La soberanía sobre el Canal, causa panameña
No parecen solo amenazas propias de su jactancia las declaraciones blasfemas de Donald Trump anunciando que reclamaría «la devolución» del Canal a Estados Unidos, porque Panamá le cobra peajes «ridículos». En primera, el Canal nunca ha sido estadounidense.
Quien pronto será otra vez Presidente de la nación norteña ha vuelto a repetir lo mismo dos o tres días después de la bravuconada que, como era de esperar, provocó la firme reacción reivindicatoria de la soberanía istmeña por parte de su jefe de Estado José Raúl Mulino, y de organizaciones sociales y populares.
El miércoles, al presentar a quien ha designado como nuevo embajador estadounidense allí, Trump dijo que ese país «nos está estafando en el Canal de Panamá mucho más allá de “sus sueños locos”». ¿Acaso él quiere decir que la soberanía de Panamá sobre esa zanja abierta en lo más estrecho de Centroamérica, materializada tras décadas de lucha popular, ha sido una utopía pronta a ser revertida?
Hay razones para pensar que sus «advertencias» constituyen una presión mantenida para doblegar las decisiones panameñas, y poner otra vez la vía a su servicio y, obviamente, no piensa en los aranceles a los barcos, sino en jugadas geoestratégicas.
De entrada, el representante que ha escogido para defender sus intereses ante Panamá —que no tienen por qué ser propiamente los del pueblo de Estados Unidos— es un joven sin experiencia diplomática y de ascendencia cubana, quien, según narró el periódico panameño La Prensa usando un despacho de EFE, se ha ganado ese y otros puestos gracias a su apoyo incondicional a Trump, para quien ha fungido como director de campaña electoral en 2020 desde su puesto como titular del Comité Nacional Republicano en Florida, entre otros cargos.
Con 34 años, Kevin Marino Cabrera es comisionado del condado de Miami-Dade y ha sido calificado por su protector como «un conservador valiente que defiende el movimiento de Estados Unidos Primero», quien, al agradecer el nombramiento, dio a conocer el compromiso de trabajar «incansablemente todos los días» para defender lo que llamó —y esto es muy interesante— el «audaz enfoque (de Trump) de la diplomacia internacional».
De robos, despojos e invasiones
La historia de la vía marítima es la misma de otros territorios y espacios robados por EE. UU. a nuestros pueblos latinoamericanos, iniciando por la propia isla de Cuba y el territorio todavía usurpado en Guantánamo, tras la endeble mampara de un tratado oneroso como el convenio sobre bases navales y carboneras de 1903, apéndice del Tratado Permanente a que abrió paso la repudiada Enmienda Platt, y suscrito por el Gobierno de Tomás Estrada Palma bajo presión. Mediante el acuerdo se le arrendaba el territorio que ocupa la Base naval yanqui «por el tiempo necesario (…)»: un enunciado obsoleto y, por lo tanto, ilegal.
Parecido es el caso de los terrenos en los que Washington construyó el Canal de Panamá, apropiados en el mismo año de 1903 mediante el tratado conocido como Hay-Bunau-Varilla, en evocación de sus artífices.
Fue esa otra estratagema engañosa del imperio, al conceder a Panamá el reconocimiento a su independencia de Colombia —república de la que hasta entonces formaba parte, convirtiéndola, a cambio, en una suerte de protectorado estadounidense y arrancándole, mediante su intervención, un espacio de diez millas a ambos lados de lo que sería el Canal, junto con sus aguas. Se arrogó todos los derechos y autoridad en ese espacio que denominaría como Zona del Canal, por lo que analistas calificaron el enclave como una colonia dentro de una nación independiente. Así, Panamá nació intervenida a su vida republicana.
Las edificaciones desvencijadas y semidestruidas donde se asentó la soldadesca yanqui después todavía podían observarse a diez años de que comenzara la paulatina retirada de los marines, que concluyó con la completa entrega del Canal a sus legítimos dueños panameños después de las 12 del día 31 de diciembre de 1999. Esa fue la conquista de los Tratados Canaleros suscritos por el general panameño Omar Torrijos y el presidente estadounidense James Carter el 7 de septiembre de 1977.
Con ira, al devolver lo que en definitiva nunca fue suyo, al irse de aquellos edificios donde estaba la infraestructura de su permanencia, los soldados yanquis destruían o se lo llevaban todo, como explicaron a esta articulista los jóvenes y estudiantes panameños que acompañaron a una delegación juvenil cubana por aquellos lares en el verano de 1989, pocos meses antes de lo que sería el mayor ultraje y la más horrible agresión de Estados Unidos a Panamá.
«Hasta los inodoros los arrancaban», nos contaban.
Para diciembre de ese año, la invasión, justificada tras el ilegal secuestro y traslado a Washington del entonces jefe de las Fuerzas de Defensa de Panamá, general Manuel Antonio Noriega, por estar acusado de narcotráfico, se saldó con la muerte de entre 500 y hasta 3 000 panameños, la mayoría civiles, según organizaciones no gubernamentales que cuentan la gran cantidad de desaparecidos dejados por la acción, pese a que las cifras oficiales hablaron apenas de un total de 516 víctimas fatales, de las cuales 314 serían militares, la mayoría istmeños.
El Pentágono arremetió con todo al enviar 26 000 efectivos equipados con lo último en tecnología bélica, y muchos estimaron que la mal llamada Operación Causa Justa fue un balón de ensayo para poner a prueba aquel armamento. La invasión constituyó una carnicería que se cebó en el barrio popular de El Chorrillo pese a que Noriega se entregó, tras lo cual pasó en EE. UU. largos años de prisión que continuaron en su país, donde murió tras las rejas en 2017.
Esa ha sido, hasta hoy, la última y oprobiosa intervención militar yanqui en la región, y constituyó una bofetada a la dignidad de América Latina que jamás podrá olvidarse.
Nada les daba derecho a invadir un país independiente para procurar la captura de un nacional. Sobre cualquier acusación, Noriega era el líder de su nación y firme defensor de la devolución del Canal, razón por la cual muchos estimamos que ese fue el verdadero motivo detrás de la invasión y de su secuestro.
Reclamo unitario
Ninguna otra causa hallaría respaldo más firme y cohesionado en Panamá que la defensa de su soberanía sobre el enclave marítimo, una obra ingeniera que une a los océanos Atlántico y Pacífico, socorrido paso de los barcos mercantes, por lo que es rubro principal de la economía nacional.
La lucha para hacer valer a ese pueblo como su dueño tiene capítulos heroicos, como los sucesos del 7 de enero de 1964, cuando una veintena de ciudadanos, entre 30 000 que se manifestaron reclamando la identidad panameña del Canal, fueron asesinados en desigual enfrentamiento con los ocupantes, luego de una movilización iniciada por estudiantes secundarios.
Hacer valer ante EE. UU. su cuestionada capacidad para operar el Canal ha sido también una batalla, ganada con la manera eficiente en que ha funcionado la vía desde que estuvo completamente en manos istmeñas.
Datos publicados en días recientes por la autoridad del Canal informan que, en los 25 años de gestión panameña, la vía aportó al Tesoro un total de 27 681 millones de dólares. Entre 1913 y 1977, cuando era operado totalmente por EE. UU., las ganancias fueron de 60 millones; entre 1978 y 1988, de unos 704 millones; de 1989 a 1998, aproximadamente 942 millones; y en 1999, último año de administración estadounidense, unos 138 millones.
¿Qué preocupa a Trump?
No existe un solo sustento moral, ni basamento legal, que ampare las supuestas potestades sobre el Canal del que Trump aparenta sentirse dueño, como no sea una manipulación del Tratado de Neutralidad Permanente que se firmó en 1977 junto con los Tratados Canaleros, y donde se establece que la vía debería ser neutral. Un resquicio para la ilegalidad está, sin embargo, en el acápite que establece la posibilidad de intervención de EE. UU. si el Canal «estuviese en peligro». Pero eso no sucede.
En todo caso, y más que los alegados altos peajes de que se queja Donald Trump, su incomodidad parece dada por la creciente presencia de China en la región y, concretamente, en Panamá, nación con la que ha firmado distintos acuerdos de cooperación e inversiones, muy distantes de los tratados leoninos que siempre ha ofrecido Washington.
Su mención a la nación asiática así lo devela cuando, al quejarse, Trump consideró que su antecesor Carter «tontamente entregó el Canal por un dólar», e insinuó que países como China estaban obteniendo una influencia indebida sobre la gestión del paso interoceánico. Como si Panamá no tuviera derecho a establecer acuerdos con quienes quisiera.
¡Ojos abiertos!