El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a confirmar que el muro que ha propuesto contra la mitad de los españoles que no apoyó su investidura está vigente, al menos en el campo de la cultura. La decisión del Ejecutivo de vetar una proposición de ley del PP en el Congreso en la que se proponía designar seis actos culturales, deportivos y religiosos como Acontecimientos de Excepcional Interés Público (AEIP) con el fin de que recibieran incentivos fiscales para su realización, es el último episodio que ilustra el sectarismo que adorna al sanchismo. La determinación del oficialismo significa que por primera vez un Año Santo Jacobeo , en este caso el que se celebrará en 2027, no contará con este tipo de respaldo oficial. También han sido vetadas la celebración del centenario de la Generación del 27, una de las más importantes de la historia de nuestro país; el centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929 en Sevilla, el octavo centenario de la catedral gótica de Toledo, el año Buñuel 2025 en recuerdo al director de 'El perro andaluz' y el Gran Premio de Motociclismo de Jerez. Ninguna de estas actuaciones recibirá incentivos a propuesta del PP. Y aquí es donde reside el más descarado sectarismo gubernamental: la celebración del centenario de la exposición de Sevilla de 1929 fue promovida por la Comisión de Cultura del Congreso en junio con los votos del PSOE y de Sumar. Del mismo modo, los socialistas y Sumar han promovido una enmienda en la ley de la Oficina de Derechos de Autor para declarar que el centenario de la Generación del 27 sea considerado como AEIP. El Ejecutivo de Sánchez ha puesto como excusa para negarse a aprobar estos incentivos fiscales que pueden «producir una disminución de ingresos presupuestarios». Los populares sostienen que los seis acontecimientos excepcionales que han propuesto tendrían un coste de 1.585.000 euros que se distribuirían entre los ejercicios 2025 y 2029. Sin embargo, en un escrito de la secretaría de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales se sostiene que ese gasto «configura un proyecto alternativo de presupuestos a partir de la determinación de los ingresos disponibles» y la estabilidad presupuestaria que exige Bruselas al Gobierno le impide aceptar estas iniciativas. Resulta curioso que el Ejecutivo tenga tan presente la estabilidad presupuestaria cuando se trata de decir que no a una iniciativa del PP, pero ni siquiera se inmute cuando la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tira de chequera para financiar medidas que permitan al Ayuntamiento de Jaén que sobrelleve su deuda de 600 millones de euros a cambio de que la alcaldía pase a manos socialistas. El argumento es difícilmente creíble procediendo de un Gobierno que ha aprobado una fiscalidad extraordinariamente favorable para los patrocinadores de todo tipos de festivales y espectáculos musicales que, desde 2021, pueden deducirse hasta el 120 por ciento del apoyo comprometido. Sin embargo, un evento religioso de masas, como el Año Santo Jacobeo, no puede acogerse a este expediente y por primera vez en la historia no contará con la colaboración del Fisco. El anterior Jacobeo, en 2021-2022, logró atraer a 40 empresas con una aportación de 28 millones de euros para el evento que no se hubieran movilizado sin contar con un incentivo fiscal. En su última conferencia de prensa del año, el presidente del Gobierno se quejó de que la oposición no estaba dispuesta a tenderle la mano, pero es que en el muro del sectarismo que ha levantado desde que subastó su investidura a Junts, siempre hay alguien de su gobierno dispuesto a ponerle un ladrillo más.
