Gobierno de Maduro investiga a Patricia Bullrich y Gerardo Werthein por caso de gendarme detenido
El Ministerio Público informó este viernes que abrió una investigación contra la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, y el canciller Gerardo Werthein.
Ambos funcionarios fueron señalados por sus presuntas implicaciones en el caso del gendarme Nahuel Gallo, quien permanece detenido por acusaciones relacionadas con actividades que comprometen la seguridad nacional, reseña Efe.
Según el MP, las investigaciones desarrolladas por los organismos judiciales de Venezuela apuntan a una posible conexión directa de Bullrich con la cadena de mando del grupo identificado como responsable de actos desestabilizadores.
La Fiscalía indicó que este vínculo aparece documentado en el expediente del caso, en el que también se menciona a Werthein.
Un comunicado difundido por la institución en redes sociales señala que a los funcionarios argentinos los declararon personas de interés en la causa. La medida responde a declaraciones públicas realizadas por Bullrich y Werthein, calificadas por el gobierno socialista como elementos incriminatorios.
Las acusaciones contra Nahuel Gallo «son falsas»
En una rueda de prensa, Bullrich y Werthein rechazaron las acusaciones contra Gallo, a las que describieron como «falsas y desprovistas de fundamento». Ambos afirmaron que el gobierno argentino está comprometido con la resolución del caso y garantizará los derechos del gendarme.
La Fiscalía venezolana, sin embargo, reiteró que existen pruebas de que Gallo participó en actividades que representan una amenaza a la seguridad de la nación.
Además, aseguró que Bullrich habría autorizado el viaje del gendarme sin informar previamente a las autoridades venezolanas, lo que considera un acto que merece aclararse ante la ciudadanía argentina.
El Ministerio Público añadió que a Gallo lo detuvieron tras ingresar de manera irregular a territorio venezolano bajo la apariencia de un viaje personal, aunque las investigaciones sugieren un objetivo distinto vinculado a «acciones desestabilizadoras».
El ente judicial concluyó que el caso forma parte de un contexto más amplio relacionado con supuestas actividades de grupos internacionales asociados a la ultraderecha, señalando la necesidad de continuar con las investigaciones para determinar responsabilidades.
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