El Poder Judicial empieza a actuar ante los insultos de jueces a políticos de la izquierda

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha empezado a dar pasos para actuar disciplinariamente contra miembros de la carrera judicial por los insultos y exabruptos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su mujer y otros políticos de izquierda, como la exministra Irene Montero. El Promotor de la Acción Disciplinaria, un cargo dentro del órgano de gobierno de los jueces, ha abierto recientemente diligencias informativas al juez de lo Mercantil Manuel Ruiz de Lara, reincidente en sus ofensas a Sánchez en sus redes sociales y al que el anterior CGPJ rechazó sancionar. También ha iniciado las pesquisas sobre el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que llegó a decir en una charla que la exministra de Igualdad y actual eurodiputada de Podemos da lecciones “desde su cajero de Mercadona”.

La apertura de diligencias informativas es solo un primer paso, que puede derivar o no en la apertura de un expediente disciplinario y en una hipotética sanción. Se abren cada vez que se recibe una queja —unas 600 al año—. No obstante, las fuentes consultadas sostienen que la “celeridad” con la que el órgano ha actuado en ambos casos apunta a un cierto cambio de tendencia en la forma de proceder ante este tipo de descalificaciones en el nuevo mandato del CGPJ que se inició el pasado verano. 

El anterior órgano, de amplia mayoría conservadora, rechazó sancionar a jueces como Ruiz de Lara, que llamó “psicópata sin límites éticos” a Sánchez, “personificación del deshonor” al fiscal general del Estado y “siervo mentiroso patológico” al actual ministro de Justicia, Félix Bolaños. O Manuel Piñar, el juez del 'caso Juana Rivas', que insultó al jefe del Ejecutivo y otros miembros del Gobierno, como el exvicepresidente Pablo Iglesias, el ministro Grande Marlaska o la exministra Montero.

Lo hizo con el argumento de que no se había podido acreditar que hubieran invocado su condición profesional cuando vertieron esos descalificativos en sus redes sociales —en las que figuraban con sus nombres y apellidos y se presentaban como jueces— y que se habían limitado a hacer uso de su derecho a expresarse como meros ciudadanos. 

Entonces, el órgano llegó incluso a pedir al legislador una revisión de los tipos disciplinarios contemplados en la ley del Poder Judicial para poder sancionar este tipo de conductas. Ante la ausencia de una regulación expresa, el órgano determinó que para cumplir con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional debían darse dos premisas: que el comentario tuviera carácter sancionable —una “falta grave de consideración respecto de los ciudadanos o instituciones”, por ejemplo— y que en el momento de hacerlo su autor hubiera invocado “expresamente” su condición profesional para avalar su opinión. 

No obstante, vocales consultados creen que la tesis que siguió el órgano anterior no era más que una “excusa” y creen que hay instrumentos legales suficientes como para sancionar este tipo de conductas que, a su juicio, atentan contra la independencia judicial. “La independencia debe reivindicarse en todos los sentidos. No se puede invocar la condición de juez solo cuando resulta beneficioso”, sostiene un vocal. 

De hecho, el CGPJ sí ha sancionado a jueces y magistrados por sus declaraciones públicas en actos, conferencias o incluso en medios de comunicación sin necesidad de esa regulación específica. Sin embargo, el argumento que dio el CGPJ en los casos archivados de Ruiz de Lara y Piñar es que la participación en redes sociales propicia una situación novedosa en la que los usuarios intervienen de forma voluntaria, sin ser convocados por su cargo y que, por tanto, queda a su arbitrio hacer o no valer su condición. 

Insultos reiterados

Estos nuevos asuntos están ahora en manos del Promotor de la Acción Disciplinaria, un puesto que ocupa desde 2017 el magistrado Ricardo Conde. Su mandato expiró cuando cesó el anterior CGPJ, pero fue elegido de nuevo el pasado 18 de diciembre. El siguiente paso será poner en marcha las pesquisas, que incluyen dar la oportunidad a los afectados de que hagan las alegaciones que consideren oportunas. Después tendrá que decidir si propone la apertura de un expediente y da traslado a la Comisión Disciplinaria o si, por el contrario, archiva las diligencias, lo que requiere el examen de la Comisión Permanente.

En el caso de Ruiz de Lara la diligencia informativa viene motivada por dos mensajes recientes publicados en su cuenta de X —en la que ya no se identifica como magistrado— y que ya aparecen borrados. En el primero de ellos, publicado el pasado 14 de diciembre, acusaba al jefe del Ejecutivo de ejercer el “golpismo” por “atacar a los jueces”. En el segundo, del 28 de diciembre, descalificó públicamente a su esposa, Begoña Gómez, al llamarla “Barbigoña”. 

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por elDiario.es explican que en el último pleno, celebrado el pasado 18 de diciembre, se acordó remitir a la autoridad disciplinaria el primero de esos mensajes. Este lunes, el Promotor acordó la apertura de una investigación en relación con ambos comentarios. 

Ruiz de Lara no es precisamente alguien que pase desapercibido en la carrera y es especialmente conocido en el ámbito asociativo. Es el juez que estuvo durante meses al frente del caso de la Superliga y firmó el polémico auto que respaldó el frustrado proyecto de Florentino Pérez y otros magnates del fútbol. Además, es portavoz de una minoritaria plataforma por la independencia judicial que difundió una guía contra la amnistía a través del correo corporativo del CGPJ.

Es la tercera vez que Ruiz de Lara se enfrenta a un procedimiento disciplinario en el CGPJ. En junio de 2017, con Carlos Lesmes como presidente, el órgano le abrió un expediente disciplinario por supuestamente no pedir la compatibilidad para organizar unos torneos de debate universitario. Entonces, las principales asociaciones judiciales y los jueces decanos de toda España pidieron explicaciones a Lesmes sobre las circunstancias de esta investigación, de la que Ruiz de Lara denunció su carácter secreto, aunque el CGPJ siempre negó ese extremo. Al final, el expediente quedó archivado cuatro meses después.

Ataques a Irene Montero

En el caso del juez Eloy Velasco y su comentario sobre la exministra Irene Montero, la apertura de la investigación se produjo después de que el Promotor recibiera varias quejas. El magistrado, actual candidato a la presidencia de la Audiencia Nacional, aseguró que “nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona, ni podrá dar clases a los demás”.

Esta fue su frase completa, pronunciada durante una conferencia el 13 de noviembre y por la que le investiga el CGPJ, tal y como adelantó infoLibre el pasado 9 de diciembre: “De repente se creyeron que estaban enseñándonos el mundo. Nos intentaron explicar qué es consentir... A un jurista, que llevamos desde el Derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento. Y el expreso, y el consentimiento tácito, y los actos consecuentes. Y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona, ni nos podrá dar clases a los demás”.

Montero respondió en redes sociales al juez de la Audiencia Nacional tras publicarse su intervención en dicha conferencia. “De cajera a juez Velasco: cumpla la ley y póngase a estudiar”, dijo entonces a través de un mensaje en X, para agregar que esa formación específica para magistrados lo mandatan las leyes y lo dice la ONU. “Los estereotipos pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen de forma defectuosa”, añadió.

Este lunes, volvió a publicar otro mensaje en X: “Sería histórico que en 2025 la autoridad disciplinaria del CGPJ obligue al juez Eloy Velasco a estudiar la Ley Solo sí es sí, el derecho a la libertad sexual y el consentimiento. Con examen final y todo. Seguro que va a por el 10”.