncias públicas que involucran a agentes de la PNP en conductas inapropiadas e incluso delictivas. En varios casos, se ha evidenciado la participación de policías en actividades criminales, colaborando con organizaciones dedicadas a la extorsión, lo que agrava aún más la percepción negativa de la ciudadanía hacia las autoridades policiales.