Adiós a la moratoria de macrogranjas en Castilla-La Mancha que da paso a un decreto de purines: “Es una farsa"

En enero de 2022 el presidente de Castilla-La Mancha anunciaba el ‘frenazo’ de la comunidad autónoma a facilitar la instalación de explotaciones ganaderas intensivas. El Gobierno de Emiliano García-Page, con mayoría absoluta en el Parlamento regional, logró sacar adelante una moratoria hasta el 31 de diciembre de 2024, con el voto en contra de PP y Ciudadanos.

Page anunció que la moratoria se mantendría hasta que no se aclarase la normativa nacional respecto a la regulación de la ganadería intensiva. Y lo hizo en plena polémica con el entonces ministro de Consumo, Alberto Garzón. Hoy el 82% de las ayudas de la PAC favorecen a la industria ganadera que más CO₂ emite.

En Castilla-La Mancha la moratoria nunca ha sido considerada real, sino un ‘coladero’, dicen los colectivos y movimientos ciudadanos que llevan casi una década luchando contra las ‘macrogranjas’.

En 2016 el concepto ‘macrogranja’ ni existía. De hecho, muchos lo siguen negando. Surgió de la lucha de varias poblaciones del norte de Guadalajara, en el entorno de Sigüenza, que alertaron de lo que se les venía encima. Después lo hicieron, sobre todo, otros colectivos en Albacete y en Cuenca.

Miraron a sus vecinos de Aragón, y también hacia Catalunya. Allí en 2015 ya se hablaba de los excesos en el uso de abonos nitrogenados, de la imposibilidad del campo de absorber tanto purín, del aumento del nivel de nitratos y de su presencia en los acuíferos.

El próximo martes la moratoria para los proyectos ganaderos intensivos se acaba en Castilla-La Mancha. El Gobierno regional dijo que se levantaría teniendo los ‘deberes’ hechos, vía decreto.

Por un lado, en marzo de 2024 la consejera de Desarrollo Sostenible adelantó a elDiarioclm.es que se trabajaba en un decreto de gestión de estiércoles “restrictivo” para cuando terminase la moratoria. El texto normativo se publicaba este viernes 27 de diciembre 'in extremis' antes de terminar el año y Mercedes Gómez justifica la norma: “Teníamos que buscar una solución y evitar malas praxis”.

Además, se apuesta por un plan para el biometano con horizonte 2030. El Ejecutivo regional presume de la capacidad para producirlo, debido a la elevada generación de residuos orgánicos en el territorio, hasta 15 millones de toneladas. El plan será prioritario en zonas vulnerables a los nitratos y tanto los colectivos ecologistas como las plataformas ciudadanas contra las macrogranjas creen que en realidad lo que se busca es “satisfacer las demandas del 'lobby' gasista y de la industria cárnica, la más mimada por los mandatarios castellanomanchegos”.

“Estamos decepcionados, todo esto es una farsa”

“Estamos decepcionados”, reconoce Inmaculada Lozano, portavoz nacional de Stop Ganadería Industrial. Esta agricultora y ganadera de Albacete explica cómo la participación pública abierta tanto para regular los purines como el futuro del biometano es “una farsa” y que sus alegaciones no han sido tenidas en cuenta. “Somos parte implicada pero solo se ha tenido en cuenta a la industria ganadera y a ciertos sindicatos”.

Que nos quieran calmar diciendo que todavía tenemos margen hasta convertirnos en Aragón y Catalunya… ¿De verdad aspiramos a eso? ¿Es que no podemos parar aquí viendo cómo tenemos ya el agua y los suelos?

Inmaculada Lozano — Portavoz nacional de Stop Ganadería Industrial

En noviembre mantuvieron una reunión en la Consejería de Desarrollo Sostenible. “Se aspira a llegar a los límites de Aragón y de Catalunya”, lamenta, en cuanto a producción cárnica.

“Ahora somos la cuarta comunidad autónoma en producción, no somos la primera”, reconoce Inmaculada Lozano. Pese a eso, advierte, Castilla-La Mancha ya tiene un elevado porcentaje de su territorio declarado como vulnerable a los nitratos.

“Que nos quieran calmar diciendo que todavía tenemos margen hasta convertirnos en Aragón y Catalunya… ¿De verdad aspiramos a eso? ¿Es que no podemos parar aquí viendo cómo tenemos ya el agua y los suelos?”, se pregunta la portavoz en España de Stop Ganadería Industrial.

Hace ahora un año, Catalunya buscaba agua en sus acuíferos en plena sequía histórica, pero el 40% están contaminados por los purines de las granjas de cerdos y los fertilizantes que han comprometido sus aguas subterráneas a pesar de que son “reservas estratégicas”.

En 2022, un informe de Greenpeace ya alertaba de que el 63% de las aguas subterráneas de Castilla-La Mancha están contaminadas por nitratos. La Comisión Europea llevó a España ante el Tribunal Europeo de Justicia por el exceso de nitratos en las aguas y se sabe que más de 200.000 personas tienen el agua del grifo contaminada por restos agrícolas y ganaderos.

A eso se suma que, a finales de este 2024, el Gobierno de España ha reconocido en su informe sobre la calidad de las aguas que los niveles de pesticidas ya están por encima del máximo legal.

Se nos deja patente que en los pueblos somos ciudadanos de segunda. Es como decirnos que nosotros sí que podemos beber agua contaminada o sí que podemos oler a mierda todos los días. Eso en una ciudad nunca se permitiría

Inmaculada Lozano — Portavoz nacional de Stop Ganadería Industrial

Stop Ganadería Industrial no cree que la sustitución de la moratoria por un decreto regulador para los purines vaya a mejorar las cosas, ni tampoco que vaya a ser “restrictivo” como afirma el Gobierno regional. No solo por el margen de diez años que otorga el Gobierno regional a las explotaciones y entidades gestoras de estiércoles para adaptarse a esas supuestas ‘restricciones’ que planteará la nueva normativa, sino porque, advierte, impermeabilizar las balsas de purines será “cuestión de buena fe”, teniendo en cuenta que lo que pide el decreto es una “declaración responsable” y que la revisión de su estado se producirá cada cinco años.

“Si en los últimos diez años hemos llegado a este punto no quiero ni imaginar lo que pasará dentro de diez más”. Lozano lo califica de “disparate” y cree que “lo óptimo” sería realizar una evaluación estratégica municipio a municipio “para saber realmente cuántas hectáreas de terreno pueden aprovechar el digestato que producirán las plantas de biogás porque estamos muy saturados. Además, no es lo mismo ni la pluviometría ni la tierra en unas zonas u otras de la región. Es sentido común”.

El colectivo Pueblos Vivos Cuenca está informando ya a los ayuntamientos de esta provincia sobre el hecho de que a partir de enero se volverá a autorizar la construcción y ampliación de macrogranjas. Y no solo eso, el plan de biometano proyecta hasta 60 plantas solo en esta provincia.

“Con el auge que están teniendo estas plantas de biometano, tememos que sea un 'efecto llamada' para más ganadería industrial”, comenta Inmaculada Lozano. “Para el Gobierno regional la ganadería industrial y sus vertidos nunca llegó a ser un problema, a pesar de ser conscientes de que en realidad sí lo era”. En este aspecto critica que “ahora nos intenten vender el biogás como la solución milagrosa”.

Para Stop Macrogranjas lo que acarreará será “una mayor fragmentación de la economía de las zonas donde se implante: esto no da dinero al territorio y esa fragmentación será también social y ambiental. Y desde luego no creemos que vaya a haber controles”.

Lozano apela a la responsabilidad política porque cree que con la actual actitud “se nos deja patente que en los pueblos somos ciudadanos de segunda. Es como decirnos que nosotros sí que podemos beber agua contaminada o sí que podemos oler a mierda todos los días. Eso en una ciudad nunca se permitiría. De hecho, hemos visto cómo se ha paralizado una planta en el polígono Romica de Albacete. ¿Por qué sí se permite en el campo?”.

El próximo 2 de enero, las plataformas y colectivos ciudadanos, junto a Stop Ganadería Industrial y Pueblos Vivos Cuenca, se manifestarán a las puertas del Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia de Castilla-La Mancha, para mostrar, una vez más, su desacuerdo con la política ganadera industrial en la comunidad autónoma. No será la única. Stop Ganadería Industrial está estudiando movilizaciones en otros puntos de España. “Las personas mayores que viven en los pueblos llevan toda la vida partiéndose el lomo, y cuando pueden descansar les castigamos... Todo por la economía”.