La corrupción rodea al Gobierno regenerador
Hasta en 19 ocasiones mencionó la palabra «corrupción» Pedro Sánchez en el discurso de la moción de censura con el que justificó la necesidad de desalojar a Mariano Rajoy del poder. El líder socialista lo logró apoyándose en la sentencia que había dictado solo un día antes, el 18 de mayo de 2018, la Audiencia Nacional como condena del «caso Gürtel» atribuyendo al PP, como partido que estaba en el Gobierno, el haber ayudado a establecer un «sistema genuino y efectivo de corrupción institucional». Este fallo fue corregido por unanimidad dos años más tarde en el seno de la Sala Segunda o de lo Penal del Tribunal Supremo. Concretamente, el alto tribunal aclaró que «no puede afirmarse la autoría del Partido Popular de delitos de corrupción y prevaricación irregular».
Ni seis años ha estado el político que llegó a La Moncloa prometiendo «regeneración democrática para poner fin a un periodo sombrío» sin que le creciesen los enanos del enriquecimiento ilícito y las irregularidades, con un punto de inflexión claro en este 2024 que dejamos atrás.
Las sospechas e indicios de corruptelas han aflorado entre personas que se sentaron un día en el Consejo de Ministros que Sánchez presidía, pero también en el PSOE en el que es secretario general, con importantes cargos de la formación señalados en sede judicial por el cobro de «mordidas» a cambio de favores a empresarios que, a su vez, recibían como beneficio ser los elegidos para adjudicaciones públicas.
José Luis Ábalos, una de las personas que acompañó a Pedro Sánchez, cuando le desalojaron de la dirección de Ferraz, en el camino de regreso al liderazgo de los socialistas montado en un Peugeot 407 con el que juntos recorrieron el territorio español, seguro que no olvidará este año. Pese a que dejó sus responsabilidades en el Gobierno bastante antes, en julio de 2021, la confirmación del pálpito que sentían algunos de sus compañeros llegó este pasado febrero con el estallido de la «Operación Delorme» en la que fueron detenidos su antigua mano derecha cuando era ministro de Transportes, Koldo García, y su actual dolor de cabeza por excelencia, el empresario Víctor de Aldama. Meses de investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la salida obligada de la formación en la que un día fue nada menos que el secretario de Organización, han acabado con el exministro socialista imputado por ocupar un «papel principal» en una organización criminal como la que se presume que era la «trama Koldo», dedicada al cobro de comisiones ilegales en los contratos públicos para el suministro de mascarillas y, según lo señalado por el comisionista, las prebendas también operarían en obras civiles de organismos como la Dirección General de Carreteras que dependían del ministerio en que era el máximo responsable político.
Otros aún resisten una hipotética investigación formal por corromperse, como asegura Aldama que hicieron el ahora «número tres» del partido de Sánchez, Santos Cerdán, al que Aldama coloca como responsable de una «cuota vasca» por la que Acciona tenía comprometida una obra civil en el País Vasco y, al quedar interrumpida por su entrega a otra compañía amiga de la «trama Koldo», el socialista navarro acabó percibiendo en compensación en una ocasión 15.000 euros en efectivo.
También miembros de su actual Gobierno, como Ángel Víctor Torres, que sigue siendo ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, al que –siempre según el expresidente del Zamora CF–facilitaba pisos turísticos en Madrid para mantener encuentros con «señoritas» y que le reclamó 50.000 euros después de que la administración canaria, que entonces presidía, hubiese contratado las pruebas PCR con una de sus empresas, Megalab.
O Carlos Moreno, aún jefe de gabinete de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al que Aldama afirmó haberle hecho llegar a través de Koldo 25.000 euros en metálico como «detalle» después de que lograse un aplazamiento supuestamente gracias a Moreno de una deuda tributaria de otra de sus mercantiles, lo que le salvó de un embargo inminente que la amenazaba. Habrá que ver si en este 2025 que comienza los tentáculos de las imputaciones del comisionista, en muchos casos con documentos que lo probarían incluidos, no acaban tocando a otros responsables públicos del socialismo, como a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, cuyo Gobierno balear compró a compañías vinculadas a Aldama.
Pero para Sánchez este «annus horribilis» va más allá de lo político, las investigaciones por corrupción han entrado de lleno en su casa y en su vida familiar. Con su mujer imputada por corrupción en negocios, apropiación indebida del software que se desarrolló para la cátedra extraordinaria que codirigía y de la marca (Transformación Social Competitiva) de la cátedra y uno de sus másteres, así como por intrusismo profesional porque firmó un pliego de condiciones de una contratación para el desarrollo, precisamente, del programa informático, cuando no fue nunca personal de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ni tenía supuestamente los conocimientos técnicos o la formación para hacerlo.
Se les investiga también a Begoña Gómez por las sospechas de que, primero, en el Instituto de Empresa y, luego, en la UCM, y a David Sánchez en la Diputación de Badajoz, se les dio trabajo, creándoles «ad hoc» un puesto que hasta entonces no existía, por ser, precisamente, familia directa del inquilino de La Moncloa. Lo que puede coincidir con un tráfico de influencias.
Y, aunque Sánchez tenía claro antes de gobernar que «la corrupción destruye la fe en las instituciones» ha acabado este año rodeado por lo que señalaba a Rajoy. No hay que olvidar que es el primer mandatario al que un juez acude a tomar declaración como testigo a su despacho presidencial.