Una oleada de casos de pena de muerte aviva la indignación de la opinión pública en EEUU

En 2024, una serie de casos muy sonados de pena de muerte ha despertado ira e indignación sin precedentes en Estados Unidos. Varios condenados con argumentos creíbles de inocencia han luchado contra sus ejecuciones pendientes en el tribunal de la opinión pública. Este año se han planteado serias dudas sobre la fiabilidad de las condenas a muerte, a raíz de una serie de casos inquietantes. Uno de ellos es el de Marcellus “Khaliifah” Williams, ejecutado por el estado de Misuri mediante inyección letal en septiembre, a pesar de las serias dudas respecto a la solidez de su condena y de una masiva protesta pública que culminó en una petición firmada por 1,5 millones de personas.

Entre los casos más estremecedores está el de un prisionero en Texas, que actualmente está apelando su condena a muerte basada en el “síndrome del bebé sacudido”, una teoría controvertida que muchos expertos rebaten por considerarla pseudocientifica. También el de Richard Glossip, cuya lucha de 27 años por demostrar su inocencia ha impulsado que incluso legisladores estatales republicanos de Oklahoma que están a favor de la pena de muerte se hayan unido a su causa.

El informe anual 2024 de una de las voces más respetadas en la materia, el Centro para la Información sobre la Pena de Muerte (DPI, por sus siglas en inglés) destaca la creciente indignación pública por las alegaciones de inocencia de los presos condenados y el estallido de protestas contra la pena capital en Estados Unidos. El informe se publicó pocas horas antes de la última ejecución del año en Oklahoma, el 19 de diciembre, donde Kevin Ray Underwood murió por inyección letal la mañana del pasado jueves.

Menos de 30 ejecuciones

El informe del DIP señala que, por décimo año consecutivo, se han llevado a cabo menos de 30 ejecuciones en Estados Unidos. El número de nuevas condenas a muerte también se mantuvo en niveles históricamente bajos, con 26 casos.

Estas cifras sugieren que la pena de muerte en Estados Unidos se mantiene en una gradual tendencia a la baja. Sin embargo, otros indicadores indican una reciente y firme determinación por parte de ciertos estados, en su mayoría del sur, que aún aplican la pena capital, lo que está provocando un intenso malestar público.

“En 2024, vimos cómo personas con pruebas creíbles de inocencia eran condenadas a muerte, lo que desató niveles extraordinarios de frustración e indignación pública”, dice Robin Maher, directora ejecutiva del DPI. “Fueron varios casos muy sonados que volvieron a impulsar cuestionamientos sobre si la pena de muerte pueda ser utilizada de manera justa y precisa”.

Las 25 ejecuciones llevadas a cabo este año exhiben de forma clara la desigualdad en la aplicación de la pena capital. Apenas cuatro estados —Alabama, Texas, Misuri y Oklahoma— fueron responsables del 76% de las ejecuciones.

El informe del DPI señala –no sin cierta ironía– que para los estadounidenses que viven en 41 de los 50 estados “la pena de muerte ni siquiera constituye un motivo de preocupación”. Esto en sí mismo es problemático, ya que significa que los devastadores problemas asociados a la pena capital rara vez son abordados en la arena política nacional: la pena de muerte tuvo una presencia mínima en la campaña de las elecciones presidenciales del pasado otoño.

¿Un resurgimiento?

Aunque la pena de muerte parece estar en declive, también está atravesando una especie de resurgimiento. Tres estados —Utah, Carolina del Sur e Indiana— llevaron a cabo este año sus primeras ejecuciones judiciales tras un paréntesis de más de una década. Además, en 2024, nueve estados llevaron a cabo ejecuciones, mientras que en 2023 fueron solo cinco.

Todas las flagrantes desigualdades que históricamente han estado asociadas a esta práctica se han vuelto a poner de manifiesto este año. Casi la mitad de los ejecutados eran personas racializadas, y la gran mayoría había sido condenada por haber asesinado al menos a una víctima blanca.

Todos, salvo uno de los 24 ejecutados, presentaban vulnerabilidades típicas, como discapacidad intelectual y/o daño cerebral, enfermedades mentales graves y un historial de trauma o abuso infantil. Asimismo, los estados demostraron una implacable determinación por sortear las posibles fallas de la pena de muerte recurriendo a métodos experimentales. Alabama se convirtió en el primer estado del país en ejecutar a un condenado mediante hipoxia por nitrógeno al asfixiar a Kenneth Smith con este gas.

El estado ya había intentado matar a Smith, sometiéndolo a un procedimiento de inyección letal fallido que se extendió por horas y que los expertos equipararon con la tortura. “Al no haber podido matar a Smith en el primer intento, Alabama lo seleccionó como su ‘conejillo de indias’ para poner a prueba un método de ejecución nunca antes intentado”, escribió la magistrada del Tribunal Supremo Sonia Sotomayor en su mordaz texto de disenso.

Pero lo que causó más revuelo este año fue el temor a que imputados potencialmente inocentes fueran enviados a la “cámara de la muerte”. “Marcellus Williams debería seguir con vida”, declaró Wesley Bell, fiscal del condado de San Luis, poco después de que Williams fuera ejecutado en Misuri por el asesinato de Felicia Gayle en 1998. Williams fue ejecutado a pesar de que no había pruebas forenses sustanciales para vincularlo con el crimen. Además, también se descubrió información contundente que revelaba un mal desempeño de la fiscalía.

En Texas, la honda preocupación por la inminente ejecución de Robert Roberson por haber matado a su hija Nikki, de dos años, en virtud de la controvertida teoría del “síndrome del bebé sacudido”, provocó escenas sin precedentes en las que legisladores estatales que se esforzaron por detener la ejecución, incluidos varios republicanos destacados. El Tribunal Supremo de Texas concedió una suspensión a la ejecución cuando faltaban apenas 90 minutos para que Roberson recibiera la inyección letal, después de que este fuera citado por los legisladores a dar testimonio.

Sin embargo, los excepcionales esfuerzos de los legisladores por salvar la vida de Roberson parecen haber tenido un resultado temporal. El Tribunal Supremo del estado dictaminó el mes pasado que la citación no era válida, lo que permitió fijar una nueva fecha para la ejecución.

En Oklahoma, las dudas en torno a la condena a muerte de Glossip también provocaron un intenso examen de conciencia. Glossip fue condenado por el asesinato en 1997 de Barry Van Treese, propietario de un motel de Oklahoma City que Glossip gestionaba.

Glossip fue condenado sobre la base del testimonio de un compañero de trabajo que más tarde admitió que él era el verdadero autor material del crimen. Asimismo, hace poco se dio a conocer que, antes de que se iniciara el juicio, los fiscales destruyeron pruebas que podrían haber exculpado a Glossip.

Las dudas que rodeaban el caso eran tan abrumadoras que el fiscal general de Oklahoma, el republicano Gentner Drummond, admitió que se habían cometido errores inconstitucionales y solicitó que se iniciara un nuevo juicio para Glossip. Actualmente, el caso está siendo examinado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Paralelamente, antes de dejar la Casa Blanca y dar el relevo a Donald Trump, Joe Biden ha decidido conmutar las sentencias de 37 de las 40 personas condenadas a muerte a nivel federal. Según el comunicado emitido por la Casa Blanca, se cambiará su castigo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. “Guiado por mi conciencia y mi experiencia”, dice Biden en una declaración hecha pública este lunes, “estoy más convencido que nunca de que debemos poner fin al uso de la pena de muerte a nivel federal”. “En conciencia, no puedo quedarme de brazos cruzados y dejar que una nueva administración reanude las ejecuciones que yo detuve”.

Traducción de Julián Cnochaert.