Inspección de Trabajo amonesta al Gobierno de Mazón por poner en "riesgo laboral grave" a sus empleados en la segunda DANA

La Inspección de Trabajo ha amonestado a la Generalitat Valenciana por no haber avisado de manera adecuada y masiva a sus empleados para que no acudieran a sus puestos de trabajo el pasado 14 de noviembre, cuando Aemet decretó la alerta roja por fuertes lluvias ante una segunda DANA y con la Comunitat Valenciana aún en nivel 2 de Emergencia por la catastrófica DANA del 29 de octubre. El inspector que firma el requerimiento hecho al Gobierno de Carlos Mazón asegura que se puso en “riesgo grave e inminente” a los funcionarios que acudieron a sus puestos de trabajo de la administración autonómica en los municipios afectados.

Al contrario de lo que hiciera el Gobierno valenciano el 29 de octubre, el día 13 de noviembre la Generalitat sí que suspendió las clases, las actividades deportivas y el cierre de los centros de día en las zonas afectadas. Además, reseña el informe de la Inspección de Trabajo, ese día se había recibido “por toda la población residente en las zonas afectadas por la alerta roja entre una y dos alertas de Protección Civil, en concreto del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, a través del sistema de alerta Es-Alert”. Este sistema es el que no se activó hasta las 20.11 horas del pasado 29 de octubre y que habría salvado muchas vidas.

Según explica el requerimiento en poder de este periódico, la Dirección General de Función Pública —en esos días bajo la tutela de la consellera de Hacienda, Ruth Merino, ahora dependiente de Justicia— no colgó en su página web hasta las 22:23 del día 13 de noviembre el aviso de emergencia de que el día 14 de noviembre se redujera al máximo el movimiento de los empleados públicos. Ni un correo electrónico masivo ni un aviso de los superiores. Y eso es lo que afea la Inspección de Trabajo.

“Aunque la unidad administrativa inspeccionada hace constar en su correo electrónico que esta circular se publicó en la página web de la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública —y se ha comprobado que efectivamente está publicada en la página—, se desconoce el momento en el que dicha circular se puso en conocimiento de las personas destinatarias de la misma, pero, en cualquier caso, la inacción de la unidad administrativa inspeccionada, que no reacciona hasta las 22:23:26 del día 13 de noviembre de 2024, provocó que las personas destinatarias no fueran conocedoras de esa medida, al menos en su gran mayoría, y que, en todo caso, se trasladara a las mismas la responsabilidad de ser conocedoras de esa medida mediante la visita a esa página web cuando es la propia Administración autonómica la que, en su condición de empleadora, la que tiene que responsabilizarse de ello adoptando un comportamiento proactivo y no reactivo como ocurrió”, argumenta el inspector.

En ese sentido, añade: “La redacción de la circular en la hora indicada y sin que se diese la publicidad necesaria y con la antelación exigible, colocó a las empleadas y empleados públicos en la situación de riesgo grave e inminente en los términos establecidos en el artículo 21 de la LPRL, en relación con el artículo 41 del Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, teniendo en cuenta que la alerta roja se había declarado a las 18:16 horas del día 13 de noviembre de 2024 y que se habían recibido por toda la población residente en las zonas afectadas por la alerta roja entre una y dos alertas de las autoridades de protección civil, en concreto, del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana, a través del sistema de alerta ES-Alert”.

El primero de ellos advirtió a 163 poblaciones de la previsión de fuertes lluvias en las próximas horas, mientras que el segundo aviso se dirigió a la veintena de poblaciones más impactadas por la DANA del 29 de octubre de 2024 informando de que, atendiendo a la vulnerabilidad de la zona y la acumulación de lluvias prevista, se recomendaba permanecer en zonas altas de las viviendas o zonas elevadas. Además, cabía la posibilidad de la existencia de personas empleadas por esa Administración que, al tener su residencia fuera del territorio afectado por la alerta roja emitida por la AEMET pero, teniendo que desplazarse a su centro de trabajo dentro del territorio afectado por la alerta roja, no hubieran recibido la alerta de las autoridades de protección civil y no fueran conscientes del riesgo que su desplazamiento podía conllevar para su seguridad y salud“.

Así, en su requerimiento, el inspector que realiza la investigación concluye que hubo, por tanto, “concurrencia de riesgo -calificado legalmente como grave e inminente-, previsibilidad del mismo y ausencia de adopción de medidas preventivas con carácter suficientemente anticipatorio y de público conocimiento de dicho riesgo”. En inspector propuso subsanar “las irregularidades” y pidió que se realizara un protocolo.

La Conselleria de Justicia atiende la reclamación de la Inspección de Trabajo

Fuentes de la Conselleria de Justicia, que tienen ahora las competencias en Función Pública pero que no las tenían cuando sucedió la segunda DANA, han explicado a elDiario.es que la Inspección de Trabajo, “en su ronda de solicitud de información a todas las empresas para revisar sus comunicaciones a los trabajadores con motivo de las alertas generadas por la
DANA, realizó un requerimiento para que desde Función Pública se trabajase en un protocolo para dar instrucciones ante las alertas rojas”.

En este sentido, apuntan las mismas fuentes, la Dirección General de Función Pública, dependiente de la Consellera de Justicia desde hace un escaso mes, “ha desarrollado un protocolo con medidas precisas y coordinadas, en colaboración con los sindicatos e Invassat para poder dar instrucciones a los trabajadores públicos con la mayor anticipación posible. Este Protocolo de Actuación en caso de Emergencias Exteriores para el personal de Administración de la Generalitat ya está publicado y se puede consultar.

“Asimismo, es necesario señalar que desde el primer momento, los sindicatos han agradecido el trabajo realizado por Función Pública, destacando su proactividad y su rapidez en velar por la salud y seguridad de los trabajadores en un momento tan delicado como el generado por la Dana”, han concluido fuentes de la Conselleria de Justicia.