2024: ley como cancha para el hampa, por Jaime Chincha

Se va el año en el que la extorsión y el sicariato vinieron para quedarse. La escalada brutal del fenómeno delincuencial es la estampa más dura que nos deja el 2024. Por más que el ministro favorito de Dina Boluarte, Juan José Santiváñez, diga que la cosa está bien, la verdad es que todo está mal. Este año se le ha dado legalidad absoluta al crimen organizado. El Congreso, con la anuencia del Gobierno, nos deja un cuerpo de leyes que ha hecho celebrar a los bandidos. La andanada congresal empezó, leyes más leyes menos en marzo, con la ley que establece límites en los plazos para la colaboración eficaz. A un colaborador le toma tiempo delatar al jefe de la organización. Pero era claro que el Congreso buscó deshacer esta importante herramienta en la lucha contra el crimen. Punto para la delincuencia. De allí en adelante, seguirían más normas que el Gobierno simplemente miró de costado o claramente respaldó. Este es el año en el que se ha configurado un gobierno parlamentario. La señora Boluarte no manda; ella cierra el año aumentando 28 dólares el sueldo mínimo y para eso nomás le da su margen de gobernanza. Los asuntos realmente serios los dictamina el Congreso. Palacio tan solo agacha la cabeza; casi ni observa las barbaridades que se cocinan en la plaza Bolívar, o simplemente deja correr el plazo para que leyes tan nocivas para el país se aprueben por insistencia. Ese ha sido el inmoral trámite legal del año que se va.

La asociación civil Transparencia ha hecho un recuento de 20 leyes que han socavado la democracia y el Estado de derecho. 20 golpes legislativos que nos dejan en la más absoluta indefensión. Y el listado es duro. Y es fácil de recordar el impacto negativo que, una a una, estas normas nos han dejado. Pero verlas en bloque es digno del espanto, por no decir de la náusea. También en marzo, se aprobó la ley que limita la incautación de material vinculado a la minería ilegal. Una abierta defensa de la actividad más nefasta de la historia reciente después del terrorismo que padecimos entre los ochenta y noventa. Nos hemos vuelto el país con congresistas capaces de pactar con la minería ilegal, usando dictámenes pendencieros e impunes; padres de la patria del narcotráfico, el trabajo forzoso y el infantil; la trata de personas, el sicariato, la extorsión, el homicidio, el robo de tierras y la evasión tributaria. La minería ilegal refugia todos esos delitos que nadie persigue y que, más bien, se fortalecen gracias al mal llamado primer poder del Estado. País sin ley para los buenos ciudadanos; país con leyes para el hampa y los cacos.

En agosto, este Parlamento aprobó la impunidad para responsables de crímenes de lesa humanidad. Con argumentos leguleyos y truculentos, se les dio protección a quienes abusaron de gente inocente durante la guerra interna. La ley se dio fundamentalmente para los militares, pero sus autores no se percataron —o no lo quisieron hacer— de que la exención también se otorgó a los terroristas. En el mismo mes, se promulgó la norma que modifica el concepto de organización criminal y ordena la presencia del acusado en los allanamientos. Sin ninguna vergüenza, y en pocas palabras, hay que avisarle al allanado que lo van a allanar. Habrase visto. En octubre, modificaron el Código Procesal Penal para fortalecer la investigación de cualquier delito como función policial; el argumento congresal es que esto agiliza los procesos penales. Las broncas intestinas que este Congreso mantiene contra la Fiscalía los ha indigestado. En el mismo octubre, dieron más prerrogativas en favor del crimen organizado; fortaleciendo básicamente lo perpetrado en agosto. En noviembre, modificaron dos decretos legislativos para darles impunidad a aquellos policías que causen lesiones o muertes con su arma de fuego y, lo que es aún más misterioso, prohíbe a la Fiscalía pedir prisión preventiva. Es verdad que el policía debe combatir la inseguridad con las garantías mínimas y no ser acusado por hacerlo en buena ley. Pero al encubrir a todos los policías deja un mal sabor porque hay casos que no se gestan precisamente en la buena ley de un mal uniformado. Y casos abundan. Y el pacto con la minería ilegal se consumó a comienzos de este mes, cuando se ha extendido por seis meses el proceso de formalización. Está más que claro que la alianza que gobierna el país convive tranquilamente con esta mala minería. Pataz, el enclave minero más peligroso y dañino de estos tiempos, se ubica en la región que gobierna César Acuña. ¿Alguna otra prueba más del contubernio con el que se termina este año, amable lector?

Pero los últimos días de este 2024 acaban aún más tenebrosos y oscuros. El poder ha sido tomado por organizaciones criminales que conviven con quienes nos gobiernan. La misteriosa muerte de Nilo Lino Francisco Burga Malca (65), que presidía el directorio de la empresa que otorgó conservas en mal estado a Qali Warma, apunta más al asesinato que al suicidio. Y si Santiváñez descarta esto último, lo más probable es que la tesis del asesinato tenga mayor sentido. Era señalado como líder de una organización criminal que sobornaba a funcionarios del programa estatal para obtener contrataciones a nivel nacional. Lo complejo aquí es que Burga fue incluido como proveedor cuando Fredy Hinojosa, el actual vocero de Dina Boluarte, era el director de Qali Warma. ¿Por qué mataron a Burga? ¿Quién lo mandó a matar? ¿Por qué es conveniente hoy su sepulcral silencio? ¿Qué hay detrás de esta trama que trae tan mal olor desde que se destapa, como cuando se destapa una conserva de Don Simón?

El poder ha sido tomado por organizaciones criminales que conviven con quienes nos gobiernan. La red de prostitución en el Congreso supera largamente la histórica frase de Macera sobre que el Perú es un burdel. ¿Por qué ese silencio de los que mandan en el Congreso, como Eduardo Salhuana (APP), para no convocar un pleno de emergencia y encontrar a los culpables del crimen de Andrea Vidal? ¿Qué 2025 nos depara? Algo no pinta bien en el horizonte. Mientras tanto, seguimos siendo el país sin ley para los buenos ciudadanos; pero el país con leyes para el hampa y los cacos.