Euskadi pide aportaciones para el decreto de autonomía de los colegios, que podrán definir su propio "proyecto lingüístico"

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, firmó a las 8.25 horas del 26 de diciembre una orden para recabar aportaciones de cara a un nuevo decreto que desarrollará la ley de 2023 -aunque entró en vigor en febrero de 2024- en lo tocante a dar mayor autonomía a los centros. El reglamento, entre otros puntos, pondrá los límites de hasta dónde podrá llegar el “proyecto educativo” propio de cada colegio, particularmente en lo tocante al “proyecto lingüístico”. Hay margen legal hasta febrero de 2026, a los dos años de la normativa, para tenerlo aprobado.

Durante la tramitación de la reforma educativa, la cuestión idiomática fue muy polémica. El texto bebió de un acuerdo político de 2022 entre los socios del Gobierno, PNV y PSE-EE, y las dos principales fuerzas de la oposición de entonces, EH Bildu y la extinta coalición de Podemos e IU. Para la etapa obligatoria hasta los 16 años, se planteaba un marco único con el euskera como eje que garantizara un B2 en los dos idiomas oficiales y un B1 en la lengua extranjera, principalmente el inglés. Podría tener adaptaciones centro a centro en función de su realidad social. Sin embargo, en la tramitación parlamentaria los socialistas insistieron en una enmienda para preservar los modelos actuales, el A en castellano, el D en euskera y el B mixto. Finalmente, el Ejecutivo sacó adelante la ley sin apoyos de la oposición.

En el documento de Pedrosa nada se menciona de los modelos A, B y D. De hecho, se formula la autonomía de los centros en términos muy similares a los del acuerdo previo. Se cita, en concreto, “la configuración de un marco plurilingüe e intercultural que tome como ejes el euskera y la cultura vasca, así como el dominio de las dos lenguas oficiales, el euskera y el castellano, con el euskera como lengua propia, y el conocimiento óptimo de, al menos, una lengua extranjera”. El propio PSE-EE, en la ponencia política de cara a su inminente congreso, no cita los modelos y sí la necesaria superación de ese marco consolidado desde hace décadas por una normativa no educativa sino de euskaldunización.

Afirma Pedrosa que el decreto “quiere hacer una opción decidida para que sea en el ámbito del centro y de su dirección donde se sitúe el eje central de la toma de decisiones”. Dotar de protagonismo a los colegios y, dentro de ellos, a sus responsables, será básico para la “transformación” del sistema educativo vasco, también en otros ámbitos como la “equidad” o la “cohesión social”, se argumenta.

Educación es consciente de que el decreto tendrá medidas generales, otras para los colegios de lo que se ha bautizado como “Servicio Público de Educación”, es decir, los financiados con dinero público, y las últimas exclusivamente para los de titularidad pública, que apenas engloban en Euskadi al 50% del alumnado total, una singularidad vasca. Recuerda la consejera que la ley plantea la figura de los “contratos-programa”, los acuerdos bilaterales de un centro -o de un grupo de ellos- con la Administración, a lo que se deberán sumar los “planes anuales de gestión”. “Los centros deben poseer un margen propio de autonomía que les permita adecuar su actuación a sus circunstancias concretas y a las características de su alumnado, con el objetivo de conseguir el éxito escolar de todos los estudiantes”, se puede leer en la orden para sacar a consulta pública el nuevo decreto.