Los economistas cargan contra el nuevo paquete fiscal: "Crea inseguridad jurídica, tiene un alto coste y se ha aprobado como una jugada política"
Los economistas y asesores fiscales lo tienen claro: "Las últimas medidas tributarias aprobadas por el Gobierno incrementan la factura impositiva de familias y empresas, lo que genera incertidumbre, un alto coste y una preocupante inseguridad jurídica". Así lo advierten desde el Registro de Asesores Fiscales (Reaf) del Colegio de Economistas, que ha analizado el paquete de medidas fiscales aprobado en el último momento y que denuncia que aumenta aún más la presión tributaria en España, lo que sumado a la pérdida de poder adquisitivo por la falta de actualización de algunos elementos del IRPF -cuya tarifa general sigue sin deflactarse-, y al incremento de cotizaciones y a la reducción de las deducciones fiscales "van a lastrar las economías domésticas y empresariales".
El presidente del REAF, Agustín Fernández, ha criticado con dureza la "técnica legislativa" utilizada por el Ejecutivo, al implementar una serie de nuevos impuestos pocos días antes del cierre del ejercicio, ya que genera "una situación de poca seguridad jurídica y de incertidumbre", además de estar políticamente condicionados. También ha apuntado que este paquete fiscal "incrementa la factura impositiva de las familias -con impuestos como el de los cigarrillos electrónicos y la tasa de basuras o con el fin de la bonificación del IVA de los alimentos-, pero obvia la actualización de algunos elementos del IRPF, desde la tarifa a los mínimos personales".
En su análisis, los economistas advierten del aumento de la doble imposición en el ámbito de las personas físicas, dado que "los dividendos pueden llegar a tributar al 30%, mientras que, a partir del año 2029, los dividendos entre sociedades tributarán solo al 1%". Además, se ha aumentado el tipo hasta el 30% en IRPF mientras que en el impuesto de Sociedades se reducirán los tipos hasta el 20% en 2029. "Está claro que con la subida del tipo de la base del ahorro, en el último tramo de los 300.000 euros -pasando al 30% desde el 28%- se está produciendo una brecha importante en lo que es el ahorro en renta, con respecto al ahorro en sociedades y la tributación de ese ahorro, que se va a ir reduciendo". Por tanto, los economistas alertan de que "se ha abierto una brecha fiscal entre las personas físicas y las empresas".
También alertan de que en la reforma aprobada se penaliza a las grandes empresas, recuperando los límites para compensar las bases imponibles negativas o para aplicar las deducciones internacionales por doble imposición, que el Tribunal Constitucional -a principios de año- ya dejó fuera del ordenamiento jurídico. "Esto genera incertidumbre y alto coste para las empresas que lo han recurrido". Por ello, los fiscalistas consideran que "hubiera sido más conveniente aprobar estas medidas tributarias a través de una ley específica -a través de una ley presupuestaria- y no esperar a última hora para incorporar dichas medidas a la vez en una ley que aprueba el impuesto a las multinacionales".
Asimismo, critican la suspensión de las devoluciones a los mutualistas y la decisión de demorarlas hasta cuatro años, ya que les obligará a volver a solicitar su devolución de forma individual por cada uno de los años pendientes. Esta situación afecta a todos aquellos que habían presentado su demanda pero no cuentan con una respuesta positiva antes del 22 de diciembre, aunque hubieran entregado la solicitud de rectificación de autoliquidación o la propia autoliquidación. Así, en 2025, los mutualistas podrán pedir la devolución correspondiente al IRPF de 2019 y los ejercicios anteriores no prescritos.
Especialmente crítico se ha mostrado el presidente del Consejo General de Economistas (CGE), Valentín Pich, que ha incidido en que el Gobierno "parece que pone y quita impuestos en función de jugadas exclusivamente políticas, independientemente de la recaudación o de los efectos que pueden tener". Asimismo ha denunciado que lo que se ha hecho durante los últimos días del año en materia tributaria es "más juego político que otra cosa" y defendió que en lugar de una mayor tributación "se establezcan incentivos para que los grandes sectores -como el de la banca y el de las energéticas-, reinviertan. Ese es el camino, no demonizar al mundo empresarial.
Pich ha calificado de "vodevil" la forma en que ha sido aprobado este último paquete fiscal "tan importante y con tanto efecto directo en empresas y familias" y ha cargado contra la aprobación de nuevos impuestos "por puras jugadas políticas, al margen de la recaudación o su efecto en la economía". Por eso ha reclamado al Ejecutivo que debe justificar todas estas decisiones, que se dirigen a "demonizar que las empresas ganen dinero. Lo que se tiene que hacer es incentivar a las empresas, porque lo que nos interesa es precisamente que ganen mucho dinero, para que inviertan más, paguen más impuesto de Sociedades y generen más empleo y riqueza. Los sectores productivos, cuando ganan dinero, pagan impuestos y, cuando pierden dinero, es su grave problema".