A. Latina, democracia sin demócratas, por Juan De la Puente
En A. Latina, el año que termina no tuvo grandes hitos. No hasta las recientes declaraciones del presidente electo de EEUU, Donald Trump, de recuperar el canal de Panamá (en realidad forzar una renegociación), relanzar la guerra contra las drogas con los ojos puestos en México y desatar una guerra comercial contra China, Canadá y México.
Es probable que las amenazas de Trump recuperen una nueva forma de antiimperialismo regional, aunque las otras polarizaciones impedirán un corte transversal tradicional norte/sur o centro/periferia. La sola perspectiva de estos anuncios —difíciles de cumplir en su totalidad y aún en un modo relativo— agrega mayor desorden a una región en la que, para disgusto de los analistas, las piezas conocidas ya no encajan.
Es que hay nuevas piezas y, en el desorden, las piezas locales resultan más decisivas que las tendencias regionales. De hecho, a pesar de que la mayoría de las elecciones realizadas en A. Latina en 2024 cumplieron los estándares electorales (Panamá, R. Dominicana, México y Uruguay), no lograron proyectar la imagen general de buena salud de la democracia en la región.
Las elecciones continúan siendo la fórmula para dilucidar la titularidad del Gobierno, aunque las claves del ejercicio del poder están atravesadas por altas cuotas de incertidumbre, sorpresa e ineficiencia de la que casi ninguna administración se libra. La rápida erosión de los Gobiernos es impresionante y son cada vez más los que fracasan en un plazo muy breve.
El fracaso inmediato se agrega al fenómeno de la erosión de los partidos tradicionales, que se vuelve más aguda (México, Panamá, El Salvador y R. Dominicana en 2024) en una región donde se combina abiertamente la dura crítica al sistema liberal de representación, derechos y libertades y la debacle del llamado centro político. Esta complejidad supone el fracaso de la promesa liberal desde dentro y desde fuera.
Dilucidar lo que es de “dentro” y cuáles son los ataques “desde fuera” es un ejercicio que se revela desafiante. Desde las filas demócratas se absolutiza la reflexión sobre que los ataques a la democracia se producen desde tendencias no democráticas ubicadas fuera del sistema. No obstante, hay evidencias de un proceso en tenaza donde lo de fuera y dentro se dan la mano a través del encuentro entre la captura autoritaria/mafiosa del Estado y la actividad de la sociedad —movilizada o desmovilizada— que cambia la política democrática.
En varios países, con distinta intensidad se resignifica la democracia reduciéndola a un procedimiento electoral que ve estrechada su pluralidad y su garantía de renovación del sistema (Ecuador y Guatemala 2023, El Salvador y Venezuela 2024 y muy probablemente Bolivia 2025 y Perú 2026).
Aún con elecciones que pueden superar la evaluación de lo mínimo aceptable, avanzó en 2024 la desdemocratización. Los datos del reciente Latinobarómetro (“La democracia resiliente”) permiten apreciar el progreso de ese proceso. Es cierto que se registra un avance de 4 puntos (52%) respecto al año anterior de apoyo a la democracia, pero al correr la cremallera de los datos convencionales o profundizar en las percepciones con nuevas preguntas aparecen las claves de la desdemocratización.
Es relevante la contradicción entre la sensación de bienestar, en apariencia con cifras en azul, y la necesidad de cambios. Según el estudio, la satisfacción con la vida alcanzó su nivel más alto desde 1997 en 2024, de modo que el 79% se considera que está muy o bastante satisfecho con su vida, con Costa Rica, Uruguay y Guatemala entre los más satisfechos; y Chile, Perú y Bolivia entre los menos satisfechos.
No obstante, el estudio señala que quienes perciben que su país está progresando alcanza solo el 28%, en tanto el 25% considera que su país está “en retroceso” y el 45% cree que su país “está estancado”.
El reclamo en relación Estado/sociedad, es decir, más democracia, derechos y libertades, tiene otras claves. La idea de hace dos décadas sobre que el país está bien, pero no la economía y bienestar personal, parece haber sido reemplazada por otra, que “el país está mal, pero yo estoy mejor”. En los entresijos de esa percepción se encuentra la profunda brecha entre la sociedad y el Estado y entre la política democrática y otras formas de antipolítica. Por lo mismo, se entiende que en algunos territorios de varios de los países de la región no se exija más Estado, sino menos Estado y que se amplíen los territorios liberados por las economías informales e ilegales y el crimen organizado.
Las citadas brechas aparecen cuando se contrasta el apoyo a la democracia con la demanda de cambio que, según el estudio, presenta tres tercios: 35% a favor de “pequeños cambios”, 29% a favor de “reformas profundas”, y 26% a favor del cambio “radical”. Una recomposición de las opciones señalaría que los que postulan un cambio profundo y/o de gran calado se acercan al 60%. Esta percepción supera los dos tercios en Chile, Argentina, Ecuador, Bolivia y Perú.
La cuestión de la región está dejando de ser el continuo democracia-cambio, y se sitúa solo en el cambio, sin que se asegure que ese cambio sea necesariamente democrático. Hay un añadido: los retrocesos autoritarios y vaciamiento de la democracia pueden ser vistos, a diferencia de los años 60 y 70, como procesos democráticos, como en El Salvador, Argentina y Perú, y antes en los países del ALBA.
La idea de una democracia sin democracia no parece ser un oxímoron en varios países de la región. Según el mismo Latinobarómetro, a 1 de 4 ciudadanos de A. Latina le da igual que un régimen sea democrático o no, en 10 países de los 17 estudiados, más del 50% no apoya la democracia y en tres (El Salvador, Ecuador y Paraguay), la mitad está de acuerdo con que el presidente de la República pase por encima de la leyes, el Congreso y las instituciones.
Las tesis que sostienen que el vaciamiento de la democracia es un proceso que se sitúa en las élites y en el Gobierno de las instituciones (la idea de la centralidad de la agencia) debe ser debatida. En cinco países de la región (Ecuador, Colombia, Paraguay, Panamá y Perú), más de la mitad de los ciudadanos creen que la democracia puede funcionar sin partidos, en tanto que en países que han protagonizado la recuperación de la democracia en las últimas décadas es baja la convicción de que no hay democracia sin partidos, en Chile el 50%, Brasil 46% y Guatemala 40%. En Panamá este dato es consistente con otros: la primera fuerza del Congreso son los parlamentarios de libre postulación, en tanto que el partido ganador de las elecciones tiene fuertes vínculos con la corrupción.