En la comuna de Colina opera la ley del más fuerte
Aprovechando el espacio, este columnista se toma la libertad de emitir su juicio aclaratorio en orden a que Milei no es un loco, como lo dice un exitoso libro de un escritor argentino. Ese sujeto, con enmarañada peluca, es un simple provocador que le gusta insultar a todos aquellos que no están de acuerdo con sus delirantes ideas “libertarias”. A él le gusta manipular las cifras, como lo han demostrado hasta la saciedad los economistas serios. En sus fastidiosas exposiciones “explica técnicamente” que sus políticas de ajuste son beneficiosas para los más pobres, lo cual es una soberana mentira y por ello el gobierno chileno no se debe molestar respondiendo sus reiterados improperios.
Dicho lo anterior, a continuación relatamos lo que está sucediendo en la comuna de Colina.
A raíz de una reciente columna de opinión, de nuestra autoría, en donde se daba cuenta de prácticas indebidas cometidas por el director de obras municipales (DOM) de Colina, funcionario que, obedeciendo directrices de influyentes propietarios de lujosas casas emplazadas en predios de 5.000 m2, acogiéndose ilegalmente al DL 3.516, aunque con los cambios que se mencionan más adelante son legales, había objetado sin razón alguna un anteproyecto de 52 viviendas económicas DFL2 en terrenos de 400 m2. Por este motivo, con posterioridad se publicaron reportajes en El Mercurio, radio Bio Bío y Las Últimas Noticias, sin que éstos dieran cuenta de la realidad que existe en esa comuna.
Se supone que los objetores del aludido proyecto no querían tener como vecinos a familias de menor categoría social que las de ellos mismos y para cerciorarnos de lo que acontecía, el domingo 22/12/2024, visitamos esa comuna revisando además su página web, para conocer la composición de su crecimiento urbano, posibilitado por la autopista concesionada radial Nororiente, ruta Los Libertadores y el camino Juan Pablo II.
Pues bien, el sector poniente de la conocida rotonda Copec de Chicureo, comprendido entre la Avenida del Valle y el área norte de la Ruta Los Libertadores, ha experimentado un crecimiento acelerado en las últimas décadas, con la proliferación de miles de viviendas orientadas a primeras residencias. Estas magníficas casas se construyeron también en terrenos de 5.000 m2 acogiéndose a la figura contraria a derecho de las “parcelas de agrado“. A diferencia de la casas mencionadas en el primer párrafo, éstas siguen siendo ilegales por estar localizadas, fuera del límite urbano fijado en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS).
El “pequeño problemita” radica en que estas construcciones no se emplazaron en las zonas formalmente declaradas como urbanas, según dicho PRMS, instrumento que el año 1997 estableció las Zonas Urbanas de Desarrollo Condicionado (ZODUC), recordando que el respectivo Plan Regulador Comunal (PRC) es del año 2010. Como vemos, todas esas elegantes casas existen en el área rural, casi siempre en subdivisiones cerradas, que no cuentan con los mínimos servicios, infraestructuras ni regulaciones necesarias para sostener este tipo de desarrollo, siendo lo más grave, en algunas de ellas, la ausencia de abastecimiento formal de agua potable. Estos inmuebles, al estar inscriptos en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS), ya son hechos ilícitos consumados.
Las ZODUC de Piedra Roja, en donde se produjo el conflicto entre vecinos, y Chamisero, han sido diseñadas para absorber este crecimiento dentro de los límites urbanos, pero no parecen estar cumpliendo ese rol de manera efectiva, pues el uso de suelo de las mismas está monopolizado por las mega empresas propietarias de ellas. Sostenemos que todos sus predios disponibles obligatoriamente deben densificarse acorde a la ley.
Aún más preocupante es la situación de la Modificación N° 109 del PRMS, Camino Chicureo, aprobada hace dos años en el Consejo Regional Metropolitano de Santiago, pero cuya toma de razón,por parte de la Contraloría General de la República, sigue pendiente. Este estancamiento administrativo perpetúa la incertidumbre sobre el límite urbano y facilita la emisión de permisos de edificación “provisorios” (sic) en áreas rurales, cuyos plazos deberían haber expirado sin consecuencias para nadie. Esta impúdica situación genera un ambiente de completa ilegalidad amparada por el sistema, donde el control del uso de suelo se vuelve totalmente laxo y se da paso a desarrollos inmobiliarios truchos que pugnan y distorsionan la estructura urbana.
La revisión en terreno confirma que en la comuna de Colina, además de las viviendas mal emplazadas, existe una amplia gama de servicios y equipamientos de distinta índole que funcionan bajo patentes de microempresas familiares, cuando en realidad operan como negocios comerciales. Este subterfugio, tan típico chilensis, evidencia la necesidad urgente de regularizar y fiscalizar todas las actividades allí existentes, para evitar que la informalidad se convierta en norma. El crecimiento de viviendas y equipamientos comerciales en Colina debe darse exclusivamente en las áreas urbanas establecidas en los instrumentos de planificación vigentes, luego el PRMS de 1997 y el PRC de 2010.
Por lo anterior, debido a que los integrantes del anterior Concejo Municipal, con sola excepción de la concejal Catalina Lillo, lamentablemente no reelegida, nunca denunciaron las ilegalidades en comento, suponemos que sus nuevos miembros cumplirán sus cometidos y si se repite esta negligencia, la fundación Defendamos la Ciudad deberá poner los antecedentes, ya sea en la Seremi Minvu, dirigida por Carolina Casanova, como en la persona de Claudio Orrego, Gobernador Regional reelecto, ya que el ordenamiento territorial existe para que se cumpla.
Está claro, a pesar de que los díscolos propugnen la mantención del despelote, que es posible garantizar un desarrollo sostenible, respetándose tanto el medio ambiente como los derechos de los habitantes que residen en viviendas legales en Colina y por ello felicitamos a los escasos empresarios que respetan las reglas del juego vigentes en dicha comuna.