Gobierno firma protocolo para agilizar expulsiones administrativas

Este viernes, el ministro (s) del Interior, Luis Cordero, junto al director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, el director nacional del Servicio de Migraciones, Luis Thayer, y el director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, firmaron un protocolo para agilizar los procedimientos administrativos de expulsión.

En concreto, este documento tiene como objetivo hacer más eficientes estos procesos, tanto en lo que se refiere a facilitar la localización de personas con orden de expulsión vigente, como a la priorización de expulsiones de extranjeros con antecedentes penales o policiales.

Además de establecer plazos específicos, este protocolo también asigna responsabilidades a las instituciones involucradas, destacando entre los principales acuerdos, la estandarización de información y mejoramiento de la coordinación entre los distintos organismos  y la priorización de expulsiones fundadas en políticas estratégicas, como por ejemplo, la implementación de criterios basados en la Política Nacional contra el Crimen Organizado. 

Al respecto, el el ministro (s) del Interior, Luis Cordero, afirmó que “este es un protocolo que se viene trabajando hace un tiempo y la razón fundamental es lograr más eficacia en el Estado. Hay un elemento en común en las políticas y en las acciones de seguridad que se han implementado en los últimos años en Chile y es que el trabajo integrado de las instituciones es la que logra mayor eficiencia. Tener un protocolo es una manera de formalizar trabajos institucionales ordenados, porque la única forma en que se puedan lograr expulsiones eficaces”.

“Lo que el país necesita es expulsar a las personas que tienen determinado riesgo, esa es la prioridad, y por lo tanto significa perfilar esas personas, desarrollar los procesos de búsqueda adecuados y expulsarlas. Nosotros necesitamos expulsar aquellas personas que generan peligro en el país, porque tienen compromiso delictual muy significativo y están asociados a organizaciones criminales, de lo contrario, si sólo contáramos expulsiones, sería a ratos muy fácil para la policía llegar, tomar un grupo de personas, subirlas a un avión y expulsarlas. Lo que el país necesita  es expulsar de acuerdo a criterios priorizados en materias seguridad, ese es el objetivo del protocolo”, enfatizó.

Al ser consultado sobre el eventual proceso de regularización migratoria, el ministro (s) explicó que “lo que nosotros tenemos que hacer, como he señalado con anterioridad, es una línea roja muy marcada entre aquellas personas que quieren formalizar potencialmente su posición en el país, viviendo una vida ajustada al derecho y a la ley, de aquellos que han tomado esa decisión de no hacerlo y vivir al margen de las normativas”.

“Para nosotros es extremadamente relevante porque el propósito central de la evaluación del sistema de regularización tiene que ver fundamentalmente con una cuestión de seguridad pública, saber quiénes son y dónde están, lo que nos permite tener un mejor control. Todas las iniciativas que han sido comunicadas en el último tiempo, como el acceso a tecnología por parte de las policías para sus controles en el caso de la situación migratoria, la suscripción de este protocolo, la evaluación de los antecedentes y el reforzamiento del Plan Frontera Norte, apuntan a tener un mejor y adecuado control de la migración“, agregó.

A su vez, el director general del PDI, Eduardo Cerna, aseveró respecto del protocolo que “este documento básicamente lo que hace es que nos coordinarnos más las instituciones que participamos en todo este proceso administrativo de expulsión. Y tal como lo señalaba el ministro (s), este protocolo se forma a través de un trabajo que se viene realizando desde hace un tiempo, donde todas las instituciones que participamos en este procedimiento, estamos aportando, para ver de que forma lo agilizamos más y lo hacemos más eficaz”.

Cabe señalar que al asumir este Gobierno en 2022, había 24 mil decretos de expulsión administrativa vigentes, cifra que en 2024 llegó a 30 mil. Asimismo, durante este año se han concretado 662 expulsiones administrativas, lo que representa la cifra más alta en los últimos seis años.