Las inversiones millonarias del Estado en Madrid no frenan el victimismo de Ayuso

Isabel Díaz Ayuso ha terminado el año como lo empezó: confrontando con el Gobierno de Pedro Sánchez. En su balance de 2024, la presidenta aseguró que la Comunidad de Madrid vive su mejor momento, gracias al “trabajo bien hecho de los ciudadanos, las empresas y la administración”. Además, azuzó un dato recurrente en sus discursos: “Madrid es la región más solidaria de España, el 80% de nuestra recaudación va directa a la Administración General del Estado”. Sin embargo, Ayuso no tuvo palabras de agradecimiento a las inversiones económicas del Ejecutivo central. Al contrario, acusó al presidente de “estrangular” a la región. 

Tampoco hubo alabanzas hacia Sánchez ni a su equipo cuando el consejero de Educación, Emilio Viciana, firmó el convenio María Goyri, por el que Madrid recibirá 169 millones de euros del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para contratar a mil profesores ayudantes doctor en las universidades de la región. Viciana calificó el acuerdo que acababa de ratificar como “una imposición”, “una cacicada” y “un chantaje”. Y añadió: “Es un 'Pedro Sánchez invita y las comunidades autónomas pagan'”. 

La Comunidad de Madrid amagó con ser la única región que se desmarcaba de este convenio. Finalmente, a pesar de sus quejas y críticas al Gobierno central, terminó dando su brazo a torcer. El relato de su oposición era difícil de sostener ante la opinión pública, especialmente cuando los rectores de las universidades públicas acusaban a Ayuso de asfixiarlos económicamente. 

“Este acuerdo se enmarca en la apuesta de la Comunidad de Madrid por la mejora de sus universidades públicas”, aseguró el Gobierno regional tras su última cesión al Ejecutivo central, en una nota de prensa en la que no figura la aportación económica del ministerio, pero sí se detalla la inversión autonómica de 17,5 millones. El acuerdo dura seis años, luego, ya expirado ese plazo, el Ejecutivo central tendrá que abonar la parte de Universidades.

La semana pasada Viciana y la ministra de Ciencia, Diana Morant, se volvieron a encontrar en la firma de otro convenio, en este caso, para crear el Centro Nacional de Neurotecnología en la región. Este proyecto contará con 120 millones de euros del Gobierno central, 78 millones del autonómico y 2 millones de la Universidad Autónoma, que será la institución que acoja este nuevo emplazamiento.

Morant aprovechó ese acto para reivindicar la inversión que el Estado hace en la Comunidad de Madrid, donde se ubican gran parte de los organismos estatales de investigación, “el Gobierno de Pedro Sánchez ha invertido en I+D alrededor de 1.100 millones de euros al año de media desde 2018, casi el doble de lo que invierte la Comunidad de Madrid con cargo a su presupuesto”, aseguró la ministra de Ciencia el pasado viernes. 

En ese mismo acto también estaba el ministro de Transformación Digital y Función Pública y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, que lamentó que Ayuso destine los recursos de los madrileños a “rebajar impuestos a los ricos y a hacer regalos fiscales”. En asuntos sociales, también hay una cofinanciación del Estado, que asignó al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia autonómico casi 400 millones de euros, según los últimos datos actualizados en octubre por el Imserso.

El Gobierno de Sánchez también ha invertido en las infraestructuras de la región. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana anunció en mayo que ofrecería al Ayuntamiento de Madrid hasta 154 millones de euros para financiar el segundo soterramiento de la autovía A-5, una de las grandes obras del Gobierno de José Luis Martínez Almeida. La cantidad que aporte el Gobierno central supondrá el 25% del coste total del proyecto. Esta construcción se produce en el marco de la Operación Campamento, donde hay una inversión estatal que oscila los 1.000 millones de euros. Este rediseño urbanístico conlleva la construcción de 10.700 viviendas sobre unos antiguos terrenos militares que llevaban más de dos décadas abandonados. 

Este lunes, el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, hizo un balance de las inversiones del Ejecutivo central en la región. En su intervención aseguró que, en los últimos seis años, desde que Pedro Sánchez es presidente, la autonomía ha recibido una inversión estatal de 36.200 millones más “que en los últimos seis años del Gobierno de Mariano Rajoy”. 

Entre los hitos mencionados por Martín, reseña los 7.380 millones de fondos del Plan de Recuperación que se han destinado a Madrid desde el año 2021. Según los cálculos del Gobierno central, esta inyección ha beneficiado alrededor de 149.000 madrileños. Otra inversión destacada por el delegado son los 1.426 millones de euros destinados desde 2018 a políticas de vivienda. 

El Gobierno central también participa en el Plan de Realojos de la Cañada Real, aportando 110 millones de euros, la misma cantidad que desembolsa la Comunidad de Madrid, así como los dos ayuntamientos implicados en esta estrategia, el de Rivas-Vaciamadrid y el de la capital. Con esta estrategia se busca que en diez años, más de 1.600 familias que residen en este asentamiento puedan acceder a una vivienda pública.

Por su parte, el Ministerio de Transportes está trabajando en mejorar las estaciones de Atocha y Chamartín. En la primera, el Gobierno central ha anunciado la inversión de 22 millones de euros para “incrementar la capacidad y reorganizar las vías de la estación de Cercanías”. Para la segunda, están trabajando en una remodelación completa del intercambiador y de las vías de alta velocidad, de red convencional y de Cercanías. Estiman que la inversión en este proyecto puede superar los 540 millones de euros. 

Plan de Cercanías

El funcionamiento del Cercanías ha sido otra de las banderas azuzadas por Ayuso en contra del Gobierno central. Emulando a su presidenta, el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, aseguró que el ministro del ramo, Óscar Puente, “ha llegado a su mayor grado de incompetencia”. “Es un torpe en su gestión y creo que en el caso de Cercanías, los madrileños hemos de ver cómo ese servicio ferroviario no funciona”, añadió. 

Como en otras autonomías, los trenes de Cercanías se han convertido en un dolor de cabeza para los usuarios que dependen de ellos diariamente para desplazarse en la región. Tal y como desveló elDiario.es, en los últimos cinco años, entre 2019 y 2023, no se ha registrado ni un solo día sin incidencias en esta red. El problema ha empeorado en los últimos años. En 2012 hubo unos 14.000 trenes que o bien registraron algún retraso o bien nunca salieron a circular. En cambio, en 2023, la cifra subió a 46.000 vagones con demoras o directamente suprimidos.

Con el objetivo de intentar paliar este problema, el Gobierno central anunció a mediados de 2024 que había ejecutado 850 millones dentro del Plan de Cercanías de Madrid. Entre las actuaciones destacadas, incluyen la construcción de la nueva estación Parla Norte, la renovación de la vía en el tramo comprendido entre Fuencarral y Tres Cantos y la ampliación de la red a Soto del Real.