Asisa contempla asumir Muface en solitario y garantizar la sanidad privada de los funcionarios

La crisis de Muface se parece cada vez más a uno de esos culebrones en los que, pocos segundos después de resolverse una trama, se complica de imprevisto y viceversa. Después de que Adeslas anunciase el viernes que renuncia a presentarse a la segunda licitación para prestar asistencia sanitaria privada al funcionariado y de que algunas informaciones apuntasen este lunes que DKV se plantea hacer lo mismo, la tercera compañía que presta actualmente servicio a estos empleados públicos, Asisa, no descarta asumir el peso de la mutualidad en solitario.

“En la primera licitación teníamos claro que ser la única (aseguradora) no era una posibilidad, pero ahora lo estamos analizando”, explican fuentes de Asisa. La oferta inicial del Gobierno pasaba por un incremento de la prima de un 17% acumulado para los años 2025 y 2026, que las tres compañías que prestan servicio actualmente rechazaron. En esta ocasión, los pliegos publicados la semana pasada contemplan un aumento del 33,5% a tres años, hasta 2027.

Además del pastel de 4.478 millones de euros en tres años, otra de las novedades que el Ministerio de Función Pública incorporó a la nueva licitación para intentar convencer a las compañías fue una primera incremental en función de los tramos de edad. “Se paga más por asegurar a los colectivos de más edad, y menos por los más jóvenes”, explicaban entonces.

Esta había sido, precisamente, una de las peticiones que Asisa trasladó a la mutualidad a través de la consulta preliminar de mercado, un procedimiento por el que Muface pidió a las aseguradoras que justificasen sus costes, y que esta había valorado “favorablemente” al entender que “parece adecuarse más a la realidad actual”.

“Estamos estudiando y analizando los pliegos con detalle, viendo los diferentes escenarios”, insisten desde Asisa, una cooperativa sanitaria creada hace 42 años y de la que forman parte más de 8.000 médicos. Y en esos escenarios entran la prima, la demografía y los tramos por edad, pero también la posibilidad de que solo haya una o dos aseguradoras.

Máxime cuando Adeslas, que renunció el viernes a prestar asistencia sanitaria a los funcionarios en las condiciones que plantea el Ejecutivo, cubre actualmente a más de medio millón de beneficiarios. Como muestra el siguiente gráfico, es la opción preferida por los mutualistas, seguida cada vez más de cerca por la sanidad pública, donde se quedan ya el 70% de los nuevos funcionarios.

Adeslas hizo el viernes pública su decisión de no concurrir a este concierto, alegando que el modelo es “económicamente insostenible” y que le generaría unas perdidas de 250 millones de euros, casi las mismas que la compañía, integrada en el Grupo Mutua Madrileña y participada por CaixaBank [que tiene entre sus accionistas al Estado], registró entre 2022 y 2024. En su caso, la aseguradora reclamaba una subida del 47% de la prima para los años 2025 y 2026.

Respecto a DKV, el periódico El Mundo aseguraba este lunes que esta compañía alemana también renuncia a presentarse a esta segunda licitación. Fuentes de la empresa indicaron a esta redacción que siguen “analizando los pliegos” y emplazan una respuesta definitiva a la próxima semana.

Esta aseguradora, que actualmente presta asistencia sanitaria a casi 200.000 funcionarios y familiares, había solicitado un aumento de la prima del 40,6% a un solo año. “Llevamos muchos años advirtiendo sobre la infrafinanciación del modelo”, señalaban a principios de diciembre fuentes de la aseguradora, que citaban problemas estructurales que afectan al sistema, como la edad del colectivo mutualista que opta por la sanidad privada y otros como el incremento previsto de los costes médicos.

Esa petición de un concierto de un solo año no solo no fue atendida por el Ministerio que dirige Óscar López, sino que se pasó de dos ejercicios en la primera oferta a tres. El paquete que termina este año era también por un trienio, de 2022 a 2024.

“El primer año tuvimos una subida del 8%, pero en febrero llegó la invasión de Ucrania y la crisis inflacionista y se la comió. De año en año nos da más seguridad, pero también es una mayor inestabilidad para la Administración”, reconocen fuentes del sector, que temen que la crisis abierta en torno a la mutualidad merme el número de trabajadores públicos que eligen la privada.

Actualmente, los trabajadores públicos de Muface tienen la posibilidad de realizar un cambio al año entre las aseguradoras de la mutualidad y la sanidad pública. Esa opción se abre cada mes de enero, en este caso, a partir del miércoles. Pero la inestabilidad de las últimas semanas supone para algunas voces del sector una espada de Damocles.

Más aún si esta nueva licitación se tuerce y el Gobierno se ve obligado a prorrogar durante más tiempo del ya previsto el contrato actual. “¿Quién va a ir a una aseguradora sabiendo que está obligada?”, plantean estas fuentes. Otras temen que haya quien se cambie este mes de enero a la pública y ya no vuelva aunque el concierto, al que las empresas pueden concurrir hasta el 15 de enero, llegue a buen puerto en unas semanas.

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, acusó este lunes al Gobierno de “fracaso de gestión” con Muface. Es un “ejemplo muy concreto de fracaso de gestión con la asistencia sanitaria que afecta a 1,5 millones de funcionarios”, dijo, que tienen su cobertura médica “en el aire”. Las cifras van al alza, porque actualmente optan por los seguros privados 770.000 trabajadores públicos y 424.000 beneficiarios. Un total de casi 1,2 millones de personas, según los datos de Función Pública, que tendrían garantizada su asistencia en la pública.

Las críticas del PP obvian el incremento del 33,5% de la prima propuesto por el Gobierno, a pesar de que desde la mutualidad consideran que las aseguradoras “no aportan la evidencia de costes” que justifique un incremento. O que el ministro Óscar López ha insistido en que la asistencia de los mutualistas está garantizada. La última, en la comisión de Función Pública y Hacienda del Congreso, el pasado 18 de diciembre. “La prioridad es licitar el concierto y dar seguridad y tranquilidad a los mutualistas”, repitió.

Después, la parte socialista del Gobierno se muestra “encantada de debatir” las “reformas que requiere” el modelo. El ala de Sumar, y el propio Ministerio de Sanidad, por su parte, pide “una hoja de ruta de traspaso al sistema nacional de salud cuando se extinga el nuevo concierto”, si es que se materializa.